Por redacción de Sin Comillas
La organización Empresarios por Puerto Rico (EPR) reclamó al Gobierno una política que frene la competencia desleal y las tendencias monopolísticas de las grandes cadenas de tiendas.
Miembros de la organización, que comparecieron ante la Comisión de Asuntos del Consumidor y prácticas Antimonopolísticas de la Cámara de Representantes, señalaron al Gobierno como principal colaborador en la proliferación de los llamados “Big Boxes”, al concederles millones en exenciones contributivas, beneficios y permisos expeditos, a cambio de un resultado negativo para las arcas públicas y la economía local.
Uno de los ejemplos más recientes fue los cerca de $20 millones en exenciones que la pasada administración del Municipio de San Juan concedió a Walmart en la Plaza 18 de Santurce y a Sam’s Club en la Avenida Kennedy.
“Aunque parezca contradictorio, la realidad es que Walmart ha contado con el gobierno como su principal colaborador”, expresó el presidente de Empresarios por Puerto Rico, Edwin Colón. “¿Cuánto dinero han concedido el gobierno central y los gobiernos municipales en aportaciones y exenciones a los diversos conceptos de Walmart en Puerto Rico? Esa es una pregunta a la que esta Comisión debe procurar respuesta”, añadió Colón.
El mismo reclamo hizo el portavoz de las farmacias de la comunidad y vicepresidente de EPR, Elliot Pacheco, quien afirmó que durante años los gobiernos de turno se han hecho de la vista larga ante la proliferación de Walgreens. Esta mal llamada “farmacia” tiene registradas en el Departamento de Estado de Puerto Rico tres corporaciones, las cuales reportaron ventas totales para el año 2014 de $1,215,676,205 y una pérdida de $21,337,668. “Nos preguntamos cómo es posible que con una pérdida tan grande continúen haciendo negocios en Puerto Rico. Esto es un asunto que esta honorable Asamblea Legislativa debe investigar”, cuestionó Pacheco.
“Un espectador silente, y diría que cómplice, de toda esta expansión ha sido el Departamento de Justicia. Ningún Secretario de Justicia jamás ha asignado los recursos necesarios para que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) cuente con el personal especializado para investigar la saturación del mercado”, manifestó Pacheco, quien solicitó fortalecer con recursos e independencia dicha entidad.
Entretanto, Colón presentó evidencia sobre las múltiples convicciones de la cadena Walmart por causa de sus prácticas abusivas, ilegales y discriminatorias en contra de sus empleados. Ya en el año 2004, la empresa tuvo que pagar $640 millones por incumplimiento en el pago de horas extra a sus empleados. Ese mismo año, su filial en México comenzaba un esquema de sobornos por $24 millones, para lograr su rápido establecimiento en ese país.
“Ha sido la “voracidad” y la intención y acción de Walmart de acaparar el mercado lo que ha afectado adversamente el ambiente competitivo, los empleos y el desarrollo de Puerto Rico. Si el Gobierno no detiene esta práctica con acciones firmes y rápidas, estará siendo cómplice de la creación de nuevas formas de monopolio que dominarán varios sectores de la economía, en ventas al detal y al por mayor, con las graves consecuencias que conlleva”, señaló Colón.
