Por Luisa García Pelatti
El Gobierno se prepara para aprobar un presupuesto de $9,800 millones que contiene una partida de $1,538 millones para el pago del servicio de la deuda. En los últimos cinco años no se habían dedicado tantos recursos al pago de una deuda que supera los $72,000 millones y que desde el 2012 es mayor que el Producto Nacional Bruto. La deuda pública total se eleva a $115,700 millones si se incluye la deuda del plan de pensiones de los empleados del gobierno. Eso significa que la deuda sería de $116,000 si la distribuimos entre cada puertorriqueño con empleo.
Pero los esfuerzos para aprobar un presupuesto que haga frente a todos los compromisos de pago ante la imposibilidad de refinanciar la deuda tras el cierre de los mercados de capital, no resuelven los riesgos de corto plazo: la alta probabilidad de un incumplimiento de pagos antes del 30 de septiembre ante la falta de liquidez.
El servicio de la deuda en el presupuesto consolidado asciende a $4,820 millones. Es la mitad del presupuesto de educación y la mitad de lo que tiene asignado el programa de salud del Gobierno.
“El nivel del servicio de la deuda está empezando a tener un impacto negativo en la cantidad de dinero que se puede repartir para otros servicios medulares”, explicó Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), quien ayer ofreció un seminario dirigido a periodistas sobre la situación económica y fiscal del Gobierno.
El problema a corto plazo es que el Gobierno no dispone de fondos para hacer frente a los gastos de operación para los próximos tres meses. La fluctuación de los recaudos del Departamento de Hacienda, que reciben la mayor parte de sus ingresos en los meses de abril y junio, crea una dependencia de los TRANs: notas en anticipación de contribuciones e ingresos (Tax and Revenue Anticipation Notes). El Gobierno pide prestado usando como colateral los recaudos de impuestos que recibirá a lo largo del año para poder ir pagando gastos. Eso ayuda a estabilizar el flujo de fondos.
Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ya ha revelado que contempla opciones para emitir TRANs, que podría dividirse en dos emisiones, una con la banca privada y otra con corporaciones públicas.
Pero el verdadero problema está en la escasa liquidez del BGF. Ayer el banco anunció que los fondos disponibles habían caído a $778 millones. Hace un año superaban los $3,000 millones. Además, el BGF debe mantener una reserva de $500 millones, que el proyecto de la Cámara de Representantes 1350 busca reducir esta reserva a $300 millones.
El Gobierno había confiado en que la propuesta de un Impuesto de Valor Añadido (IVA) de 16% ayudaría a incrementar los ingresos. La opción ahora es que el aumento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 7% a 11.5% permita que los ingresos adicionales lleguen a Hacienda y no a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), una modificación que también está contenida en el P. de la C. 1350. Pero aunque la medida sea aprobada en la Legislatura, Marxuach advierte que si las casas acreditadoras no le dan el visto bueno a ese cambio, el Gobierno tardaría en ver ese dinero, que entraría directamente a Cofina.
También se ha cerrado la opción de obtener un financiamiento para darle liquidez al BGF. La Autoridad de Carreteras le debe más de $2,000 millones al BGF, una deuda que se esperaba saldar con una emisión de bonos respaldada por el aumento en el arbitrio al petróleo legislado a principios de año. La tardanza en aprobar ese incremento y las difíciles condiciones que los mercados de capital imponen al Gobierno hacen que esta opción esté prácticamente descartada. La presidenta del BGF ha dicho que está considerando otras opciones de financiamiento con esos ingresos, pero no ha dado detalles.
Sin esta emisión u otra alternativa, el BGF ya ha advertido que se quedará sin dinero durante el primer trimestre del año fiscal que empieza el 1 de julio. Sin acceso a los mercados de capital, sin una moneda propia ni herramientas de política monetaria y sin acceso a las instituciones financieras internacionales (como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial), el Gobierno se verá en la difícil situación de tener que elegir entre pagar la deuda y pagar las pensiones. Pagar la deuda o pagar los sueldos de los maestros.
Según explica Marxuach, la constitución establece que la prioridad es el pago de los intereses y la amortización de la deuda y segundo las “obligaciones ineludibles para proteger el crédito, la reputación y el bueno nombre” del Gobierno. Tercero la preservación de la salud pública, la protección de las personas y la propiedad, gastos en programas de educación y bienestar social. “Si queda algo se usará para construir obras permanentes” y para el pago de contratos y compromisos.
El BGF ha comentado que implementará medidas de emergencia, que podría incluir: (1) la moratoria en el pago de la deuda; (2) un ajuste en el pago del servicio de la deuda; (3) el pago de la deuda con impuestos u otros recaudos asignados por ley a corporaciones públicas; y (3) la reducción de las asignaciones legislativas (Marxuach señala que esta última medida podría ser inconstitucional).
La medida número cuatro significaría que los fondos de Cofina podrían utilizarse para pagar el servicio de la deuda, opina Marxauch, que destaca que existen otros riesgos a corto plazo; cómo hacer frente a los gastos de salud, los problemas de solvencia en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de los Puertos; los Sistemas de Pensiones. “Ya nadie habla de los Sistemas de Pensiones”, dice Marxauch, “la ley exigió aportaciones adicionales que no se han podido hacer”.
El CNE presenta las siguientes recomendaciones:
- Un plan de ajuste fiscal a 5 años en el que el Gobierno ya está trabajando y que es parte del informe que preparan los expertos en el Fondo Monetario Internacional (FMI). El plan incluirá más impuestos, menos gastos y ajustes en la deuda.
- Establecer un marco de acción para solucionar el problema de la deuda
- Recapitalizar el BGF y convertirlo en un verdadero banco de desarrollo económico
- Reestructurar las corporaciones públicas
- Establecer medidas para controlar los gastos
- Evitar que la deuda crezca por encima del crecimiento económico
“La parte difícil será ver cómo hacer crecer la economía. Se están haciendo cosas ahora, pero se puede hacer mucho más para tener un estrategia en sectores puntuales que generen crecimiento”, opina Marxauch.
“No podemos seguir posponiendo los problemas de las corporaciones públicas. Estoy convencido que la AEE no va a poder funcionar si no reestructura la deuda”, añade.
Se espera cerrar el presupuesto del año fiscal 2015 con un deficit de $190 millones, que podría ser más alto al cierre del año fiscal, el 30 de junio, si los recaudos siguen estando por debajo de los estimados y si no se dan los resultados esperados en la amnistía.
Sobre el presupuesto, Marxuach cree que se han reducido bastante los gastos, aunque queda “algo de grasa”, dice que es “anecdótico”. Sin embargo, plantea algunas interrogantes. Explica que algunos recortes en el presupuesto son en realidad medidas para posponer gastos al próximo año fiscal, como es el caso de la decisión de dejar de hacer las aportaciones al Sistema de Retiro. ¿Cuántos son recortes permanentes y cuáles no?
En el presupuesto hay una partida que incluye $825 millones en préstamos y emisiones de bonos. El BGF debe explicar qué contiene esta partida, ¿a qué tasa de interés se cogería este préstamos y quién serían los prestamistas?
