Por redacción de Sin Comillas
El organismo reguladora de las firma de inversiones, Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), ordenó a UBS el pago de $200,000 a una inversionistas puertorriqueña por las pérdidas ocasionadas por sus inversiones en fondos mutuos cerrados de esa firma, según publica Reuters. Esta es una de las primeras decisiones en los procedimientos de arbitraje que involucran a UBS Puerto Rico.
La inversionista, que Reuters identifica como Yolanda Bauza, habría perdido entre $357,000 y $625,000 cuando presentó la reclamación.
Gregg Rosenberg, oficial de relaciones públicas de UBS Americas, explica que aunque el arbitraje otorgó sólo una parte de los daños reclamados por la demandante, “UBS está decepcionado con la decisión de conceder daños, con la que, respetuosamente, está en desacuerdo”. UBS señala que la decisión en este caso se basa en los hechos y las circunstancias particulares de estos demandantes individuales, y no es indicativo de cuál sería de decisión en otros casos con otros clientes que invirtieron en productos similares.
En declaraciones escritas,Rosenberg manifiesta que “durante más de 20 años los inversores en de UBS Puerto Rico bonos municipales y fondos de capital fijo recibieron excelentes rendimientos que con frecuencia superan los rendimientos disponibles a través de inversiones en otros bonos o fondos de bonos”.
Entre los meses de agosto y septiembre de 2013, varios acontecimientos contribuyeron a que colapsara el mercado de bonos, ocasionando cuantiosas pérdidas a los inversionistas. Los bonos cayeron tanto que se vendía a nivel de chatarra.
En el 2012, el Securities and Exchange Commission (SEC) presentó cargos contra UBS por hacer declaraciones engañosas a los inversores, esconder una crisis de liquidez y enmascarar el control del mercado secundario por parte de sus 23 fondos mutuos cerrados. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2009. UBS Puerto Rico acordó transar los cargos de la SEC mediante el pago de $26.6 millones que se colocaron en un fondo para los inversores perjudicados. La SEC exoneró de los cargos a dos ejecutivos: Miguel A. Ferrer y Carlos J. Ortiz.
