Por redacción de Sin Comillas
El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley el Proyecto de Administración 21-057 (Proyecto de la Cámara 1063) que crea un proceso expedito para que las personas, afectadas por los huracanes de 2017 y terremotos de 2020, que no poseen título de propiedad de su vivienda, puedan obtenerlo a través de la nueva Ley Especial para Acelerar los Procesos para Otorgar Títulos de Propiedad bajo el Programa de Autorización de Títulos del Departamento de la Vivienda.
El proyecto establece un procedimiento rápido a través del Programa de Autorización de Títulos para que las personas puedan iniciar gestiones ante las agencias gubernamentales, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios que estén relacionadas a la recuperación de desastres certificando que son los titulares del bien inmueble afectado. De igual forma, se crea un procedimiento para perfeccionar títulos, de aplicación exclusiva a las personas damnificadas por los huracanes de 2017 y los terremotos de 2020.
Esta ley será de carácter retroactivo para los solicitantes elegibles a recibir asistencia bajo los Programas de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) o Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT, por sus siglas en inglés) relacionados a los desastres naturales. Por lo tanto, el Departamento de la Vivienda (DV), agencia que favoreció el proyecto, deberá revisar todas las solicitudes denegadas por falta de titularidad.
En temas fiscales, y tras la firma de la Resolución Conjunta de la Cámara 380, el Departamento de Hacienda deberá, hasta el 31 de diciembre de 2025, segregar anualmente $250 millones provenientes de superávits fiscales, a los fines de absorber cualquier deficiencia en los recaudos del Estado, resultantes de la transición de marcos tributarios establecidos en la Ley para la Estabilización de las Finanzas de Puerto Rico (Ley 52 de 2022) que redefinió el nuevo marco tributario de las corporaciones foráneas.
Otra medida que fue firmada por Pierluisi es el Proyecto de la Cámara 1182, aprobado de manera unánime, que establece un nuevo mecanismo para computar la acumulación de licencia de vacaciones de los empleados del Gobierno. Por lo tanto, los funcionarios tendrán derecho a disfrutar, en cada año natural, 24 días de vacaciones, de los cuales deberán agotar nueve que no se contabilizarán para efectos de acumulación. Sobre esta pieza legislativa, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) indicó que la misma no conlleva impacto presupuestario.
