Por redacción de Sin Comillas
El Gobierno mantiene en secreto gran parte de la información que permitiría evaluar el impacto de las leyes de incentivos. Tras varios intentos, iniciados en febrero, para obtener los datos, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este miércoles mediante una petición de mandamus al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y al Departamento de Hacienda (DH), que hagan pública información detallada sobre algunos de estos beneficios.
El recurso legal, que incluye a Manuel Cidre Miranda, secretario designado del DDEC, y Francisco Parés Alicea, secretario del DH, pide por ejemplo los informes anuales que deben radicar y rendir los personas residentes bajo la Ley Núm. 22, detalles de las aportaciones a entidades sin fines de lucro que se supone que estos hagan, certificación de las planillas radicadas durante el periodo de otorgación del incentivo y datos sobre la concesión, venta o traspaso de créditos contributivos en general.
La petición del CPI busca fiscalizar la efectividad de estas leyes para corroborar si tienen el efecto deseado de promover y estimular la economía local a través de la promoción de capital extranjero. La organización solicitó además datos sobre otros incentivos, la cual ha sido provista parcialmente por algunas entidades de Gobierno.
El CPI anticipó en sus comunicaciones a las agencias que esperaba que se proveyera la información contenida en los documentos solicitados eliminando aquellos datos que se pueden considerar según las leyes vigentes como confidenciales. Aún así, los representantes de ambas agencias no han entregado la información, solicitada por el periodista Luis J. Valentín Ortiz, según la demanda.
“Se ha pretendido aplicar un manto de confidencialidad a toda la información sobre los incentivos y que nos conformemos con datos generales y consolidados, incluso estimados, sobre el impacto de estas leyes. Pero tal y como plantea la demanda, si parte de la información contenida en los documentos solicitados estuviera protegida por algún privilegio o reclamo de confidencialidad válido, procede que se entregue toda la información no confidencial contenida en los documentos solicitados, y así podrá constatarse si se ha cumplido con la intención para la que fueron creados estos incentivos, y podremos analizar si han valido la pena”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
La demanda establece que la información comercial o financiera contenida en algunos de los documentos solicitados por el CPI no es provista al Gobierno bajo una expectativa de que se mantendrá privada, dado que consta en otros informes públicos de agencias reguladoras. Agencias federales como el Internal Revenue Service y el Securities and Exchange Commission ya publican información sobre personas y entidades reguladas que es similar en su tipo a la contenida en los documentos solicitados en esta petición, como lo son el valor neto (net worth) de las personas o el valor de sus propiedades. El interés público en fiscalizar el cumplimiento de los criterios que hacen a las personas elegibles para la obtención del incentivo, como el número de días que un solicitante bajo el Código de Incentivos permanece en Puerto Rico, y el número de empleos que sus negocios han creado en la Isla prevalece sobre el interés privado en mantener esa información como confidencial, añade el recurso presentado a nombre del CPI por los abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt, así como los estudiantes Diego Colón Laboy y Jeffrey Martínez Aguiar, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
El acceso a la información ha sido reconocido como un derecho humano y constitucional de rango fundamental, y que emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación expresados en la Carta de Derechos de nuestra Constitución, señaló Carla Minet sobre la petición de mandamus presentada en la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia.
