Por Luisa García Pelatti
La vista celebrada el martes en el Congreso de Estados Unidos mostró dos temas en los que hay consensos entre los representantes de Puerto Rico: la necesidad del Capítulo 9 para reestructurar la deuda y la exigencia de un trato justo para la Isla en los programas federales, como Medicare, Medicaid, el Affordable Care Act o el Crédito por Ingreso Devengado. En otro plano estaba Douglas Holtz-Eakin, presidente de American Action Forum, que centró sus declaraciones en la necesidad de lograr que la economía de Puerto Rico crezca y en dejar clara su oposición a que se le permita al gobierno de la Isla utilizar el Capítulo 9.
Orrin Grant Hatch, senador republicano por Utah y presidente del Comité de Finanzas del Congreso de Estados Unidos, que dejó claro desde el principio que ésta no era una vista sobre el Capítulo 9 de la ley federal de quiebras, parecía desconfiar de lo que le contaban dos funcionarios de un mismo gobierno pero partidos diferentes y un representante de un “think tank” que acababa de sacarle los colores al Congreso al calificar de indigno el trato a la Isla.
Pedro Pierluisi, Comisionado Residente en Washington, y Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, estuvieron de acuerdo en casi todo y ese espíritu de cordialidad y consenso solo se vio roto cuando Pierluisi criticó al Gobierno por haber aumentado el presupuesto, lo que obligó a Acosta Febo a reaccionar.
Pierluisi, el primero en hablar, señaló que la crisis se debe a la falta de crecimiento de la economía y responsabilizó al Congreso de parte de esta crisis por el trato discriminatorio hacia los puertorriqueños que viven en la Isla. “Esto no es solo es un porblema de Puerto Rico. Es un problema de Estados Unidos, que requiere una solución por parte de Estados Unidos”, señaló Pierluisi. “Si nos tratan como ciudadanos de segunda clase, no esperen que tengamos una economía de primera clase”. El Comisionado se centró en pedir un trato justo en los fondos de Medicare y Medicaid. Y fue muy elocuente.”No estamos hablando de Costa Rica o República Dominicana. Si los puertorriqueños no pueden cubrir sus necesidades cogen un avión y se vienen en Estados Unidos. Son ciudadanos americanos que se mudan si no los tratan adecuadamente”.
Por su parte, Holtz-Eakin comentó que la economía de Puerto Rico tiene un serio problema de crecimiento, recomendó reducir el salario mínimo (habló de $4.50), de privatizar y de hacer reformas económicas y fiscales. Holtz-Eakin preside American Action Forum, una entidad asociada a American Action Network, un grupo de apoyo a políticas de centro derecha asociado al partido republicano. Holtz-Eakin pidió mayor calidad en la información financiera del Gobierno y que se ofrezcan con transparencia.
Charles Ellis Schumer, senador demócrata por Nueva York, se refirió a la emigración de puertorriqueños a Estados Unidos como una crisis humanitaria. Apoya que se le permita a Puerto Rico utilizar el Capítulo 9 y dijo sentirse decepcionado por la falta de sentido de urgencia en el Congreso para resolver esta crisis.
Robert Menéndez, senador demócrata por New Jersey, mencionó que con frecuencia tiene que recordarle a la gente que Puerto Rico no es un país extranjero. Y dirigiéndose a Hatch le dijo: “si los 3.5 millones de puertorriqueños que viven en Puerto Rico se mudan a Estados Unidos podrían botar y tendrían todos los beneficios. Hay un número significativo de ellos que se están mudando y son ciudadanos de este país, como usted y como yo. Tenemos una responsabilidad de resolver la crisis”. Menéndez opina que no hay razón por la que Puerto Rico no deba tener acceso al Capítulo 9, de hecho tuvo ese derecho hasta 1984. Aceptó que existen “enormes” desigualdades en la distribución de los fondos Medicare y Medicaid y no está de acuerdo con las medidas para bajar el salario mínimo. Además, reconoció el sacrificio de los puertorriqueños que participaron en las guerras, por eso dijo, hay que caer lo correcto, es una cuestión moral”.
Tras la lecturas de las ponencias (se ofrecen más detalle de las de Acosta Febo y Marxuach en artículos separados) y las preguntas de los senadores (que se iban a terminar su intervención), al final, el presidente del Comité de Finanzas decía tener dudas y buscaba con insistencia la opinión de Holtz-Eakin, que tras insistir en la búsqueda del crecimiento económico y la oposición al Capítulo 9 parecía quedarse sin argumentos. Se mostró escéptico sobre la efectividad de una junta de control financiero que considera no va a ser suficientemente independiente.
