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El Gobierno podría tardar cinco años en volver a tener acceso a los mercados y hasta entonces habrá Junta.

Por Luisa García Pelatti

Durante su primera reunión en la Isla, la Junta de Control Fiscal decidió no aprobar el plan fiscal presentado por el Gobierno el 14 de octubre. Tras recibir comentarios de individuos y organizaciones en su página de Internet e invitar a algunos otros a dar su opinión en persona –la mayoría en contra del plan– los miembros de la Junta decidieron que el plan no cumple los requisitos básico de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

El Gobierno deberá presentar el 15 de diciembre el borrador de un nuevo plan fiscal que la Junta deberá certificar antes de 31 de enero. Se da la curiosa situación de que el Gobierno entrante deberá implementar el plan diseñado por la administración saliente.

Durante la reunión se aprobaron los principios clave para la evaluación del Plan Fiscal, entre los que están incluir 10 años de proyecciones del presupuesto, el pago de la deuda y la forma de regresar a los mercados de capital.

Un resumen de los comentarios recibidos por la Junta sobre el plan, presentado durante la reunión, mostró que la mayoría entendió que el Plan no cumple con los requisitos de PROMESA; necesita un enfoque más balanceado entre reformas estructurales, consolidación financiera y reestructuración de la deuda y requiere más reformas estructurales y mejores controles financieros.

El plan fiscal no debe incluir la dependencia de fondos federales “inciertos” y la Junta dejó claro que Puerto Rico no va recibir todo lo que le está pidiendo al Congreso de Estados Unidos. Carrión, que el lunes estuvo en Washington, dijo sentirse optimista de que se van a conseguir algunas de las cosas que se están pidiendo, pero no todas, aclaró.

Ante la preocupación planteada por algunos sectores de que la sesión extraordinaria citada por el Gobernador pueda contener medidas que generen gastos y no cumplan con PROMESA, José Carrión, presidente de la Junta, le preguntó a Víctor Suárez, Secretario de Estado y representante del Gobernador en la Junta, si el Gobierno va a cumplir con la ley. Suárez, visiblemente incómodo a lo largo dela reunión, respondió que sí. “Vamos a tomarle la palabra al secretario”, comentó Carrión.

Aunque no habrá un plan fiscal aprobado hasta el 31 de enero y la moratoria para el pago de las deudas se vence el 15 de febrero, la Junta cree que “aunque no hay muchísimo tiempo” puede ser suficiente para iniciar conversaciones preliminares con los acreedores para reestructurar la deuda.

A pesar de que el gobernador electo, Ricardo Rosselló, ha manifestado si intención de obtener algún financiamiento, los miembros de la Junta aseguraron que no permitirían ningún financiamiento hasta que el plan fiscal esté aprobado.

Los miembros de la Junta advirtieron que se avecinan “decisiones difíciles”. “El gobierno está en una situación grave y se deben tomar medidas que no se han tomado antes por razones políticas. Nuestro pueblo es maduro y sabe que eso se avecina”.

Los datos de liquidez presentado muestran que no hay dinero para pagar todos los gastos. Hay que decir qué se paga y ese es el trabajo del Gobierno. José R. González aclaró que “esta Junta no está para gobernar y fijar las prioridades. No somos un cuerpo electo. Si esto funciona como debe funcionar, el gobierno debe ser el proponente de un plan, que dentro de sus prioridad establezca que sus números cuadren. No podemos aceptar un plan que esté descuadrado. Las decisiones difíciles la tiene que tomar el gobierno. Las prioridades las tiene que determinar el gobierno”.

Esperaban más del plan. “Me hubiese gustado ver un poco más. Lo vi como una oportunidad perdida de ver cómo mejorar el clima de negocios para que la empresa privada pueda crecer”, señaló Carrión.  Ana Matosantos anticipaba que se presentaría un presupuesto bien balanceado.

La prensa cuestionó el costo de la reunión –que se pagó con fondos de los contribuyentes puertorriqueños– celebrada en el hotel El Conquistador en Fajardo, con una ingente cantidad de policías y seguridad privada. Se dice que por cada huésped en el hotel había tres policías. También se pidió transparencia en todos los contratos que firme la Junta. “Estamos bien conscientes que es dinero del pueblo de Puerto Rico y tienen derecho a saber. Todo eso se hará público”, aseguró Carrión.