Justin Peterson

La Junta se queda sin quorum y no puede iniciar negociaciones

Por Luisa García Pelatti

Tras 20 reuniones predecibles, milimétricamente organizadas para no mostrar desavenencias, la del viernes resultó un sorprendente cambio de guion. El nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal, Justin Peterson, nombrado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, dio un portazo digital y abandonó la reunión cuando la Junta se disponía a votar una resolución para comenzar a negociar con los acreedores un nuevo plan de reestructuración de la deuda.

Peterson explicó en Twitter, tras la reunión, que abandonó a la reunión porque un miembro de la Junta (en referencia a Ana Matosantos) alteró “dramáticamente” los términos de la resolución. Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, dijo que se trata de un malentendido. La resolución presentada por Jaresko pedía autorización para comenzar las negociaciones.

Peterson, que en el pasado fue asesor de un grupo de bonistas, dijo que iba votar en contra del plan propuesto porque no es “equitativo, ni consensual y no se había hecho de buena fe”. Opina que le da más dinero a los pensionistas que han seguido recibiendo dinero del Gobierno y le quita dinero a los bonistas que durante mucho tiempo no han recibido pagos. “Esto no es personal, es negocios”, dijo Peterson, y aseguró que el plan de reestructuración propuesto “no va a ningún lado” y será objeto de litigios. Advirtió que tiene “herramientas para frenar” a la Junta.

Después de que Peterson calificara el plan de reestructuración propuesto como “injusto” porque trata mejor a los pensionistas que a los bonistas, Matosantos, la única puertorriqueña que queda en la Junta, destacó la situación económica de Puerto Rico, con más de 40% de las familias viviendo por debajo del nivel de pobreza, y la pobre calidad de la educación pública. Conseguir un acuerdo que no puede pagarse no es sostenible, dijo. “Si no hacemos las inversiones necesarias para crear oportunidades no cumplimos con nuestro trabajo”, apuntó Matosantos.

Peterson insistió en oponerse al plan propuesto y dijo que constituía un incumplimiento de contrato. La Junta, que tenía un batallón de asesores conectados a la reunión, lo negó a través de su asesor legal.

Entonces Matosantos “refraseó” la resolución para que se autorizara negociar y –aquí está la clave del conflicto– radicar el plan. Jaime El Koury, el principal asesor legal de la Junta, explicó que la resolución presentada permitiría reanudar las negociaciones con los acreedores y, si no hay acuerdo, permitiría radicar el plan de ajuste enmendado. Peterson reclamó que eso no era lo que habían acordado y cortó la conexión a la reunión.

Con la salida de Peterson no había quorum para votar. La Junta tendrá que volver a reunirse tras las elecciones.

Jaresko explicó que la propuesta se ha discutido con los acreedores y no es una sorpresa. “Esta propuesta es mejor que la anterior”.

El plan de ajuste de la deuda propuesto en febrero se enmendó para incluir los efectos de la pandemia COVID-19 en la economía de Puerto Rico. En marzo, la Junta había solicitado al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que detuviera el proceso de aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda sometido en febrero para que incluyera el efecto económico de la pandemia. La Junta inició la mediación con los acreedores en agosto, pero aún no ha llegado a un acuerdo para reestructurar la deuda.

“El efecto de la pandemia COVID-19 en Puerto Rico es grave, y los términos de las potenciales enmiendas al Plan reflejan una nueva realidad económica que no podíamos haber previsto en febrero, cuando se presentó la versión anterior del Plan”, dijo el presidente de la Junta, David Skeel. “Desde mi punto de vista, un Plan basado en las características descritas hoy es la mejor esperanza para concluir con el proceso de reestructuración y reducir la deuda de Puerto Rico a un nivel sostenible”, añadió.

La propuesta de Plan enmendado presentado en la reunión proporcionaría a los acreedores aproximadamente $6,000 millones en efectivo y aproximadamente $5,000 millones en bonos de obligación general, y un Instrumento de Valoración Contingente (CVI, por sus siglas en inglés) de hasta $ 1,000 millones. El CVI se basa en el ingreso de una porción del impuesto sobre las ventas y uso (IVU), si los recaudos exceden los estimados del Plan Fiscal Certificado en mayo de 2020.

El Plan de febrero no incluía un CVI, que sirve para disipar las preocupaciones de los acreedores con respecto a varios posibles escenarios económicos al alza no incorporados en el Plan Fiscal Certificado.

El Plan enmendado también reconoce la solicitud de la Gobernadora de reconsiderar la reducción de la pensión para los retirados del gobierno, que cuenta con el mayor número de reclamantes y, a la vez, el grupo de reclamantes más vulnerables de Puerto Rico. La propuesta del Plan enmendado se aplicaría a aquellos cuya pensión supere los $1,500 por mes, en comparación con la cifra de $1,200 del Plan anterior. La reducción de la pensión del 8.5% se aplicaría a menos del 30% de los casi 330,000 jubilados del servicio público de Puerto Rico, en comparación con aproximadamente el 40% del Plan anterior.

Se presentaron tres escenarios del Plan. El escenario más pesimista resultaría en un déficit de hasta $1,000 millones anuales. El escenario más optimista dejaría al fisco en rojo por unos $500 millones.

En la reunión, antes de la salida de Peterson, se llegó a aprobar la solicitud del municipio de Carolina para emitir $7 millones de deuda de obligación general y reasignar $4 millones de préstamos no utilizados como parte de los préstamos pendientes de los municipios para construir un centro médico y un edificio de estacionamiento municipal.

Se aprobaron varias solicitudes de redistribución del presupuesto y se revisó la política de revisión de contratos de la Junta. La Junta revisa los contratos gubernamentales con un valor de $10 millones para asegurarse de que no sean inconsistentes con el plan fiscal aprobado. La oficina de revisión de contratos recibe actualmente alrededor de 400 contratos por año. La política de revisión de contratos se actualizó para extender el período de revisión de siete días a un máximo de 12 días y para establecer plazos firmes para que el gobierno proporcione la documentación requerida, para tener en cuenta el número creciente de contratos recibidos y la complejidad de los contratos revisados.

En la reunión también se discutió el efecto potencial en la Ley 154 (el impuesto del 4% a las corporaciones foráneas) de una reciente propuesta del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos referente a los cambios en el trato de los ingresos intangibles de origen extranjero. Los asesores de la Junta recomiendan acelerar los trabajos para comenzar un proceso de transición que sustituya los recaudos de la Ley 154 por otro impuesto.