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Aurelius se reafirma en la inconstitucionalidad de la Junta de Control Fiscal

Thu, Jan 4, 2018

Junta de Control Fiscal

Por Luisa García Pelatti

El fondo de cobertura Aurelius Capital Management reafirmó el martes sus afirmaciones de que la Junta de Control Fiscal creada por la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) fue designada inconstitucionalmente, argumentando que no hay excepción en la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos para “oficiales territoriales”.

En agosto del año pasado, Aurelius había argumentado, por primera vez, ante el tribunal que la creación de la Junta de Control Fiscal viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos porque los nombramientos de los miembros de la Junta no han sido confirmados por el Senado. Además, seis de los siete miembros fueron seleccionados por el Congreso, violando el principio de separación de poderes.

Por su parte, a principios de diciembre, el Procurador General de Estados Unidos radicó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos un memorial en defensa de la constitucionalidad de la Ley PROMESA y de la Junta en oposición al reto legal de Aurelius Capital.

En un documento (158024096095-rep-0201033253) presentado el 2 de enero,

Aurelius Capital Management tiene $470.9 millones en Obligaciones Generales y $2.5 millones en bonos de la Autoridad de Carreteras. El fondo de inversión, que es conocido por haber estado presente en otras crisis como la de Argentina, Detroit o Grecia, se dedica a comprar deuda en problemas a precios bajos para luego, a través de litigios (el de Argentina duró 15 años), lograr la devolución del valor nominal total de la deuda junto con los intereses, penalidades y honorarios legales.

La reacción de Aurelius sorprende pues los acreedores fueron los principales defensores del nombramiento de la Junta de Control Fiscal pensando que defendería el pago de la deuda. Sin embargo, la Junta ha perdido el apoyo de los acreedores después de que en el Plan Fiscal se identificara que hay disponible un promedio anual de $787 millones para el pago del servicio de la deuda en los próximos 10 años, una cantidad que los acreedores consideran insuficiente.

En el mes de mayo, la Junta de Control Fiscal radicó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el Título III para la deuda de las Obligaciones Generales, COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), El Sistema de Retiro y la Autoridad de Carreteras.

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