Por Luisa García Pelatti
En varios informes sometidos el lunes ante el tribunal que ve el caso de Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), un grupo de acreedores señalan que no aceptan la posición de la Junta de Control Fiscal al defender el carácter irrevocable del plan fiscal, que no puede ser modificado por el tribunal. Este informe es la respuesta de los acreedores a un informe de situación sometido al tribunal por la Junta de Control Fiscal el pasado 15 de junio.
Los acreedores cuestionan la validez del plan fiscal porque el gobierno no ha hecho esfuerzos para definir qué son servicios esenciales. Además, señalan que la información provista por el gobierno muestra que la situación fiscal de la Isla es “mucho mejor” que la que refleja el Plan Fiscal.
Según los acreedores, la Junta, que se ha negado a revisar el plan fiscal, malinterpreta la Ley PROMESA al decir que el Plan Fiscal no puede ser modificado por el tribunal. La Junta de Control Fiscal determinó en el Plan Fiscal la cantidad que hay disponible para el pago del servicio de la deuda (un promedio anual de $787 millones en los próximos 10 años) y esa cantidad no está sujeta a revisión, por lo que a los acreedores la única alternativa que les queda es negociar entre ellos para dividir ese dinero. Los acreedores dicen que esa cantidad es muy baja, y para empeorar la situación, denuncian que el gobierno “ha estado participando en una guerra loca” para pagar a algunos acreedores.
El informe sostiene que los acreedores no pueden ni siquiera obtener análisis, supuestos y proyecciones que son la base del Plan Fiscal certificado, un proceso blindado contra la transparencia. Y que le corresponde al tribunal confirmar los análisis. Los acreedores consideran que las proyecciones económicas contenidas en el Plan Fiscal son “excesivamente pesimistas”.
“La insistencia de la Junta de que puede dictar a los acreedores, en lugar de negociar con ellos, condena cualquier posibilidad de una resolución consensual de los casos del Título III. A menos que la Junta abandone este curso destructivo, el resulta sería litigios prolongados y costosos que no serán de beneficio para Puerto Rico ni de ninguna de las partes involucradas”, señala el informe.
Uno de los informes fue presentado por: El Ad Hoc Group de Obligaciones Generales (que tiene $3,000 millones en deuda); Ambac Assurance Corporation ($1,300 millones); Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp. ($5,400 millones); The Mutual Fund Group (consiste de fondos manejados por OppenheimerFunds, Inc. y Franklin Advisers, Inc., y First Puerto Rico Family of Funds, con $3,400 millones); National Public Finance Guarantee Corporation (asegura $690 millones de deuda de GO’s, $1,100 millones de COFINA y $706 millones de bonos de ACT); y The Puerto Rico Funds ($617 millones de COFINA y $717 millones de Retiro).
Otro de los informe pertenece a la Coalición de tenedores de bonos senior de COFINA.
