Por Luisa García Pelatti

Los acreedores han inundado a la Junta de Control Fiscal con peticiones de información que han aprovechado para radicar varios casos en los tribunales. Es por eso que a partir de ahora la Junta se reserva el derecho de limitar la información disponible. En un informe de situación sometido al tribunal que ve el caso de reestructuración judicial de la deuda del Gobierno, la Junta señala que el problema no es la divulgación de información. A los acreedores no les gustaría la información que reciben, dice la Junta, y en vez de negociar para dividirse el dinero disponible para el servicios de la deuda bajo el Plan Fiscal, los acreedores ha dicho que quieren que la Junta certifique un Plan Fiscal diferente, que contenga un pago mayor de la deuda.

Tal y como habían solicitado la jueza Laura Taylor Swain, asignada por el Tribunal Federal para atender los asuntos de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III, en la vista celebrada el 17 de mayo, la Junta de Control Fiscal sometió el jueves un informe de situación (M158123378078-rep-1506063737) sobre las negociaciones entre la Junta y los acreedores y la entrega de información a los acreedores.

El informe detalla lo que la Junta de Control Fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) han hecho para poner a disposición de los acreedores la información relacionada con el Plan Fiscal, que incluye la creación de salas virtuales de datos (“dataroom”) accesible para los acreedores y sus abogados desde el 5 de abril; la disponibilidad de información a través del portal de la Junta y de otras agencias del gobierno; y la información ofrecida en varias reuniones durante el mes de abril.

El 13 de junio envió respuestas preliminares a solicitudes adicionales de información. También han mantenido reuniones con los acreedores para aclarar el alcance de  solicitud cuando han considerado que éstas eran onerosas, demasiado amplias o irrelevantes para la resolución del caso.

La Junta de Control Fiscal explica a la jueza que, ante la extensa información ya entregada y la admisión implícita de los acreedores de que tienen suficiente información, se reserva el derecho de limitar la información disponible y podría poner objeciones a las peticiones ya presentadas.

La Junta defiende que la Ley PROMESA no contempla la modificación del Plan Fiscal por parte del tribunal y protege a los miembros de la Junta de presiones por parte del gobierno y de los acreedores.