En el 2012 el crecimiento de la economía será muy escaso, menos del 1%, según el consenso de los expertos. Y eso que el año que viene el país ya estará inmerso en la campaña electoral y veremos el efecto en la economía de la totalidad de los fondos de la Ley federal de Recuperación Económica (ARRA). ¿Y después de eso qué?, se pregunta el economista Argeo Quiñones, quien dice que no vislumbra una recuperación económica sostenible. Como él, pocos economistas se atreven a hacer predicciones más allá del 2012.
Quiñones, profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, participó en el programa “Es la economía, estúpido” de Bonita Radio en donde analizó la situación de la economía de Puerto Rico y la crisis financiera global.
Para Quiñones, la Ley 7 –que supuso el despido de alrededor de 13,000 empleados del gobierno y el recorte de gastos– convirtió la recesión económica en una depresión.
“La Ley 7 es la piedra angular del Plan Fortuño”, y cuando se diseñó Puerto Rico ya estaba en su tercer año de recesión. Otros componentes del plan son las Alianzas Público-Privadas (APP), la agilización de los permisos –“principalmente los de construcción”–, la reforma energética, la reforma laboral y la reforma contributiva.
“La idea principal era que, a la misma vez que se llevaba a cabo un ajuste estructural en las finanzas, se tenía que lanzar a la economía por la senda del crecimiento. Era como producir una caída profunda en forma de V, con un rebote. Nadie pensó que iba a ser una U bien abierta o una L, con indicios de recuperación para luego abortase”.
Sobre la reforma contributiva, el economista dice que “no está bien encaminada”. Toda reforma contributiva tiene que ser neutral en términos de ingresos, es decir que siga recaudando lo mismo o más. Y esta reforma, advierte, podría ser un Caballo de Troya. Si hay una merma en los recaudos se verían afectadas las agencias del gobierno y la Universidad de Puerto Rico. Hasta el mes de marzo, asegura Quiñones, los recaudos estaban $107 millones por debajo de los del año pasado.
Lo único que podría mejorar a corto plazo la situación financiera del Gobierno son las APP. La subasta de la carretera PR-22 se anunciará este verano. Este tramo, que deja $85 millones anuales en peaje, permitiría al Gobierno recibir $1,000 millones por la concesión de la autopista a un consorcio en un contrato a 50 años.
En general, la recuperación de la economía puertorriqueña está unida a numerosos riesgos geopolíticos. Depende de la recuperación de la economía mundial, de la de Estados Unidos, del precio del petróleo. “Si en el peor de los casos el gobierno de Estados Unidos redujera sustancialmente el gasto, no importa lo que hagan los otros países”, apunta Quiñones. “Si Estados Unidos entra en ‘default’ el riesgo país y el costo de la deuda se va a volar”. El mercado, dice el economista, está empezando a incorporar esa posibilidad.
En cuanto al mercado de empleo. Señala que tocó fondo en septiembre, para luego mostrar una leve recuperación hasta marzo y un estancamiento en abril.
No confía en la tasa de desempleo, que dice está subestimada y debería ser mucho más alta. “La tasa de desempleo está totalmente desproporcionada con respecto a la duración y profundidad de la crisis”. Los desalentados ya no se cuentan en el grupo trabajador y habría que analizar el efecto en las cifras más recientes de empleo de la emigración de puertorriqueños, una válvula de escape.
Sólo trabaja el 35% de los que pueden hacerlo. “Es un cuadro desastroso para una economía como la nuestra”. “Nos estamos perdiendo en la pequeñez del estaus”
Opina que la crisis financiera ha puesto en tela de juicio el modelo económico neoliberal, el futuro de la social democracia y los avances sociales que se han conseguido a lo largo de los años y que no deben dejarse “al vaivén del mercado”.
La crisis financiera obligó a los gobiernos a invertir ingentes cantidades de dinero en el rescate y ahora eso desemboca en problemas fiscales que se van a resolver pidiendo a la población que pague el rescate.
Quiñones habló también de que la política salarial en la Isla es muy vieja –de la época del programa “Manos a la Obra”– y que insiste en mantener bajos los costos absolutos de hacer negocios. “No podemos pretender desarrolla un país matando de hambre a su fuerza laboral. Hay que empezar a pensar en competitividad, en productividad y en mayor calidad”.
Sobre la universidad y cómo responde a las ocupaciones de mayor demanda, el economista señala que “la universidad está para transformar el país no para aceptar lo que dice el mercado laboral de una economía en crisis, mal administrada, que lleva 40 años pidiendo un nuevo enfoque”. Explica que no se puede convertir a la universidad en un colegio politécnico, porque se corre el riesgo de que la universidad sea parte de la decadencia que sufre el país.