Deepak Lamba-Nieves (Foto suministrada)

Opinión

Por Deepak Lamba-Nieves, Director de Investigación del Centro para una Nueva Economía. @deepakln

Han pasado más de tres años desde que los huracanes Irma y María nos azotaron sin piedad, y todavía la reconstrucción posdesastre parece una promesa lejana y sin cumplir. Para ser justo, vale la pena aclarar que este proceso es complejo y altamente burocrático y en el que intervienen numerosas entidades gubernamentales y actores, y sobran los reglamentos y directrices que se deben cumplir. También hay que hacer la salvedad de que, en nuestro caso, el Congreso se encargó de imponer algunas condiciones, encima de las que normalmente existen, para, al parecer, asegurarse de que los ciudadanos tropicales actuasen con prudencia y disciplina. Por otro lado, los desastres y el fatídico 2020 nos han agarrado en un momento muy delicado para nuestra administración pública. Luego de años de “medicinas amargas” y políticas de austeridad que buscan “hacer más con menos”, las agencias y departamentos en cuyos hombros recae gran parte de la responsabilidad de la reconstrucción operan con poco personal y recursos. Ahora, a la carrera y contrarreloj, intentan montar equipos que puedan manejar y asegurarse que los miles de millones de dólares que están disponibles para sanar algunas heridas se utilizan de la mejor manera.

Según algunos informes recientes del Departamento de la Vivienda y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), ya se han puesto en marcha decenas de programas relacionados con la reconstrucción. De los fondos CDBG-DR que administra Vivienda, ya se han identificado casi $7 mil millones para programas que están en marcha e incluyen ayudas para planificación, viviendas, infraestructura y desarrollo económico. Por otro lado, el COR3 informa en su portal de transparencia que se han comprometido sobre $19 mil millones en fondos de FEMA para sobre 6,000 proyectos de asistencia pública, de los cuales la mayoría son obras pequeñas. Si bien estos números dan la impresión de que algo está pasando, la realidad es que ha habido mucho más movimiento de papeles que martillazos, pues ni una cuarta parte de los fondos de FEMA se ha desembolsado, y solo $473 millones han ido hacia obras permanentes. En el caso de Vivienda, el panorama es aún más preocupante, porque todavía hay miles de hogares con toldos azules y, hasta octubre de 2020, solo se habían completado 146 reconstrucciones o reparaciones de hogares bajo el programa de reparación, reconstrucción y relocalización de hogares (R3).

Con el 2021 a la vuelta de la esquina, quedan varios asuntos por atender, más allá de acelerar el paso de la reconstrucción. Primero, la coordinación. Aunque hay dos entidades locales diseñando programas y dirigiendo el uso y manejo de la mayoría de los fondos locales y federales para la reconstrucción, no nos queda claro si sus gestiones y movidas programáticas están armonizadas. Segundo, la contratación local. Se habla de miles de millones de dólares (billions, en inglés) disponibles para “levantar a Puerto Rico”, pero nos preocupa que los contratos más cuantiosos, hasta el momento, se le han otorgado a grandes corporaciones estadounidenses en vez de a contratistas locales. Tercero, la supervisión. Si bien el gobierno federal ha impuesto un sinnúmero de reglas y requisitos para el uso de los fondos, necesitamos un mecanismo local de supervisión eficaz que facilite: mejores prácticas de transparencia, una nueva estructura de gobernanza, mayor participación ciudadana y mecanismos centralizados de información y comunicación. Y, finalmente, la planificación. Se han presupuestado millones largos para la elaboración de numerosos planes para la reconstrucción, pero muy pocos se han comenzado a preparar. ¿No se supone que la planificación sirva como mapa de ruta para la ejecución de proyectos? Está por verse cómo se llevarán a cabo estos procesos de planificación y cómo se compaginarán las necesidades locales con los proyectos que ya se han aprobado y los que están en el tintero. En fin, queda largo trecho por recorrer y mucho que atender para asegurarnos que nuestra reconstrucción desemboque en lo que Puerto Rico verdaderamente necesita: una recuperación justa.