Sin haber sido confirmado al puesto, y con una nutrida lista de imputaciones de corrupción, el nominado Secretario de Salud ya ha contratado en la agencia a un grupo cercano de médicos que lo han estado defendiendo públicamente.
Por Jeniffer Wiscovitch y Amanda Pérez Pintado | Centro de Periodismo Investigativo
Antes de ser confirmado, el nominado secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, quien enfrenta imputaciones de corrupción que incluyen malos manejos de fondos privados y públicos, nepotismo, y participar en un esquema de presunta falsificación de firma, colocó en el Departamento de Salud, con contratos que expiran con el cuatrienio, a un grupo de médicos que han formado parte de su grupo de apoyo para lograr ser confirmado.
Los médicos, que compartieron responsabilidades con Ramos Otero durante su presidencia en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), no tendrán compensación económica. Pero tendrán acceso a reuniones y comités en representación del Secretario de Salud, podrán hacer evaluaciones y recomendaciones en la agencia y para la planificación, coordinación y evaluación de proyectos administrativos, programáticos y de política pública, entre otras tareas descritas en los contratos registrados en la Oficina del Contralor (OCPR).
El exsecretario de Salud, Enrique Vázquez Quintana, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que los servicios que prestan estos contratistas son similares a las funciones de un subsecretario. Los contratos de servicios con funciones similares a las de un puesto no están permitidas en la administración gubernamental, según la Ley Núm. 237-2004.
Los doctores Hiram Luigi Sánchez, Luis Flores Torres, Roberto Pérez Nieves y Javier Cuevas Marrero, quienes se dedican respectivamente a la ortopedia, ginecología, cirugía plástica y la pediatría, dedicarán hasta 79.5 horas gratuitas al mes para “asistir” a Ramos Otero en su gestión como Secretario de Salud, según los acuerdos firmados por el Departamento de Salud entre enero y marzo.
En el proceso de su confirmación, casi todos estos médicos y contratistas han acudido a su defensa pública ante las imputaciones del presidente del CMCPR, Carlos Díaz, de actuaciones corruptas de Ramos Otero. Sólo Cuevas Marrero, presidente del Grupo Hospitalista Pediátrico, para el cual trabajaba Ramos Otero, no ha hecho expresiones públicas hasta la fecha. Cuevas Marrero fue subsecretario y secretario durante la incumbencia de Ramos Otero en el CMCPR. Ramos Otero aún labora en el Hospital San Jorge turnos nocturnos con una dispensa, mientras que Cuevas Marrero tiene la clínica de medicina regenerativa Wellness Architects y es director de hospitalistas en el Hospital San Jorge.
El CPI solicitó entrevista al nominado secretario Ramos Otero para que diera explicaciones sobre las contrataciones y este respondió por mensaje que trataría de ofrecerla. Su directora de comunicaciones, Giselle Negrón, dijo que tramitaría la petición, pero que la misma tendría que ser aprobada por el contratista de administraciones PNP y comunicador, Ramón Alejandro Pabón García. Negrón estableció que toda petición tiene que ser tramitada a través de Pabón, y éste no ha aprobado ni una petición de entrevista del CPI desde enero. Ramos Otero dijo en su texto que ha tratado de darle una entrevista al CPI desde entonces.
Cuevas Marrero dijo que, por virtud del contrato con Salud, evalúa cómo se distribuye el dinero del Fondo Catastrófico de la agencia. “Uno evalúa los casos y, si son meritorios, pues, se le dan los fondos. Pero eso tiene una persona que es responsable de eso. Es como una administradora, que los médicos que estamos dando el servicio lo único que hacemos es revisar que la información sea correcta”, dijo Cuevas Marrero vía telefónica.
El pediatra Cuevas Marrero argumentó que no existe conflicto de interés en su contratación porque no recibirá ninguna compensación. “Por eso es que el doctor Ramos lo pudo firmar, porque son contratos para un grupo de personas que considera que lo puedan ayudar en su gestión como Secretario de Salud”, añadió Cuevas Ramos, quien rechazó confirmar si es jefe de Ramos Otero en el Hospital San Jorge.
En tanto, Flores Torres, Luigi Sánchez y Pérez Nieves participaron el pasado 16 de marzo de una conferencia de prensa para defender a Ramos Otero. Allí también participaron Javier Rivera, ex comisionado de Seguros, el doctor Rafael Paz, presidente del Distrito de Arecibo del Colegio, y la licenciada Linda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad. Rivera fue designado a la Junta de Gobierno de la Administración de Servicios de Salud (ASES), en calidad de representante de la industria de seguros.
Flores Torres dijo, en una llamada con el CPI, que por virtud de su contrato con Salud, se reúne ocasionalmente con el designado Secretario y que no ve un conflicto entre su rol como contratista y como miembro de la Junta del CMCPR. “Al contrario, sería en beneficio del Colegio que alguien tenga esa disposición de estar cercano a Salud”, dijo.
El ginecólogo añadió que no ha asistido a reuniones en representación de Ramos Otero, pero ha acompañado al designado Secretario en algunos encuentros. “Nos hemos reunido con varios colegas obstetras ginecólogos para ver cómo podemos mejorar el sistema de la sala de parto, por ejemplo”, abundó Flores Torres, quien subrayó que ha sido contratista ad honorem de Salud anteriormente.
El CPI se comunicó con Pérez Nieves, pero, al decirle el motivo de la llamada, el médico dijo que llamaría de vuelta. El CPI llamó a la oficina de Luigi Sánchez, pero nadie contestó.
Como es la práctica en la contratación gubernamental, los cuatro contratistas reconocen en el acuerdo firmado “un deber de lealtad completa hacia la agencia” y que no tendrán intereses “adversos a dicho organismo gubernamental”.
Los Principios Generales sobre la Contratación Gubernamental, establecidos en la Orden Ejecutiva 2020-082, establecen que: “Ninguna persona podrá contratar con las agencias ejecutivas si existe algún conflicto de intereses. Toda persona deberá certificar que no representa intereses particulares en casos o asuntos que impliquen conflicto de intereses, o de política pública, entre la agencia ejecutiva y los intereses particulares que represente”.
El CPI no encontró recomendaciones específicas sobre contratos ad honorem en la Orden Ejecutiva, la Ley 237-2004 sobre contratación uniforme en las entidades de Gobierno y la Guía de Contratación Gubernamental publicada por la OCPR, que establecen las normas y recomendaciones principales sobre la contratación en el Gobierno de Puerto Rico.
El CPI no recibió respuesta de la contralora Yesmín Valdivieso, pero en múltiples informes de auditoría la OCPR señala como un hallazgo el que se obtenga por contratos servicios con funciones similares a las de un puesto.
El director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, delegó su respuesta en la directora auxiliar del área de Asesoramiento Jurídico y Litigación de la dependencia, Massiel Hernández Tolentino, quien no ve ningún conflicto de interés ante la posibilidad de que estos contratistas obtengan información privilegiada que pueda ayudar a sus intereses personales o del gremio.
“Para nosotros un conflicto de interés es que la persona a quien él contrate haya sido [su] socio, que hayan tenido una sociedad, una corporación profesional”, dijo la abogada de la OEG.
Por ser contratistas, aunque no están sujetos a la Ley de Ética Gubernamental, deben apegarse a las disposiciones del Código Anticorrupción que incluye el Código de Ética del Contratista que establece que “ninguna persona intervendrá en asuntos que puedan desembocar en un conflicto de intereses o que tengan apariencia de serlo”. Indica además que ninguna persona podrá contratar con las agencias ejecutivas si existe algún conflicto de intereses.
Ese código establece, además, que ninguna persona utilizará la información confidencial, adquirida en el curso o como consecuencia de alguna gestión que le haya sido encomendada mediante contrato, para fines ajenos a la encomienda contratada, ni para obtener, directa o indirectamente, ventaja o beneficio económico para él, para un miembro de su unidad familiar o para cualquier otra persona, negocio o entidad.
La Ley de Ética Gubernamental le exige al designado Secretario de Salud evitar los conflictos de interés o la apariencia de ellos.
Vázquez Quintana, catalogó de “insensato” que Ramos Otero haya otorgado estos contratos ad honorem. “Él no está confirmado para estar haciendo esos enredos”.
Ramos Otero donó $6,100 al comité político de la Gobernadora Jenniffer González entre 2023 y 2024, según datos de la Oficina del Contralor Electoral. Desde 2014, el designado Secretario de Salud ha donado $26,750 a candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Ramos Otero, quien fue funcionario de colegio a cargo del Voto Hospital para la Gobernadora, ha dicho públicamente que tiene una amistad con ella desde hace más de 20 años[1] 20. Además, el licenciado Francisco Domenech, secretario de la Gobernación, fue abogado y cabildero del CMCPR a través de una de sus corporaciones.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, convocó una Comisión Total para el jueves, 27 de marzo, donde interrogarán a Ramos Otero. Ante los señalamientos en su contra, el senador popular Josian Santiago indicó que su delegación solicitó el background check del nominado, pero aún no se lo han entregado. El plazo para la entrega vence este martes.
Contratistas de a peso
Con estos contratos ad honorem, Ramos Otero retoma una práctica similar que usó el ex secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado, quien, poco después de su confirmación en 2017 y hasta junio de 2019, también dio contratos a dos de los mismos doctores: Luigi Sánchez y Flores Torres, por el pago nominal de $1 al año. Esos contratos, sin embargo, no le daban la autoridad a los contratistas de representar al Secretario en reuniones y eventos oficiales ni a participar de la programación de política pública, facultades que les concede Ramos Otero a los cuatro médicos que contrató en medio de las polémicas por su desempeño como presidente del CMCPR.
El primer contrato que se le otorgó a ambos galenos fue para “asesorar y coordinar en aspectos relacionados con los servicios médicos” en la Región Mayagüez/Aguadilla en la que ambos tienen sus oficinas médicas. Según el contrato, la coordinadora de la región era Teresa Soto González.
En el 2019 los contratos se les otorgaron a Luigi Sánchez y a Flores Torres para “Asesorar al/la Coordinador/a Regional a Nivel Isla”. En el contrato no se especificó quién ocupaba ese puesto ni las funciones específicas que ejercía. El documento establecía que el trabajo de ambos galenos tenía que ser certificado directamente por el secretario Rodríguez Mercado o la subsecretaria, Concepción Quiñones de Longo.
Amigos en las buenas y en las malas
El cirujano plástico Pérez Nieves fue tesorero del Colegio de Médicos cuando Ramos Otero era el presidente, término en que Díaz alega que hubo mal manejo de fondos federales y presunto fraude con las aportaciones de los miembros del gremio a CMC Care LLC, un fallido seguro de salud que quería establecer el hoy secretario nominado. Aspiró, sin éxito, a la presidencia de esa institución en 2022 con Ramos Otero en su plancha como candidato a Vicepresidente.
Pérez Nieves ha sido donante de varios líderes del PNP, entre ellos la gobernadora Jenniffer González, a quien le aportó $3,000 en la campaña de primaria frente a Pedro Pierluisi, y otros $3,100 en la campaña a la gobernación. El médico fue designado por González como miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
El cirujano radicado en Ponce también donó a las candidaturas novoprogresistas de Pablo Colón Santiago a la alcaldía de Ponce y a la de la alcaldesa, Rosachely Rivera Santana, para revalidar en Gurabo.
El doctor Flores Torres, quien reside en Cabo Rojo, compartirá, como parte del contrato que le otorgó el designado Secretario de Salud, su agenda profesional como ginecólogo obstetra con su presidencia del CMCPR en el Distrito de Mayagüez, sus encomiendas en la Junta de Directores y las otras labores que le asigne la agencia.
El vicepresidente del CMCPR en el Distrito de Aguadilla, Luigi Sánchez, quien también forma parte de ese grupo de médicos miembros que asistirá a Otero Ramos en “aspectos técnicos y especializados”, perteneció como presidente del Colegio en el Distrito de Aguadilla al grupo de la presidencia de Ramos Otero.
En ese distrito, apoyó con donativos económicos la candidatura de la ahora senadora penepé Karen Román Rodríguez, del aspirante novoprogresista Marcos Fabián González Barreto, quien fue director regional de Salud en la región de Arecibo; del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; de la Gobernadora; y del alcalde popular de Aguadilla, Julio Roldán.
El designado Secretario de Salud también contrató en enero ad honorem a su jefe en el Hospital San Jorge, Cuevas Marrero. Según el registro de donantes de la Oficina del Contralor Electoral, todos sus donativos han sido a políticos del Partido Nuevo Progresista. En las primarias, donó tanto al exgobernador Pierluisi como a la gobernadora González, a quien siguió donando en su campaña a la gobernación. También aportó a la campaña para la reelección del alcalde de Camuy, Gabriel Hernández.
Según Díaz, presidente del CMCPR, éstos “no tienen el derecho de opinar ni defender al nominado”, como lo hicieron en conferencia de prensa, porque han sido beneficiados con contratos, refiriéndose a los galenos Flores Torres y Pérez Nieves.
“Su standing para poder opinar o poder tener credibilidad en lo que han dicho es cero”, aseguró.
Díaz llevó a cabo una conferencia de prensa el pasado 19 de marzo, para mostrar evidencia de las irregularidades de Ramos Otero en relación con el plan médico del CMCPR que nunca se materializó. Indicó que el designado secretario de Salud involucró al Colegio en un préstamo ilegal con un supuesto “usurero” o prestamista que cobra altos intereses a espaldas de la Junta de Directores de la institución. Al prestamista le pagaron $4 mil mensuales en intereses. Entre enero del 2018 a agosto de 2021, se le pagaron 41 cheques con la suma total de $128 mil. Díaz dijo que los pagos se mantuvieron en $4 mil para evitar pasar por la Junta, ya que pagos de más de $5 mil necesitan aprobación del organismo.
En julio de 2022, cuando era presidente saliente, la Junta de Gobierno del CMCPR expulsó sumariamente a Ramos Otero tras descubrir que presuntamente le había ocultado el préstamo usurero al ente rector, dijo Díaz en la conferencia de prensa. La Junta de Gobierno, además, presentó una querella ante el Consejo de Ética del gremio.
En medio de la querella ética, Ramos Otero renunció a mediados de marzo a la membresía del Colegio. Según Díaz, la renuncia anula cualquier evaluación que realizaría el Consejo de Ética. “Él sabía lo que venía”, dijo el presidente del gremio.
Múltiples señalamientos de irregularidades
Además de la controversia relacionada con el fallido plan médico, Ramos Otero enfrentó imputaciones en 2021 de haber utilizado sin autorización la firma digital del exsecretario del CMCPR, Luis Landestoy Zapata, según documentos publicados por la página web Nueva Isla, que el CPI validó con Díaz.
El CPI intentó comunicarse con Landestoy Zapata, pero no obtuvo respuesta.
Un informe del Senado Médico del Colegio recomendó que el Consejo de Ética encomendara “una investigación detallada” sobre el asunto y subrayó que la falsificación de firmas podría constituir un delito bajo el Código Penal de Puerto Rico. La investigación revela, además, que Landestoy Zapata fue relevado de sus funciones y sustituido por Cuevas Marrero, una movida que pudo haber violentado el reglamento del Colegio.
Díaz no contestó la pregunta del CPI de cómo terminó la situación y si se hizo o no la investigación detallada. Dijo al CPI que recordaba que había un documento adicional, y que lo buscaría y enviaría, pero al cierre de esta edición no lo había hecho, ni respondió mensajes de seguimiento.
Ramos Otero también ha sido señalado por el mal manejo de fondos durante la pandemia de COVID-19. Para aquel entonces, el Colegio recibió contratos subvencionados con fondos federales para un programa de detección y pruebas de COVID-19, además de un contrato para ofrecer servicios de telemedicina.
Una auditoría por la empresa Sharon & González LLC encontró, entre otros señalamientos, que se realizaron gastos sin justificación y que Ramos Otero – quien en aquel momento, además de ser presidente del Colegio, fungía como director médico de los programas de COVID-19 – utilizó “su cargo oficial como presidente del Colegio para beneficio personal”. Según la auditoría, el Colegio le otorgó a Ramos Otero dos contratos como director médico de los programas que ascendían a $18,000 y $70,000 para finales de 2021.
En 2024, a la luz de los hallazgos de la auditoría, un gran jurado federal le requirió al CMCPR mediante una citación (subpoena, en inglés) que entregara copias de los contratos de Ramos Otero como presidente de la institución y director del programa de vacunación de COVID-19.
Díaz mencionó en la conferencia de prensa que el Colegio tuvo que separar $698,000 que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) podría exigir de vuelta por el presunto mal manejo de los fondos federales relacionados con los programas de COVID-19.
