Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal informó que hay que más de $30 millones en gastos propuestos por el Gobierno no son parte del Presupuesto Certificado para el presente año fiscal y, por lo tanto, son inválidos bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico de 2016 (PROMESA).
Para ser válidas, las 24 Resoluciones Conjuntas sometidas a la Junta asignando unos $30 millones tienen que seguir el proceso de aprobación del presupuesto. Las Resoluciones Conjuntas no están exentas del proceso de certificación del presupuesto, independientemente de que hayan recibido aprobación legislativa, explica la Junta.
“Todo gasto gubernamental, sin excepción, tiene que ser parte del proceso del presupuesto establecido en PROMESA”, dijo la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko. “Esa disciplina es indispensable para la responsabilidad fiscal de Puerto Rico y para asegurar que las prioridades del propio gobierno, así como los servicios que son importantes para el pueblo de Puerto Rico, puedan ser sufragados adecuadamente”. “
Los contribuyentes puertorriqueños merecen tener total visibilidad sobre el gasto gubernamental”, dijo Jaresko, quien señaló que algunas de las asignaciones datan de las décadas de 1980s y 1990s, lo que hace difícil verificar que haya el ingreso disponible para sufragar estos gastos. Las mejores prácticas presupuestarias requieren que se armonicen los ingresos con los gastos dentro del mismo año fiscal.
La Junta alertó al gobierno de que estaba en incumplimiento al respecto de estas asignaciones mediante carta fechada el 28 de febrero de 2019 y le requirió notificación al respecto de cualquier desembolso de fondos. Al día de hoy el gobierno no ha provisto la información requerida. Si la información no se recibe para el 15 de mayo de 2019, la Junta procederá a ejercer su autoridad bajo PROMESA.
La Junta comentó que sigue dispuesta a trabajar con el gobierno para identificar áreas de las cuales se pueda hacer una reasignación de fondos presupuestados para el año fiscal 2019 si fondos no-presupuestados hubieren sido gastados ya como resultado de estas Resoluciones Conjuntas.
A fin de aumentar la transparencia en el proceso de selección de proyectos capitales, la Junta también recomendó que la Asamblea Legislativa establezca un proceso competitivo y público mediante el cual los municipios sometan proyectos capitales que busquen acceder al Fondo de Mejoramiento Municipal. La Junta le solicitó al Gobierno una respuesta a estas recomendaciones dentro de 90 días.
Además, con respecto a prácticas presupuestarias y controles, la Junta determinó que los gastos de la Oficina de Administración de Recursos Humanos y Transformación del Gobierno alcanzaron $2,500,671 al cabo del tercer trimestre. Eso es $148,671 por encima de la cantidad agregada en el presupuesto certificado para todo el año fiscal. La Junta le pidió al gobierno que explique dicha inconsistencia no más tarde del 15 de mayo de 2019.
