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En medio de la ausencia de información, destacar que por primera vez el gobierno habla de una contracción económica de 4.2%.

Por Luisa García Pelatti

La primera vista de presupuesto es la más importante porque participa el equipo económico y fiscal del gobierno, y, precisamente por eso, la vista suele ser clave para conocer asuntos como la liquidez del Gobierno, detalles de las proyecciones económicas, pormenores de los recaudos o aclaraciones sobre la deuda. Pero nada de eso ocurrió en las vistas de ayer, que se caracterizó por la falta de información. Para empezar, que recuerde, es la primera vez que no asiste un representante de la Junta de Planificación (JP). Y eso es importante porque la JP es la agencia que realiza las proyecciones económicas.

Además, la vista se caracterizó por el tono bronco entre los legisladores de mayoría y minoría, estos empeñados en más detalles del presupuesto y aquellos insistiendo en que “la información técnica no es necesaria”. Los dos partidos protagonizaron más de un rifirrafe.

Los más destacable es que por primera vez, el gobierno acepta de que en el año fiscal 2018 se producirá una caída de 4.2% en la economía, la mayor caída en 50 años. Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), indicó que las proyecciones económicas “se actualizaron” de -2.8% a -4.2%. La admisión es muy relevante porque, hasta ahora, el gobierno ha tratado de “esconder” el verdadero alcance de las medidas de austeridad en la economía.

En abril, la JP había proyectado una caída de 1.5% en la economía para el año fiscal 2018. El Plan Fiscal no incluía un estimado explícito de crecimiento real del Producto Nacional Bruto (PNB). En su lugar, presentaba la tasa de crecimiento nominal del PNB proyectada y un estimado de inflación basado en el Indice de Precios al Consumidor (IPC).

La Junta de Control Fiscal revisó esas proyecciones antes de que el Gobernador diera el mensaje de presupuesto la semana pasada, pero no se han hecho públicas. En el capítulo de la Junta de Planificación del Presupuesto sólo se dice que “el impacto proyectado de las medidas fiscales y estructurales afectaran el crecimiento esperado durante el período de 2017 a 2026 (estimándose una caída promedio para el periodo de -1.3 puntos porcentuales).

La vista de ayer debería haber servido para conocer en detalles esas proyecciones y los supuestos detrás de ellas.

“Nos sorprende lo raquítica de la ponencia de las agencias del gobierno. No hablaron de las proyecciones económicas”, comentó el representante del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, que junto a varios legisladores de su partido, denunciaron la falta de transparencia. “Una de las preguntas que quedó sin contestar es cuáles son las proyecciones económicas que utilizaron para el presupuesto. Eso va a tener un efecto en los recaudos”, indicó Ortiz.

El senador José Nadal Power, catalogó al presupuesto de poco transparente y sostuvo que no ofrece ninguna seguridad sobre proyecciones de recaudo y sobre dinero para nómina del gobierno. “Durante las vistas de hoy, con una ausencia preocupante de Senadores del PNP, el equipo del Gobernador tampoco pudo proveer algún informe o documento para conocer de dónde surgen las proyecciones de decrecimiento económico.  Se evidenció que la Junta de Planificación no ha jugado ningún rol en la confección de las proyecciones de ingresos al erario, quedando todo en manos de economistas contratados por la Junta de Supervisión Fiscal, pero sin ningún documento que evidencia cómo se llegó a los estimados”.

Las vistas públicas que comenzaron ayer analizan un presupuesto recomendado para el Fondo General de $9,562 millones de ingresos netos, que se compone de $9,172 millones provenientes de rentas netas y $390 millones provenientes de la venta de activos o fondos disponibles de los sistemas de retiro del gobierno central, judicatura y maestros. El producto de la venta y los fondos disponibles se utilizará para subvencionar la modalidad del pago de pensiones.

El presupuesto incluye $924 millones de ingresos nuevos, que incluyen $519 millones de la extensión de la Ley 154; $150 millones por el aumento en la captación del IVU (por cierto, llevamos varios meses solicitando a Hacienda, sin éxito, el Indice de Captación del IVU) y el cobro del impuesto a las compras de Internet; y $255 millones del aumento del arbitrio al tabaco, las multas de tránsito y otros. Los legisladores de la oposición pidieron detalles de las medidas detrás de estos recaudos.

La Junta de Control Fiscal le ha dado a la Legislatura hasta el 19 de junio para aprobar el presupuesto, aunque la senadora Migdalia Padilla Alvelo comentó que  las fechas “no están escritas en piedra”.