Por Luisa García Pelatti
Todo parece indicar que esta semana el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentará legislación para permitir que el Gobierno de Puerto Rico pueda reestructurar una parte de la deuda pública que asciende a $72,000 millones. La medida también incluirá la creación de una junta de control fiscal.
Los detalles de esta medida serán, sin duda, el foco de los medios de comunicación. Conocer esos detalles acabará con las especulaciones de las últimas semanas y permitirá analizar el efecto de la medida.
Pero que se presente la medida no garantiza que se vaya a probar. El Congreso de Estados Unidos dispone de escaso tiempo y menos consenso para que una medida controversial como ésta logre aprobarse antes de que se venza el próximo pago del servicio de la deuda, el 1 de mayo. El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) debe hacer frente al pago de los $422 millones. Si no se aprueba una medida que declare una moratoria inmediata sería “el primer gran default” (la palabra en inglés es más impactante que hablar del primer gran incumplimiento de pagos) del Gobierno. Recordemos que ya se han producido dos incumplimientos en el pago de la deuda, uno en agosto del 2015 y otro en enero de este año, pero ha sido por cantidades menores.
El BGF podría darle un poco más de tiempo al Congreso de Estados Unidos si lograra pagar esos $422 millones sacando dinero de debajo de las piedras, o lo que es lo mismo, vendiendo activos. Ya lo hizo el 30 de noviembre de 2015, que podía haber sido el día del “gran default”, pero se evitó activando la cláusula de “clawback”. El Gobierno podría haber estado vendiendo activos. Según publicamos en diciembre, podría haber negociado la venta de $100 millones de una cartera de préstamos de la Administración del Financiamiento de la Vivienda.
Si aparecen los $400 millones, el Congreso de Estados Unidos tendría más tiempo, porque la legislación podría aprobarse en la Cámara, pero la votación en el Senado sería más complicada sin el apoyo de los demócratas. Y es ahí, en esa negociación que los republicanos mantendrán con los demócratas en el Senado, que debería actuar el cabildeo conjunto de todos los sectores de Puerto Rico buscando un mismo resultado: que la reestructuración de la deuda y la junta de control fiscal venga acompañada de herramientas que impulsen el crecimiento económico.
¿Lograrán los políticos y el sector privado llevar un mensaje único y unido al Congreso de Estados Unidos? Mucho tendrían que cambiar las cosas para evitar llegar al peor de los escenarios: que el Congreso no apruebe la medida o que lo que se apruebe sólo permita reestructurar la deuda a cambio de más austeridad.
