Por redacción de Sin Comillas
El plan propuesto por los republicanos en el Congreso de Estados Unidos ya ha generado las primeras reacciones. El gobernador Alejandro García Padilla defendió la necesidad de herramientas para reestructurar la deuda, pero advirtió que una junta de supervisión “no puede usurpar la democracia”. Otros líderes políticos se oponen a una junta que limite el proceso democrático en la Isla, aunque hay matices.
Según el resumen de la propuesta republicana dado a conocer el jueves, se propone una junta de control fiscal cuyos miembros serían nombrados por el presidente de los Estados Unidos, pero operaría como una entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico. La junta no estaría sujeta al control del Gobernador o la Asamblea Legislativa. La propuesta no contiene ninguno de los elementos fundamentales que han recomendado algunos expertos locales y externos para ayudar a Puerto Rico a salir de la crisis y reestructurar su deuda.
“Una junta no electa por el pueblo, con la capacidad, por ejemplo, de imponer taxes o despedir empleados, no es aceptable para mí y no puede serlo para ningún puertorriqueño. Cualquier medida legislativa tiene que ser evaluada en sus méritos para garantizar que Puerto Rico pueda reestructurar su deuda sin matar la democracia puertorriqueña, ni convertirla en una baja de guerra”, señaló el Gobernador.
En términos similares se expresó David Bernier, presidente del PPD y candidato a gobernador. “Un mecanismo de colaboración o asistencia al pueblo de Puerto Rico para reestructurar su deuda que liquide en la práctica las instituciones de gobierno propio del país es inaceptable. Rechazo además las pretensiones del liderato republicano al proponer el sacrifico extremo de nuestra gente como alternativa para resolver el problema de la deuda”. Bernier indicó que el lunes presentará una propuesta.
Por su parte, el senador Ángel Rosa, aspirante a Comisionado Residente por el Partido Popular Democrático (PPD), rechazó enérgicamente el borrador. “El plan propuesto por los republicanos en el Congreso es una afrenta a la democracia. Ningún ciudadano que se respete, puede aceptar tal acción. Es un intento descarado de usurpar los derechos democráticos de nuestra gente para entregar a Puerto Rico a quienes financian las campañas congresionales”.
Rosa dice que la propuesta no contiene ninguna acción que promueva el crecimiento económico y que permita un marco legal estructurado para resolver la crisis de la deuda. “La mayoría republicana del Congreso está comportándose en esto como el Perro del Hortelano – no resuelven, ni dejan resolver. Este plan es el resultado de tener un comisionado residente que utiliza su puesto como trampolín para aspirar a la gobernación y no defiende los intereses de los puertorriqueños en Washington”, añadió Rosa.
Rosa favorece una propuesta presentada por Bernier. “David y yo entendemos que la solución para remediar la crisis de la deuda está en sentarnos a la mesa con los acreedores y negociar una moratoria de los pagos del principal de la deuda por cinco años, pagando sólo los intereses. Eso nos permitiría inyectar unos $2.5 billones a la economía en actividades estratégicas que promuevan el crecimiento económico. Personalmente he conversado con varios grupos de acreedores y ellos están dispuestos a negociar. Lo ideal en esta alternativa sería lograr un acuerdo que transcienda líneas partidistas y permita la unidad del liderato local para el desarrollo del país”.
Rosa aclara que favorece una junta de supervisión fiscal para el monitoreo de gastos gubernamentales, pero se opone a una junta de control que quite derechos a los puertorriqueños. Estableció que “la propuesta republicana es una junta de control agrandada que llevaría a Puerto Rico al siglo 19, cuando Puerto Rico era controlado desde Washington sin ninguna participación de los puertorriqueños”.
Por su parte, el Comisionado Residente Pedro Pierluisi dijo desconocer detalles específicos del proyecto de ley, pero quiso dejar tres puntos claros.
“Primero, el borrador del proyecto de ley representa un esfuerzo serio para atender un problema serio. El proyecto contiene los dos elementos que son esenciales para que pueda obtener apoyo bipartidista y convertirse en ley: un mecanismo judicial ordenado y justo para hacer valer acuerdos de reestructuración de deuda entre entidades emisoras de bonos en Puerto Rico y sus acreedores, y una junta de supervisión temporera e independiente que ayudará a instituir disciplina fiscal, aumentar la eficiencia y la transparencia gubernamental, llevar a cabo un rol importante en el proceso de reestructuración de deuda, y permitir que Puerto Rico recupere el acceso a los mercados de crédito bajo términos razonables. Todos estos son elementos esenciales para recuperar la credibilidad de Puerto Rico, mejorar la calidad de vida en nuestra isla y detener la emigración masiva de nuestros residentes a los estados”.
En segundo lugar, señala que el borrador es aún un documento de trabajo en desarrollo. “Se está llevando a cabo un proceso de cambios técnicos y sustanciales al proyecto, el cual continuará hasta la semana del 11 de abril, fecha en la que se espera se presentará formalmente la ley propuesta”. Finalmente, Pierluisi favorecer algunas disposiciones del borrador del proyecto, pero hay otras que le preocupan.
“Soy uno de los pocos líderes en Puerto Rico que he estado articulando los beneficios potenciales para Puerto Rico que podría tener una junta de supervisión temporera e independiente. Estoy convencido de que la gran mayoría de nuestro pueblo entiende esos beneficios potenciales, aún cuando lamentan profundamente que Puerto Rico–como resultado del trato desigual que recibimos a nivel federal y el mal manejo de las finanzas públicas a nivel local–haya tenido que llegar al punto de que una junta como ésta sea necesaria”.
“Al mismo tiempo, he sido consistente en expresar que para que la junta sea efectiva en lograr sus metas, tiene que tener dientes pero no colmillos. Entiéndase que tiene que poder hacer valer sus recomendaciones pero debe respetar el proceso democrático de Puerto Rico. En el borrador hay varias disposiciones que se sacaron directamente de la ley del 1995 que creó una junta para Washington, DC, y yo no creo que esas disposiciones son necesarias o apropiadas para el caso de Puerto Rico. Le he expresado mis objeciones específicas al Congresista Bishop, presidente de la Comisión, quien siempre ha demostrado gran disponibilidad para trabajar conmigo y otros de forma bipartidista, por lo que espero que esas disposiciones puedan ser modificadas apropiadamente”.
