Por Redacción de Sin Comillas
Reducir el programa del Crédito por Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, como propone la Junta de Control Fiscal, desincentivaría el trabajo en la economía formal, bajaría la tasa de participación laboral y reduciría el crecimiento económico, según un análisis de la organización Espacios Abiertos (EA). Los recortes, de unos $400 millones, afectarían de forma desproporcionada a poblaciones más vulnerables, como de pensionados, jóvenes y familias sin dependientes. Entre los municipios más afectados estarían: San Juan, Bayamón, Ponce, Carolina, Caguas, Arecibo, Toa Baja, Mayagüez, Toa Alta y Guaynabo.
En su último plan fiscal certificado, la Junta planteó que el gobierno debería considerar ajustar los criterios de elegibilidad para reducir el costo del programa del EITC en Puerto Rico, que alcanzó los $1,303 millones para el año contributivo 2023. El estudio de EA analiza, utilizando datos del Departamento de Hacienda, los efectos negativos que tendría la aprobación una medida de este tipo.
La propuesta de la Junta de recortar $400 millones al EITC dejaría el presupuesto del programa con $900 millones. Y si el año que viene se concretan sus proyecciones y el programa llegase a los $1,400 millones, entonces el recorte dejaría un programa de aproximadamente $1,000 millones.
El estudio concluye que el efecto directo de dicho recorte será el aumento de la actividad económica informal y la reducción de la tasa de participación laboral, que desde el inicio del programa en 2018 aumentó en 3.9 puntos porcentuales.
“En un contexto económico en que Puerto Rico tiene su economía en clara desaceleración y donde sectores económicos tan importantes como la construcción tienen dificultades para encontrar empleados, un recorte al crédito por trabajo desincentivará el trabajo en la economía formal afectando a nuestro crecimiento económico”, indicó Daniel Santamaría Ots, codirector ejecutivo de EA.
“Si a un ambiente de desaceleración en la entrada de fondos federales se le añade austeridad de fondos locales en programas como el EITC, no solamente volveremos a ver decrecer nuestra tasa de participación laboral, sino que además la clase empresarial local se podría ver obligada a absorber gran parte del recorte en EITC si quiere mantener el actual incentivo a trabajar en la economía formal y si quiere continuar evitando que parte de su fuerza laboral regrese a la informalidad”, opinó el economista.
El crédito por trabajo o EITC (Earned Income Tax Credit) se aprobó para favorecer directamente a familias de ingresos bajos y moderados. Los datos confirman que este crédito reduce la pobreza, incentiva el trabajo y aumenta la fuerza laboral formal, afirma EA.
El programa del EITC concedió un crédito promedio de $1,873 a 695,689 familias en el año contributivo 2023. El crédito permitió que más de 64,000 familias mejoraran su seguridad económica al cruzar el umbral de pobreza federal gracias al estímulo al trabajo.
Entre los beneficiados están: 86,735 hogares de pensionados que recibieron en promedio $1,208; 127,399 jóvenes de 19 a 26 años que cobraron en promedio $1,503, y 494,458 hogares de familias sin dependientes que recibieron $1,145 en promedio, según datos oficiales de Hacienda a los que pudo acceder EA.
La Ley Núm. 22 de 2012 (ahora Ley Núm. 60 de 2019 o Código de Incentivos de Puerto Rico) tiene un gasto tributario de $683 millones proyectado para el año fiscal 2026. Recientemente se sometió para consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para aumentar de 0% a 4% la tributación de ingresos pasivos de los contribuyentes de la Ley 22.
“Un último informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluye que, si la propuesta de ley se adoptara, Puerto Rico podría aumentar los recaudos del Fondo General entre $27.8 y $60.6 millones en el año fiscal 2027. Además, el informe de la OPAL prevé que la extensión de los decretos vigentes de la Ley 22 a partir de 2037 generaría un aumento de $271 millones por año. Dicho aumento en los recaudos superaría en más de la mitad el potencial recorte de hasta $400 millones al actual crédito por trabajo.”, apuntó Santamaría Ots.
“Una reforma contributiva responsable debe preguntarse no solo cuánto cuesta cerrar el déficit, sino quién lo va a pagar. No podemos justificar un recorte de hasta $400 millones al crédito por trabajo mientras hemos dejado en la mesa $271 millones por cobrar a los beneficiarios de la Ley 22”, apuntó Santamaría Ots.
Espacios Abiertos hace las siguientes recomendaciones:
- Transparencia fiscal: reanudar la publicación del informe de gastos tributarios que Hacienda dejó de publicar desde el año pasado.
- Plataforma pública de simulación fiscal: instar a publicación en formato de datos abiertos de herramienta de microsimulación de datos de Hacienda financiada por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) en 2022 y que al momento no es pública.
- Reforma contributiva justa: la Asamblea Legislativa debe diseñar propuestas tributarias que compensen políticas fiscalmente regresivas como un recorte de hasta $400 millones en el EITC.
“Toda propuesta de reforma contributiva en Puerto Rico debe equilibrar el crecimiento económico, la protección social y la responsabilidad fiscal. No podemos seguir cargando a nuestra clase trabajadora y a las pymes mientras se blindan beneficios fiscales para grandes multinacionales y rentas altas. La equidad fiscal no es opcional: es condición ineludible para la sostenibilidad económica del país”, comentó Santamaría Ots.
Con el fin de ilustrar los impactos que tendría una reducción de los fondos de EITC, Espacios Abiertos actualizó una herramienta digital y proveerá datos por municipio. Igualmente incluirá un panel de datos interactivo con información actualizada referente a los impactos y aportes a la economía del EITC.
La herramienta permite conocer cuáles serán los 10 municipios más afectados por los recortes en el crédito: San Juan (hasta $31.9 millones), Bayamón (hasta $20.0 millones), Ponce (hasta $17.6 millones), Carolina (hasta $16.3 millones), Caguas (hasta $13.6 millones), Arecibo (hasta $10.1 millones), Toa Baja (hasta $8.4 millones), Mayagüez (hasta $8.3 millones), Toa Alta (hasta $7.0 millones) y Guaynabo (hasta $6.9 millones).
