Por Luisa García Pelatti
El Gobierno presentó un Plan de Ajuste Fiscal a cinco años que recomienda recortar gastos, aumentar los recaudos y pedirle al Congreso de Estados Unidos exima a la Isla de las leyes de cabotaje y un trato más equitativo en los fondos de Medicare y Medicaid. Pero haciendo todo lo que dice el plan sólo se logrará reducir el déficit de aquí al 2020 de $27,800 millones a $14,000 millones; y ése es el argumento que utilizará el Gobierno para negociar cuanto antes con los acreedores la reestructuración de alrededor de $47,000 millones de una deuda total de $71,117 millones al 30 de junio del 2015. El Gobierno y el Banco Gubernamental de Fomento se quedarán sin liquidez antes de diciembre.
La reestructuración de la deuda –o dicho de otra forma, dejar de pagar parte de la deuda– permitirá al Gobierno desviar $1,929 millones e invertirlos en medidas de desarrollo económico y reformas estructurales en los próximos cinco años. El resultado sería una reducción de 1% en el Producto Nacional Bruto (PNB) en el 2020 en el caso del escenario base y en el mejor de los casos un crecimiento de 2% en el escenario más optimista. En el año fiscal 2014, la actividad económica se contrajo 0.9%. La economía ha estado cayendo desde el 2006.
Pero más allá del contenido del plan y de sus resultados en la economía, la cuestión es si el Gobierno logrará alcanzar una negociación favorable con los acreedores cuando quedan 13 meses para las elecciones, y el partido de la oposición (el Partido Nuevo Progresista) se ha negado a participar en las reuniones de Grupo de Trabajo que ha elaborado el Plan de Ajuste Fiscal y se muestra.
Ted Hampton, analista de Moody’s Investor Service, ve poco probable que los acreedores accedan a negociar la deuda, advierte que poner en práctica muchas de las medidas recomendadas planteará retos políticos y alerta sobre una nueva degradación, el último escalón de la clasificación, que corresponde al incumplimiento de pago. Por su parte, Jim Colby, analista en Van Eck Global, dijo en declaraciones a Barrons que anticipa una batalla constitucional ante la decisión de incluir en la reestructuración los bonos de obligaciones generales.
El plan propone la creación de una junta de control financiero, que será una de las primeras decisiones que tendrá que tomar la Legislatura. Se trata de una entidad formada por cinco personas, nombradas por el Gobernador, aunque podría recibir recomendaciones de la Reserva Federal o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Entre las medidas para reducir gastos, el plan propone consolidar escuelas ($666 millones), reducir subsidios a municipios y la Universidad de Puerto Rico ($1,100 millones), controlar el gasto en salud (612 millones) y extender hasta el año 2021 la Ley 66, que congela la contratación de empleados públicos y recorta otros gastos operacionales ($2,537 millones). Para promover la contratación de empleados jóvenes, se propone aplazar durante 10 años los aumentos en el salario mínimo federal para los trabajadores con 25 años o menos. Por el lado de los ingresos recomienda extender durante 5 años más el arbitrio de 4% a las corporaciones foráneas ($2,688 millones), completar la transición del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) al Impuesto al Valor Añadido (IVA) ($6,350 millones) y mejorar la captación ($432 millones).
Las medidas de ingresos se espera que generen $9,469 millones en un plazo de cinco años; mientras que las de control de gastos alcanzan los $4,914 millones.
Como advierten algunos expertos, el mayor riesgo es que el plan no funcione porque se aplique de manera fragmentada e incompleta y no logre persuadir a los bonistas.
