Por Juan Lara*
El plan fiscal presentado al Gobernador hace dos días dramatiza la gravedad de la situación económica y financiera de Puerto Rico: aún con medidas drásticas de aumento de recaudos y reducción de gastos, persiste al cabo de cinco años una brecha de financiamiento de casi 20% del Producto Nacional Bruto (PNB). El mensaje principal es para los bonistas: o acomodan una renegociación en gran escala de la deuda pública de la Isla, o se enfrentan a un impago generalizado. Volteándolo al revés, éste es un mensaje también para los puertorriqueños: aún con la cooperación decidida de los bonistas, nuestro estilo de vida fiscal es insostenible sin ajustes drásticos y reformas estructurales. Esperemos que no caigan ambos mensajes en oídos sordos, porque, aunque parezca increíble, todavía hay personas y grupos en estado de negación con todo lo que concierne a la crisis.
El plan dramatiza también la urgencia de que la economía cambie de rumbo y comience nuevamente a crecer, aunque sea un crecimiento modesto. Para este fin, lo que el plan ofrece es un programa de inversiones a cinco años y un conjunto de reformas dirigidas a facilitar la creación de empleos y la participación en el mercado laboral. También se proponen medidas auxiliares, como la suspensión de las leyes de cabotaje y la revisión de los costos de transporte terrestre. Todo esto puede ayudar a reactivar la economía, pero de seguro hace falta más. En este sentido, vale resaltar una parte aparentemente menor del documento, que es la exhortación al gobierno de Estados Unidos a establecer algún mecanismo de incentivo para promover la inversión de empresas estadounidenses en la Isla. Desde la derogación de la Sección 936, estas iniciativas no han tenido éxito, pero en la emergencia actual es posible que el Congreso esté más receptivo a esta idea que en el pasado. Por supuesto, esto sólo sería una pieza dentro de lo que debe ser una nueva política industrial para Puerto Rico, pero ayudaría a revertir el pesimismo y a estabilizar la parte de la ecuación contributiva sujeta a la Ley 154. Recuérdese que el Informe Krueger no recomienda nada sobre política industrial, y ésta es quizás su omisión más importante.
Llama también la atención que la mayor parte del ajuste fiscal (más del 60%) se da por el lado de los recaudos: la consolidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y la estabilización de la base contributiva corporativa vía la extensión de la Ley 154 por otros cinco años. Los recortes, que son los que más asustan a la ciudadanía, son un poco más de una tercera parte del ajuste, incluyendo reducciones presupuestarias en la Universidad de Puerto Rico (UPR), los municipios, el Departamento de Educación y la Reforma de Salud. En cambio, dos de los temas más controversiales–la reforma laboral y la reforma asistencialista–tienen relativamente poco peso en el programa total, en términos de dólares y centavos.
El monto del ajuste fiscal es aproximadamente equivalente a 4% del Producto Nacional Bruto a precios corrientes. No es poca cosa, y no hay duda de que puede ir en detrimento de la actividad económica. De ahí la importancia de que las medidas dirigidas a sostener la demanda agregada y promover la inversión se implanten rápidamente y con la mayor efectividad posible. En todo programa de este tipo hay un balance entre estabilizar (que es un proceso naturalmente recesionario) y revitalizar (que es el objetivo último del programa). La calidad de la ejecución es tan importante como la idoneidad del conjunto de medidas propuestas. Eso depende de todos, no sólo del equipo técnico del gobierno.
* El autor es catedrático de economía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y economista jefe de Advantage Business Consulting, una firma con contratos en el Gobierno.
