Por redacción de Sin Comillas
Organizaciones de derechos humanos, abogados y académicos rechazan el encausamiento criminal de la maestra Elimar Alicia Chardón Sierra, catalogándolo como un acto de coerción e intimidación dirigido a desalentar el ejercicio del derecho a la protesta, y manifestaron que la conducta que motivó su procesamiento fue un ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión.
Chardón Sierra enfrenta un proceso criminal por el delito de acoso en el comercio interestatal por alegadamente haber realizado tres llamadas telefónicas en las que manifestó su rechazo a la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda de COFINA, así como su desprecio hacia la jueza Laura Taylor Swain.
“La conducta que se le imputa a Elimar está claramente cobijada por el derecho a la libertad de expresión. Dicho derecho existe precisamente para proteger a personas como ella, que no tienen acceso a amplios medios para expresarse y que no se sienten representadas por la clase gobernante. Además, nada exige que sus expresiones tengan que ser respetuosas o amables, y las alegadas llamadas, supuestamente hechas sólo al día siguiente que la Jueza tomó una decisión que pone en riesgo el bienestar de un país, no pueden ser constitutivas de acoso”, señaló Luis José Torres Asencio, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
“Se trata aquí del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, no del cumplimiento con normas de decoro o buenos modales. Ello es particularmente importante en casos como este, en los que las expresiones en controversia no sólo son políticas, sino que fueron alegadamente hechas contra el Estado y una funcionaria gubernamental. En estos casos, el derecho a la protesta exige otorgar la máxima protección posible a la conducta expresiva, pues lo que está en juego es el derecho de una persona a criticar a su gobierno, un elemento fundamental de cualquier sistema que se hace llamar democrático”, añadió el abogado.
Por su parte, William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU, Puerto Rico expresó: “A la Unión Americana de Libertades Civiles le preocupa que la expresión política cobijada por la Primera Enmienda y la Carta de Derechos entre a un segundo plano ante acusaciones hechas contra una persona que se alega ha incurrido en un delito. Tenemos que estar atentos a cualquier esfuerzo de callar el descontento muy justificado del Pueblo de Puerto Rico”.
Otras organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Instituto Caribeño de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico, también manifestaron su preocupación ante la intervención del FBI y medidas tomadas por el Departamento de Educación contra la maestra de música.
“Si la libertad de expresión no protege el derecho a indignarse, entonces no sirve para nada. La absoluta indefensión en que se encuentran las y los puertorriqueñas se agrava cuando el aparato judicial, en lugar de proteger a la población, se dedica a perseguirla. El caso de Elimar refleja precisamente el quiebre de las protecciones mínimas que debe el Estado a las personas más vulnerables”, expresó Annette M. Martínez Orabona, abogada, profesora de derecho y Directora Ejecutiva del Instituto Caribeño de Derechos Humanos.
Por su parte, Liza Gallardo, de Amnistia Internacional añadió: “Como todo derecho humano, el derecho a la libertad de expresión es universal e inalienable. Es, además, indivisible e interdependiente de todos los demás derechos humanos. Por décadas en Puerto Rico hemos visto como defensores (as) de los derechos a la salud, a la educación y al trabajo son agredidos y detenidos sin justa causa. Vemos también cómo el Estado se ensaña con ahínco sobre aquellas personas que levantan la voz para denunciar específicamente el impacto de la deuda en Puerto Rico. Este es el caso de Elimar Chardón, una joven maestra, parte de la generación que vivirá por largos años el impacto del acuerdo de COFINA. El arresto de Elimar que fue inmediatamente difundido por el Departamento de Educación en su cuenta de Twitter, su detención en prisión por seis días y su posterior libertad bajo fianza nos hace pensar en la intención del Estado de utilizar esta joven para intentar amedrentar, inhibir y desalentar la protesta de otras personas en Puerto Rico. Esta práctica se debe detener por lo que exhortamos al Estado a proteger, como corresponde, el derecho a libre expresión”.
“La maestra ejerció el único poder que tenemos todos en esta situación de extremo acorralamiento anti-democrático en que nos encontramos: el poder de la protesta y la denuncia. En casos como este, es aún más crítico proteger la libertad de expresión, que es un derecho fundamental. La obligación del Estado es proteger este derecho de forma muy especial, sobre todo cuando es uno de los pocos que le queda al pueblo de Puerto Rico para ejercer colectivamente, después de haber sido usurpado su derecho a la participación política, a la vivienda, a la educación, a la auto-determinación, entre otros. El arresto de Elimar Chardón Sierra parece más bien otro intento del gobierno federal de intimidar y silenciar la protesta en Puerto Rico mediante la exhibición de otro caso que sirva como ‘escarmiento’ público, especialmente a mujeres jóvenes que luchan”, manifestó, por su parte, Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.
