Por Roberto Orro*
El próximo martes 15 de julio se activará el plan del gobierno de Puerto Rico para controlar y prevenir en los aeropuertos de la Isla la entrada de pasajeros infectados con Covid-19. Es un conjunto de medidas que en el texto luce abarcador y combativo, pero que genera grandes interrogantes sobre su viabilidad.
Sin lugar a dudas, el plan refleja la alta prelación que el gobierno estatal le concede al aeropuerto, el cual se ha convertido en el flanco más débil de Puerto Rico en su lucha por evitar un explosivo zarpazo del virus. No obstante, el agresivo paquete descansa en unas premisas que no parecen muy ajustadas a la realidad, situación que puede derivar en confusión y, lo que es peor, en inacción.
Las medidas que el gobierno pretende implantar transpiran una esencia compulsoria, con cierto matiz aduanero, que varios expertos en temas constitucionales han cuestionado. Por otra parte, se advierte cierta inconsistencia entre los requerimientos a los pasajeros y las acciones que se tomarán en los casos de incumplimiento o “rebeldía”. Los primeros lucen fuertes, pero el algoritmo para hacer cumplir los protocolos del plan no parece muy creíble.
Las interrogantes son muchas. ¿Impedirá la aerolínea que un pasajero que no ha llenado el formulario requerido por el gobierno aborde el avión? ¿Se les va a solicitar a los pasajeros en la puerta de la aeronave que muestren evidencia de la prueba molecular que el gobierno les requerirá? ¿Qué ocurrirá cuando el personal del aeropuerto no pueda manejar un creciente volumen de pasajeros sin resultados de las pruebas? ¿Cómo se va a asegurar que un pasajero sospechoso cumpla con la cuarentena? ¿Dónde la va a cumplir? ¿En casa de sus familiares, a riesgo de que los infecte a todos, como ya ha ocurrido en varios pueblos de la Isla?
El plan gubernamental les asigna a las pruebas moleculares un rol preponderante. Esta prueba es mucho más efectiva para cuantificar el número de personas infectadas, pero no parece ser la mejor opción dentro del esquema de vigilancia y control del aeropuerto. Es costosa y sus resultados demoran varios días en saberse. La prueba molecular puede convertirse en una ficha de tranque en el plan del gobierno. Como bien ha reiterado el Doctor Fernando Cabanillas, es una prueba que produce un mayor porcentaje de falsos negativos que la serológica. Esta última es una opción mucho más rápida y económica. Su principal defecto, un elevado porcentaje de falsos positivos, no es un gran problema cuando lo que se busca es levantar una bandera roja antes de que un pasajero contagiado disemine su carga viral en el territorio de la Isla.
Sin embargo, la principal falla del plan gubernamental reside en que pretende abarcar el universo completo de pasajeros que arriben a Puerto Rico. Es un objetivo equivocado que complica innecesariamente la ejecución del plan. No hay razón para tanto enredo logístico cuando ya hemos acumulado suficiente evidencia de que el problema se concentra en un tipo específico de pasajero: residente en Estados Unidos que viene de visita a la Isla y se aloja en casa de sus familiares. Una persona infectada que se aloja con su familia se convierte literalmente en una bomba de transmisión domiciliaria. Por lo general, el daño no se limita al hogar donde permanecerá el visitante contagiado, sino que se extiende a otros familiares y amigos, todos ansiosos de compartir algunos tragos con el recién llegado.
Definitivamente, el gobierno estatal tiene que adoptar un enfoque más objetivo y realista para atender el problema del aeropuerto. Lo puede lograr si concentra su atención y recursos en los pasajeros con mayor perfil de riesgo. Por ahora, una persona que viene de Miami-Dade, Houston o Los Ángeles es mucho más riesgosa que una procedente de New York.
El formulario de información que se les va a solicitar debe ayudar a identificar los casos más riesgosos. Hay que preguntarle al pasajero si va a permanecer en casa de su familia y, muy importante, si hay personas de mayor edad en esa residencia. A su vez, el personal del aeropuerto debe asegurar que se realicen las debidas pruebas, en caso de que no tengan un resultado a su llegada al aeropuerto. Cuesta trabajo creer que alguien se niegue a colaborar cuando están en juego su salud, la de su familia y la de sus amigos.
El plan tiene que concebirse como un sistema de líneas de defensa que comienza en el aeropuerto y termina en los municipios. Le corresponde al gobierno estatal establecer un efectivo canal de comunicación con los gobiernos municipales. Los alcaldes disponen de las mejores herramientas para monitorear en el terreno los casos sospechosos y ayudar a las familias en problemas. A partir de la información que se recopile de los pasajeros, se les deberá informar a los alcaldes, diariamente, cuántas personas procedentes de Estados Unidos se dirigen a sus municipios.
Hasta el momento, la pandemia no ha dado señales de fatiga en Estados Unidos. Todo lo contrario: crece vertiginosamente el número de casos positivos. Al reabrirse al turismo externo, Puerto Rico encara un gran desafío y le apuesta su futuro inmediato a su capacidad de manejar con seguridad y eficacia los aeropuertos. No podemos darnos el lujo de fracasar en este reto: el sistema de salud de Puerto Rico no resiste una embestida del coronavirus ni la economía local puede paralizarse nuevamente.
- El autor es economista y socio de Grupo Estratega
