José Santiago Tanco. (Foto por Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

Las agencias comprometidas bajo un programa de beneficios para compensar a quienes demandaron al Gobierno por las condiciones carcelarias en Puerto Rico se amparan en el desconocimiento y la falta de fondos para incumplir el acuerdo que cerró el pleito.    

Por Tatiana Díaz Ramos | Centro de Periodismo Investigativo

José Santiago Tanco y Raúl Hernández recibirían servicios de once agencias públicas luego de registrarse con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para obtener una tarjeta que les identifica como participantes del Programa ABCD, un paquete de beneficios o compensación establecido en el acuerdo que concluyó el pleito de clase Morales Feliciano tras 40 años de litigio.

Presentado en 1979 ante el Tribunal federal por violación a las garantías constitucionales de los reclusos, el caso Morales Feliciano condujo al establecimiento del Programa ABCD, la adopción de nuevas políticas y reglamentos en el DCR, y el compromiso de mejoras en las infraestructuras carcelarias. Los beneficios acordados incluyen la exención de matrícula en los cursos de educación continua en la Universidad de Puerto Rico (UPR) así como en los cursos de los institutos post secundarios del Departamento de Educación (DE) y del Departamento de Recreación y Deportes (DRD); materiales de construcción por parte del Departamento de la Vivienda; atención en los Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Contagiosas del Departamento de Salud, descuento para certificaciones y cursos del Negociado del Cuerpo de Bomberos, entre otros.

Desde la firma del compromiso interagencial en 2017 se registraron en el programa 497 participantes, quienes estuvieron ingresados en alguna institución de Corrección y Rehabilitación entre 1980 y el 2000, según informó la agencia al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Pero Hernández sostiene que para él, a “dos años con el supuesto beneficio, no me he podido beneficiar de absolutamente nada. Me habían pintado la cosa como que eso era un éxito”.

Santiago Tanco, en cambio, logró completar un curso sobre coordinación de eventos en la División de Estudios Profesionales y Educación Continua (DECEP) del Recinto de Río Piedras de la UPR. Lleva más de un año intentando que Vivienda le entregue materiales de construcción para levantar su propio hogar “en el campo”, sin suerte.

El Programa clasifica a los participantes según la fecha de ingreso a la cárcel y los años de elegibilidad para recibir beneficios. Para el 45% de los participantes, los beneficios ya expiraron puesto que sólo duraban entre seis meses y un año. Un 37% perderá sus beneficios el próximo año, cuando vencen los cinco años de compensación; y sólo 16% tiene 10 años de beneficios.

Desde la firma del acuerdo, cinco recintos de la UPR han recibido 27 solicitudes por parte de beneficiarios del Programa ABCD interesados en algún curso de la DECEP. Sin embargo, sólo 13 culminaron alguna clase o adiestramiento.

En los institutos tecnológicos del DE, sólo tres beneficiarios estudian enfermería, ingeniería mecánica y refrigeración. Desde la firma del acuerdo, Educación sostiene que 10 personas mostraron interés en matricularse pero no entregaron los documentos requeridos o no se presentaron a entrevista para el proceso de admisión.

Mientras, 160 beneficiarios se han certificado como líderes recreativos a través del Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación del DRD, que también ofrece certificados de oficial deportivo y cursos de ejercicios.

En el Negociado del Cuerpo de Bomberos, “no tenemos conocimiento de que se haya presentado algún ciudadano” a solicitar admisión a algún curso o descuento para una certificación, indicó al CPI el comisionado Iván Moreno.

Por su parte, Vivienda aseguró que desde la firma del acuerdo 22 participantes se han beneficiado del Programa de Ayuda de Materiales, “sujeto a la disponibilidad de fondos legislativos asignados”. En el 2017 la Legislatura asignó $7,729,000 a la Secretaría de Gerencia y Desarrollo de Proyectos, a la cual pertenece este programa y el Programa de Rehabilitación de Viviendas. Al año siguiente redujo la asignación a $5,588,000; y para 2019 apenas asignó $3,394,000. En el 2020, el presupuesto para esta Secretaría aumentó a $4,491,000 pero este año fiscal recibió $3,629,000.

“Las agencias encargadas de proveer los beneficios vienen obligadas a sufragar su costo”, aseguró al CPI un abogado del caso Morales Feliciano, Guillermo Ramos Luiña. 

El desconocimiento y la austeridad en las agencias 

La Oficina del Procurador del Ciudadano (OPC) atendió 54 reclamaciones de los beneficiarios del Programa ABCD desde el 2017 hasta junio de 2021. El 22% de las quejas se relacionan a la falta de conocimiento de los empleados públicos cuando los afectados acuden a reclamar algún servicio.

Este desconocimiento fue lo más que defraudó a Raúl Hernández. Tras acudir a distintas agencias en busca de sus beneficios, tuvo que denunciar el asunto ante la jefa del Negociado de Instituciones Correccionales del DCR, Janet Rivera. “Le comuniqué, esto es una falta de respeto. Todo el mundo desconoce de qué se trata. Lo más que me sorprendió fue cuando me dijo, ‘es que no hay fondos’”, recordó el artista gráfico.

Durante el pleito, el Departamento de Hacienda estimó que el Gobierno pagó más de $200 millones en multas, por lo que para Hernández resulta increíble que ahora las agencias usen como excusa la falta de dinero. “Me quieres decir que eliminan un montón de multas, ¿y ahora no hay fondos?”, cuestionó.

Santiago Tanco también lidia con la falta de fondos y el desconocimiento. “Vivienda me ha angustiado. No me aceptaron ni en una lista de espera”, cuenta sobre sus intentos para obtener materiales de construcción para una casa en Cayey, por lo que intentó primero en una oficina de la agencia en Caguas, donde desconocían sobre el Programa. Luego intentó en una oficina de San Juan, cercana a donde reside en la actualidad, y allí le dijeron que no hay dinero para cumplir con el acuerdo.

Santiago Tanco relató que se le hizo difícil obtener ayuda en las agencias debido a la falta de desconocimiento. (Foto por Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

Sobre el trato que recibió en la oficina de Vivienda de San Juan, considera que “estuvo bien mal y no le daría la oportunidad de humillar a una persona así. Tratan a la gente como si fuéramos unos presidiarios brutos, que no tenemos escuela”. En la UPR fue otro cantar, dijo. “Me atendieron muy bien, y aunque no sabían de qué estaba hablando, buscaron y encontraron y me pude matricular sin pena”. Al cierre de esta historia, Vivienda no había reaccionado al señalamiento de Santiago Tanco. 

Limitado el auxilio del Ombudsman

“El reclamante es beneficiario del Programa ABCD y su tarjeta de beneficios expira en el 2018. Cuando comenzó a solicitar los beneficios en la Universidad de Puerto Rico y en [el Departamento de la] Vivienda, estos desconocían del programa y no le otorgaron los beneficios, por lo que hubo tiempo que el beneficiario no pudo aprovechar. Solicita se le extienda el término de los beneficios”, lee una de las reclamaciones recibidas por el Ombudsman.

De las entidades que forman parte del Programa ABCD la más denunciada ante el Procurador del Ciudadano fue Vivienda. El segundo lugar en denuncias lo comparten el DCR y la UPR.

A Santiago Tanco, como otros que ingresaron al sistema correccional entre 1980 a 1987 les corresponden 10 años de beneficios, sin embargo este cuestiona el tiempo perdido entre oficinas que no responden a sus reclamos. “¿No hay manera de que hagan justicia por ese tiempo que ha pasado sin beneficios?”, se preguntó.

Según declaraciones del Departamento de Justicia, corresponde a la parte afectada por el incumplimiento de las entidades públicas “canalizar cualquier queja o reclamo a través del abogado de la clase”. La OPC propuso desde abril un memorando de entendimiento para que Justicia coopere “en compeler a las agencias que no se adhieran a las recomendaciones del Ombudsman después de investigar los casos sometidos”, explicó el procurador auxiliar del ciudadano, Rolando Meléndez, quien espera por una respuesta de la agencia.

Pero el licenciado Leonardo Cabán, portavoz de Justicia, indicó al CPI que no hace falta hacer ningún memorando. “De conformidad con el Reglamento Interagencial del Programa ABCD, a la Oficina del Procurador del Ciudadano se le concedió la jurisdicción para atender cualquier queja o disputa que pueda surgir por parte de un reclamante cualificado, sin necesidad de un MOU [memorando de entendimiento] ni otro acuerdo adicional. De hecho, existe un reglamento que detalla el alcance de la OPC y establece su competencia para investigar los actos administrativos de las agencias, presentar recomendaciones, reparación de agravios u ofrecer beneficios”.

“Si el Tribunal federal ajustara las tuercas, te garantizo que ellos [los jefes de las agencias del Gobierno de Puerto Rico] prefieren negociar con cada una de las personas [antes que enfrentar otra demanda]. Por ejemplo, si han transcurrido dos años que no te han otorgado ningún beneficio, te vamos a dar tanto”, sugirió Hernández al tiempo que propuso que los abogados del caso Morales Feliciano se ofrezcan pro bono “a llevarlo a los federales, porque no se honró, y los acuerdos se tienen que honrar”.

Sin embargo, el licenciado Ramos Luiña aseguró que no ha recibido solicitud por parte de alguno de los demandantes en el pleito para reclamar el incumplimiento de las agencias. De paso aclaró que, “el acuerdo al que se llegó estipula que en caso de incumplimiento se tiene que presentar una reclamación nueva en el Tribunal de Puerto Rico por incumplimiento de contrato. El caso Morales Feliciano terminó, no se puede volver a abrir”.

Entre las entidades con querellas ante el Procurador del Ciudadano, una que señala al Departamento de Educación indica que, “el reclamante alega que solicitó admisión al Programa de Refrigeración en el Instituto Tecnológico de San Juan pero fue denegada por no tener promedio mínimo de 2.00 y no le ofrecieron opciones. Indica que la mayoría de los ex confinados tiene un grado mínimo de escolaridad y a duras penas logran terminar su cuarto año. Desea se reevalúe su caso y se le dé la oportunidad de estudiar”.

La mayoría de la población correccional (88.37%) proviene del sistema de enseñanza público y apenas un 35% completó el duodécimo grado al momento de ingresar a la cárcel, según el Perfil de la Población Confinada de 2019.

Otras agencias denunciadas fueron la Autoridad Metropolitana de Autobuses, por no honrar la tarifa especial establecida en el acuerdo; y el Departamento de Salud, porque el ciudadano acudió para obtener servicios médicos a tres Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Contagiosas y en ninguno reconocieron su “tarjeta ABCD”.

Desarticulada la oferta educativa para la población correccional

La oferta educativa no es uniforme entre las 27 instituciones que administra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Aunque su plan estratégico propone aumentar el acceso a estudios para el 2024, un análisis de los contratos para servicios educativos durante los últimos cinco años muestra que la mayoría (42%) se concentran en educación básica para completar cuarto año.

Existe la posibilidad de obtener un bachillerato en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, pero solamente se ofrece a un grupo de 10 hombres del Anexo 292 y 14 féminas del Centro de Rehabilitación para Mujeres, ambos en Bayamón. El Proyecto de Educación Universitaria iniciado en 2015 incluyó por primera vez a reclusos del nivel de máxima seguridad a instancias del fenecido historiador Fernando Picó.

“Han habido casos de estudiantes que se resisten a que los bajen a mediana seguridad con tal de seguir sus estudios universitarios. Muchos plantean que en esto han encontrado la libertad y sentido a sus vidas”, contó el profesor Jorge Graterole Roa, quien forma parte del Proyecto.

A principios de 2020 el Sistema Universitario Ana G. Méndez implementó programas que combinaron educación continua técnica, como construcción, facturación de planes médicos o administración de oficinas, con cursos de desarrollo personal como emprendimiento y liderazgo. Estos programas, conducentes a certificados, solamente se ofrecieron a participantes de la institución 216 de Arecibo y el Centro de Rehabilitación de Mujeres en Bayamón.

“En Estados Unidos en casi todas las instituciones hay estudios [de educación superior], y aquí se veía como una cosa del otro mundo”, recordó un alumno de Picó, Fernando Guzmán. En principio, “fue difícil porque muchos de los oficiales [de custodia] no habían tenido la oportunidad de asistir a una universidad y chocaba para muchos de ellos que nosotros tuviéramos acceso a los estudios”.

El profesor Waldemiro Vélez Cardona también sintió el rechazo o la resistencia de los oficiales del DCR a esta iniciativa la primera vez que ofreció clases a un grupo de mujeres, en Bayamón. “La mayoría eran custodia máxima, tenían esposas en la cintura, las manos, las piernas, y esa oficial [de custodia] ponía una caja sobre mi escritorio y allí iba tirando todas esas cadenas. Sentí que era una manera de humillar a las estudiantes y tratar de enviarme un mensaje”, dijo.

El 15% de las ofertas educativas de los pasados cinco años en las cárceles se enfocan en cursos o talleres vocacionales, como ebanistería, carpintería, plomería, electricidad, repostería, agricultura, costura, mecánica automotriz e instalación de sistemas solares. En estos casos, los participantes obtienen certificados o licencias.

El colegio técnico Mech Tech College ofrece 25 certificaciones en tecnología de mecánica automotriz desde 2019 a 15 reclusos de los Complejos Correccionales de Ponce y Bayamón, quienes necesitan diploma de escuela superior para tomar los cursos. El acuerdo entre las instituciones estableció una participación de 40 individuos, pero el DCR no ha identificado más participantes, dijo al CPI el presidente de Mech Tech, Edwin Colón.

Mediante el acuerdo, reclusos toman cursos o talleres vocacionales en tecnología de mecánica automotriz. (Foto por Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

El DCR escoge quiénes pueden participar de los servicios educativos porque dividen a la población según el espacio disponible para ofrecer las clases. Además, cada institución educativa o proveedor de servicios educativos establece sus requisitos, como por ejemplo, tener entre octavo grado o cuarto año completado. El nivel de custodia y las recomendaciones de los técnicos sociopenales también influyen en la composición de los grupos para evitar conflictos entre reclusos o reclusas. Si un recluso tuviera querellas disciplinarias pendientes de investigación, o por razones de seguridad no puede participar de las actividades educativas, se le crea un plan de servicios individual.

Mech Tech se encargó de habilitar los talleres en ambos complejos, incluyendo la instalación de equipos especializados con sensores y cámaras para garantizar la seguridad de los alumnos, personal del DCR e instructores, pero el inicio de los cursos se retrasó hasta enero de 2020 debido a los cambios de administración tras la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, dijo Colón.

La pandemia empeoró la falta de acceso a los servicios

La pandemia del coronavirus también detuvo los servicios educativos. Hasta el verano de 2020 los reclusos “no tenían ningún acceso a internet para buscar más información, nada de equipo. Ahora les dieron unas tabletas y, aunque con restricciones, acceso a internet”, detalló el profesor Vélez Cardona. “Ni siquiera podían ver a sus familiares. Las depresiones fueron muchas y profundas”, lamentó.

Por otro lado, un 11% de los cursos ofrecidos se concentran en talleres de motivación, desarrollo personal (coaching), reinserción laboral y yoga. Un 7% se dedica a las artes como baile, teatro, producción de filmaciones, escritura creativa, pintura y dibujo, mientras un 3% se dedica a los deportes con clínicas de boxeo o baloncesto.

Juliana Ortiz es bailarina de profesión y en 2015, “comencé con un grupo de niñas transgresoras de 10 a 16 años en Bayamón por mi tesis doctoral con el método de psicoballet cubano”. Un año después, presentó una propuesta a Corrección para atender a jóvenes adultas recluidas en Vega Alta con talleres de zumba y baile. Desde entonces, su proyecto “Por Amor al Arte” ha impactado a más de 120 personas en distintos niveles de custodia en siete instituciones del DCR.

Para Ortiz fue difícil establecer confianza entre “niñas tan jóvenes y trabajar con el estigma de las personas privadas de la libertad. Mi fórmula con todo es amor y disciplina, demostrarles que les trataría como a cualquier alumno. Respetan mucho a los talleristas, al espacio de educación”.

Pero la mayor dificultad para algunos de los educadores que llegan a las cárceles es “cerrar el libro, la computadora, salir y dejarles atrás en confinamiento” cuando “el aula se convierte en otro lugar, otro espacio de ese día” como única oportunidad para que las participantes ocupen sus mentes en el proceso educativo y no sólo en sobrevivir en el contexto violento que representa la cárcel, aseguró Ali Petru Gerena, quien forma parte del Proyecto Universitario.