Por redacción de Sin Comillas
El presidente Donald Trump manifestó su intención de nominar a los actuales siete miembros de la Junta de Control Fiscal para que puedan mantenerse en sus puestos hasta septiembre de este año. Las nombramientos se enviarán al Senado de Estados Unidos para su confirmación.
El 15 de febrero, el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó que el proceso que estableció la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) para nombrar a los miembros de la Junta de Control Fiscal es inconstitucional. El Tribunal otorgó al Senado de Estados Unidos y al presidente Donald Trump 90 días para resolver la ilegalidad de los nombramientos, un periodo que se vencía el próximo 15 de mayo. La Junta de Control Fiscal había solicitado al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos una extensión de esa fecha.
Los nombramientos de los actuales los miembros de la Junta vencen el 31 de agosto del 2019. La intención de Trump es certificar los nombramientos por el tiempo que les queda por cumplir. Originalmente fueron nombrados en agosto de 2016.
En agosto de 2017, el fondo de cobertura Aurelius Capital Management cuestionó, por primera vez, ante el tribunal la constitucionalidad de la Junta, argumentando que no hay excepción en la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos para “oficiales territoriales”. Aurelius reclamaba que los nombramientos de los miembros de la Junta debían confirmados por el Senado de Estados Unidos.
El decisión de Aurelius de cuestionar la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta sorprendió en su momento, pues los acreedores fueron los principales defensores de la Junta de Control Fiscal pensando que defendería el pago de la deuda. Sin embargo, la Junta habría perdido el apoyo de los acreedores después de que en el Plan Fiscal se identificara una cantidad para el pago de la deuda que los acreedores consideraban insuficiente.
