Reunión de la Junta de Control Fiscal. (Foto: Sin Comillas)

Por redacción de Sin Comillas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que el proceso para seleccionar a los miembros de la Junta de Control Fiscal no viola la Cláusula Constitucional de Nombramientos.

En un comunicado, la Junta le dio la bienvenida a la decisión unánime del Tribunal Supremo de Estados Unidos que permite a sus miembros continuar con sus labores bajo PROMESA. La decisión del Tribunal Supremo, dice el comunicado, confirma que PROMESA estableció la Junta como una entidad que forma parte del Gobierno de Puerto Rico, y que el proceso para seleccionar a los miembros no viola la Cláusula Constitucional de Nombramientos.

“El proceso de designaciones de PROMESA estableció una Junta de Supervisión bipartita, asegurando decisiones balanceadas para ayudar a Puerto Rico en su recuperación y progreso. Los miembros de la Junta de Supervisión tienen una responsabilidad importante: asistir a Puerto Rico para que pueda superar una deuda insostenible y décadas de mala gestión fiscal. La Junta de Supervisión se encuentra renegociando la deuda de Puerto Rico y se mantiene trabajando consistentemente para establecer un sistema de planificación fiscal y de presupuestos balanceados a largo plazo”, señala el comunicado, y añade que los miembros de la Junta “desean continuar su trabajo para favorecer los intereses del pueblo de Puerto Rico. Es de suma importancia que Puerto Rico supere esta crisis lo más pronto posible”.

El abogado John E. Mudd, en declaraciones en Notiuno, comentó que la decisión del  Tribunal Supremo de Estados Unidos apunta que la Junta de Control Fiscal tiene considerable poder, que incluye imponer su criterio al de los legisladores o la gobernadora.

El senador José Nadal Power, en Twitter, destacó que la juez Sotomayor se mostró escéptica en cuanto a la validez constitucional de PROMESA porque puede ser incompatible con la Constitución de Puerto Rico.

En junio del 2019, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió revisar el fallo, del 15 de febrero, del Primer Circuito de Apelaciones, que declaró inconstitucionales los nombramientos de los miembros de la Junta porque no fueron confirmados por el Senado de Estados Unidos.

La decisión del Primer Circuito fue la primera en la historia de Estados Unidos en disponer que oficiales de un territorio, como son los miembros de la Junta, deben ser designados de conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución federal.

En 2017, el fondo de cobertura Aurelius Capital Management cuestionó, por primera vez, ante el tribunal la constitucionalidad de la Junta, argumentando que no hay excepción en la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos para “oficiales territoriales”. Aurelius reclamaba que los nombramientos de los miembros de la Junta debían confirmados por el Senado de Estados Unidos. La organización sindical Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) también acudió al tribunal con el mismo argumento.

El decisión de Aurelius de cuestionar la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta sorprendió en su momento, pues los acreedores fueron los principales defensores de la Junta de Control Fiscal pensando que defendería el pago de la deuda. Sin embargo, la Junta habría perdido el apoyo de los acreedores después de que en el Plan Fiscal se identificara una cantidad para el pago de la deuda que los acreedores consideraban insuficiente.