Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal no tendrá que entregar la información solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), ha decidido, en votación 8-1, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El alto tribunal decisión que la Junta goza de “inmunidad soberana”, es decir, es inmune a reclamaciones bajo leyes estatales y que, por lo tanto, no le aplica el derecho constitucional de Puerto Rico de acceso a información pública.

Sólo uno de los nueve jueces del máximo tribunal, Clarence Thomas, discrepó con la decisión. Explicó que, si bien la Junta tenía inmunidad bajo la Undécima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, esa inmunidad dejo de existir con la aprobación de la Ley Promesa. Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) fue promulgada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016, para permitir que Puerto Rico reestructure su deuda. Bajo esta ley se creó la Junta.

La Junta, un organismo impuesto por el Congreso de Estados Unidos para controlar las finanzas públicas y manejar el proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, acudió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en busca de que este foro revoque al Primer Circuito que le dio la razón al CPI indicando que a la Junta no le asiste la inmunidad soberana.

En junio de 2017, el CPI demandó a la Junta para lograr acceso a información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos, contratos suscritos, minutas e informes financieros sometidos o recibidos por los miembros de la JSF, entre otros. El CPI reclamaba que la Constitución de Puerto Rico le garantiza el acceso a información pública.

La Junta se negaba a dar la información argumentando que goza de “inmunidad soberana” bajo la Undécima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.