El Tribunal Supremo reconoce que se deben anular los Casos Insulares
Por redacción de Sin Comillas
No es inconstitucional que el Congreso de Estados Unidos trate de forma diferente a los residentes de Puerto Rico, negando el acceso al Seguro Social Complementario (SSI, por sus siglas en inglés). Es lo que ha decidido el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una opinión en contra de la puertorriqueña Sonia Sotomayor. El juez Neil M. Gorsuch señala la necesidad de anular los Casos Insulares, basados en “estereotipos raciales”. Pero dice que, en este caso, ninguna de las partes ha pedido al Tribunal que los anulen.
La opinión, de 43 páginas, señala que “la Constitución de Estados Unidos no requiere que el Congreso extienda los beneficios del SSI a los residentes de Puerto Rico”. Es el Congreso el que debe decidir si extiende los beneficios del SSI a los residentes en Puerto Rico, y aunque se les ha informado que el presidente Joe Biden apoya la extensión de estos beneficios para la Isla, el Supremo explica que la controversia que debía aclarar es si la Constitución de Estados Unidos obliga al Congreso a tratar igual a los residentes de los estados y los de Puerto Rico. “La respuesta es no”, dice el Supremo.
The Constitution affords Congress substantial discretion over how to structure federal tax and benefits programs for residents of the Territories. Exercising that discretion, Congress may extend Supplemental Security Income benefits to residents of Puerto Rico. Indeed, the Solicitor General has informed the Court that the President supports such legislation as a matter of policy. But the limited question before this Court is whether, under the Constitution, Congress must extend Supplemental Security Income to residents of Puerto Rico to the same extent as to residents of the States. The answer is no. We therefore reverse the judgment of the U. S. Court of Appeals for the First Circuit.
El gobernador Pedro Pierluisi comentó que la decisión “una vez más comprueba que la condición territorial de Puerto Rico es discriminatoria para los ciudadanos americanos en la Isla y le permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros. Claramente nuestro pueblo, particularmente los más vulnerables, sufren las consecuencias de ese trato desigual bajo la bandera americana. Lo mismo ocurre en otros programas trascendentales, tales como Medicaid, Medicare y asistencia nutricional. Basta ya de este estatus colonial que nos discrimina y afecta nuestra calidad de vida. La única y la mejor solución es la Estadidad”.
El SSI ofrece beneficios a los ciudadanos americanos de bajos ingresos mayores de 65 años o discapacitados. Actualmente los beneficios sólo están disponibles para los residentes en los 50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas del Norte, pero no para los residentes de Puerto Rico y otros territorios.
En Estados Unidos, ocho millones de personas reciben un pago promedio de SSI de $585 al mes. En Puerto Rico podrían beneficiarse unas 300,000 personas.
El Tribunal Supremo explica que del mismo modo que no todos los residentes en Puerto Rico pagan impuestos federales no deben recibir todos los programas de beneficios federales.
“Negar beneficios a cientos de miles de residentes elegibles de Puerto Rico porque no pagan suficientes impuestos es completamente irracional”, señala Sotomayor.
Congress’ decision to deny to the U. S. citizens of Puerto Rico a social safety net that it provides to almost all other U. S. citizens is especially cruel given those citizens’ dire need for aid. Puerto Rico has a disproportionately large population of seniors and people with disabilities.
“La igualdad de trato de los ciudadanos no debe dejarse a los caprichos del proceso político. Debido a que los residentes de Puerto
Rico no tienen representación electoral en el Congreso, no pueden confiar en sus representantes electos para solucionar las disparidades que sufren los ciudadanos residentes en Puerto Rico bajo el trato desigual del Congreso”, añade Sotomayor.
El juez Neil M. Gorsuch, en una opinión que coincidió con la mayoría, dijo que era hora de que se revisen los llamados Casos Insulares, fallos del Tribunal Supremo de principios del Siglo XX, que otorgaron al gobierno federal licencia para gobernar Puerto Rico y otros territorios “en gran medida sin tener en cuenta la Constitución”. “Los Casos Insulares no tienen fundamento en la Constitución y se basan, en cambio, en estereotipos raciales. No merecen lugar en nuestra ley”, escribió Gorsuch.
A century ago in the Insular Cases, this Court held that the federal government could rule Puerto Rico and other Territories largely without regard to the Constitution. It is past time to acknowledge the gravity of this error and admit what we know to be true: The Insular Cases have no foundation in the Constitution and rest instead on racial stereotypes. They deserve no place in our law.
“Debido a que ninguna de las partes nos pide que anulemos los Casos Insulares para resolver la disputa de hoy, me uno a la opinión del Tribunal”, escribió Gorsuch. “Pero ha llegado el momento de reconocer que los Casos Insulares descansan sobre cimientos podridos. Y espero que llegue pronto el día en que el Tribunal los anule por completo”.
The flaws in the Insular Cases are as fundamental as they are shameful. Nothing in the Constitution speaks of “incorporated” and “unincorporated” Territories. Nothing in it extends to the latter only certain supposedly “fundamental” constitutional guarantees. Nothing in it authorizes judges to engage in the sordid business of segregating Territories and the people who live in them on the basis of race, ethnicity, or religion.
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