Por Alfredo González Martínez*

La circulación reciente, en el servicio noticioso Bloomberg, de la contracción en un 33% en el valor de dos de los fondos de la firma Oppenheimer Funds, Inc. es como una sirena que nos advierte de un nuevo peligro en la economía de Puerto Rico. Los referidos fondos mutuos están sobrecargados de bonos gubernamentales de Puerto Rico. Éstos por tener triple exención impositiva y gozar de las seguridades constitucionales contra el impago de su principal e intereses fueron, hasta hace poco, altamente apetecidos. Sin embargo, el bonista típico en el mercado convencional ha comenzado a perder su apetito por dichos bonos y prefiere invertir en fondos mutuos con una menor concentración en bonos del gobierno de Puerto Rico.

De otro lado, la espiral descendente de degradaciones de las obligaciones del Gobierno del ELA y sus corporaciones públicas han llevado a que muchas de sus clasificaciones fueran designadas como inversiones de alto riesgo o “bonos chatarra”. Al traspasar ese umbral, una porción creciente de los bonos emitidos por el sector gubernamental en Puerto Rico empiezan a incursionar en un terreno inexplorado en su casi centenaria historia. Por lo ocurrido, el bonista convencional es reacio a, o está impedido de, invertir en ese tipo de bonos de alto rendimiento y riesgo. Los gerentes de fondos especulativos (“hedge funds”) los consideran su apetecible carroña favorita

El mercado de bonos “chatarra” lo dominan grupos de inversionistas organizados en forma individual o sociedades. Son entidades sofisticadas con actitud de asumir mayores riegos, pero exigiendo tasas de interés que son dos o tres puntos porcentuales superiores al promedio del mercado de bonos de alta calidad. Su consigna es movilizar activamente sus fondos de una colocación (activos financieros) a otra con prontitud en reacción al tipo de interés prevaleciente. Sus decisiones responde a estrategias de inversión diversas, bien enfocadas y orientadas por sofisticados modelos matemáticos para la optimización de riesgos y rendimientos. Además, protegen sus fondos de su alto riesgo mediante inversiones complementarias defensivas en “seguros contra riesgos de impagos” y “contratos derivados”. Operan en transacciones dentro de un espectro de variación de bonos cuya obligación está agobiada (distressed) y hasta un punto antes que su obligación sea declarada insolvente o en quiebra (defaulted debt). Rebasado este límite se activan las protecciones de seguros (swaps) y/o los rendimientos de las inversiones en derivados que han contratado previamente.

Hacia ese mundo imprevisto es que se dirige la deuda pública de Puerto Rico paulatinamente. Tanto el bonista particular, como el Gobierno de Puerto Rico, en su rol de emisor original de los bonos, deben aprovisionarse del conocimiento suficiente para evitar ser víctimas de lo que en economía se denomina la “asimetría (desbalance) de la información”. Hay muchas historias de horror por esos mares siniestros de la especulación. Ninguna con una moraleja de éxito en el desarrollo económico. Ni Irlanda ha estado a salvo.

* El autor es catedrático jubilado del departamento de Economía, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.