El problema es que nadie está representando los intereses de Puerto Rico
Por Luisa García Pelatti
En los próximos meses dos temas serán claves para la transformación energética: el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración de la Deuda (RSA, por sus siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEE, una propuesta de 20 años para modernizar el sistema energético.
Mientras el acuerdo de reestructuración ha sido un proceso opaco, apresurado y será perjudicial para la población; el PIR no parece contar con los fondos necesarios y será imposible alcanzar la meta de que el 50% de la generación provenga de energía renovable para 2040 y 100% para 2050.
El acuerdo de reestructuración “es un ejemplo de lo que no necesita Puerto Rico”, señala el Centro para una Nueva Economía (CNE), que organizó una mesa redonda con periodistas cuando se acercan dos eventos clave para la transformación energética de Puerto Rico. Primero, el Negociado de Energía de Puerto Rico llevará a cabo una vista pública en febrero para discutir el PIR. Segundo, la jueza Laura Taylor Swain, quien fue nombrada para supervisar el proceso de bancarrota de Puerto Rico, también celebrará una vista a principios de año para revisar los argumentos orales a favor y en contra del acuerdo de reestructuración de la deuda. El acuerdo de reestructuración de la deuda fue aceptado por cerca del 90% de los bonistas e incluye un recorte de 32% de la deuda.
Sergio Marxuach, director de política pública de CNE, enfatizó que el PIR y el acuerdo de reestructuración propuestos aumentarán el costo de la electricidad y desincentivarán la generación de energía de fuentes renovables. Dado el estado actual de la red energética, la demora en los fondos federales de recuperación de desastres, la pérdida de población y la reducción continua de la economía, los cambios propuestos probablemente aumentarían los costos de energía en la isla en un 20% o más en los próximos cinco años fiscales, según el análisis de CNE.
“Muy pocas personas se preguntan si esto es bueno para Puerto Rico”, comentó Marxuach. “No estamos haciendo la pregunta correcta”. Lo que hay que preguntar es si el acuerdo es sostenible. Si la deuda con la que se queda la AEE tras el acuerdo es pagable sin que haya que volver a radicar quiebra otra vez.
Según Marxuach, no se está tomando en cuenta la sostenibilidad del acuerdo y hay mucha prisa por aprobarlo. “El objetivo no debe ser hacer un acuerdo por hacer un acuerdo. Debe ser (lograr) un acuerdo bueno para Puerto Rico y sostenible para la AEE”.
Algunos expertos, como el economista Ramón Cao, opinan que si se busca que la reestructuración de la deuda sea sostenible, el recorte de la deuda debe ser superior al 32%. Debe estar alrededor del 49% o incluso más.
Por otro lado, el acuerdo impone un cargo de transición de entre 2.7 centavos por kilovatio-hora (kWh) y 3.5 centavos por kWh. Este cargo se cobraría durante 40 años. Los cargos podrían sumar otros 7 centavos por kWh adicionales cuando se tomen en cuenta a los acreedores que no están incluidos en el actual acuerdo.
Los cargos se aplicarían a todos los consumidores independientemente de si generan su propia electricidad, a menos que estén desconectados total y permanentemente de la red de la AEE. Estas condiciones, dijo Marxuach, están destinadas a garantizar que los consumidores no abandonen la red, lo que amenazaría la capacidad de la AEE para pagar sus deudas.
El acuerdo crea un desincentivo para el uso de energías renovables. Es, por tanto, un impuesto a la energía renovables, que va en contra de la política pública de alcanzar la meta de utilizar 100% de energías renovables en el 2050.
“El aumento propuesto por el RSA y los cargos de transición para proyectos de energía renovable distancia de lograr la asequibilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico, prioridades que se han promovido y vociferado por la mayoría de los grupos de consumidores del sistema eléctrico de Puerto Rico”, añadió Malu Blázquez, directora ejecutiva del programa de CNE ReImagina Puerto Rico.
A pesar de que el acuerdo no parece sostenible, no recorta suficientemente la deuda, provocará un aumento en el precio de la electricidad que va a perjudicar a la población, principalmente a la que tiene menos recursos, y desincentiva el uso de energías renovables, el gobierno y la AEE insisten en continuar con este acuerdo.
Hay poco análisis y mucha prisa. La estrategia legal de la AEE y la Junta de Control Fiscal les permite llegar a un acuerdo con un grupo específico de acreedores y usar este acuerdo para imponerlo a todos los acreedores, explica Marxuach. “De ahí surge la prisa de la AEE y la Junta”.
Hay otro aspecto negativo. La jueza Laura Taylor Swain ha sido demasiado estricta en su interpretación de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). “No ha permito que casi nadie intervenga como amigo de la corte. Esto es algo que va a afectar a Puerto Rico, que va a afectar a casi tres generaciones”, indica Marxuach.
La legislatura jugará un papel importante, ya que tiene que enmendar 16 leyes para llevar a cabo la reestructuración. Ni la Gobernadora, ni los legisladores han sido dejado claro si están a favor o en contra del acuerdo, explican desde el CNE.
“Parte de lo que vamos a hacer en CNE es asegurarnos de que haya una vista pública, de que se haga con transparencia, que se piense en el impacto económico y social, en cómo va a afectar a las personas más pobres y a la política de las renovables”, apunta Marxuach.
Marxuach y Blázquez también expresaron preocupación con el PIR de la AEE. El plan exige inversiones masivas en nueva infraestructura de gas natural que costaría $5 millones, sin establecer una forma clara de pagarlos. Los analistas destacaron que el PIR propuesto va en contra de las recomendaciones de los propios consultores de la AEE, quienes sugirieron menos inversiones en gas natural y un mayor uso de recursos renovables. El plan recomendado por la AEE tampoco cumple con la nueva política pública de energía del gobierno de Puerto Rico: un proyecto de ley firmado a principios de año estableció una meta de 50% de generación de energía renovable para 2040 y 100% para 2050, un resultado imposible de alcanzar bajo el PIR y RSA propuestos por la AEE, según Marxuach y Blázquez. Agregaron que el PIR final debería servir como el plan maestro para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico en los próximos 20 años, y que las principales inversiones de capital y los esfuerzos de privatización de la generación no deberían ocurrir hasta que se apruebe el PIR.
Si bien la AEE afirma que la infraestructura de gas natural reducirá los costos de energía, los analistas de CNE explicaron que tales proyecciones no toman en cuenta el costo masivo de construir nueva infraestructura, que probablemente lo pagarán los consumidores de energía.
“La AEE y el gobierno de Puerto Rico insisten en llevar a cabo una serie de acciones que aumentarán el costo de la electricidad, afectarán negativamente el crecimiento económico, incrementarán el desempleo y provocarán el descuadre del presupuesto de miles de familias. Los políticos y oficiales gubernamentales que ostentan el poder en estos momentos tendrán que rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico cuando eso suceda”, dijo Marxuach.
Como alternativa a los planes de la AEE, Blázquez enfatizó la necesidad de una infraestructura energética asequible, confiable e innovadora que reduzca los impactos adversos en la salud humana y el medio ambiente. Compartió las recomendaciones de política energética de ReImagina Puerto Rico, derivadas de una serie de reuniones de grupos focales con expertos en el tema y las comunidades más afectadas por el huracán María. Estos incluyen la integración de micro redes, mini redes y energía renovable en la red de energía de la isla en la mayor medida posible, y la creación de mecanismos para conseguir el insumo de los consumidores y su participación en el desarrollo de sistemas de energía resilientes, específicamente para personas vulnerables e instalaciones críticas.
