Por redacción de Sin Comillas

La legalización de las máquinas tragamonedas fuera de los casinos podría reducir los recaudos de impuestos procedentes de los casinos, apuestas hípicas y otros juegos de azar, que indirectamente financian iniciativas y programas gubernamentales, advierte la Junta de Control Fiscal en una carta dirigida a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos.

La carta reitera los riesgos de canibalización fiscal; insiste en el cumplimiento de recibir aprobación previa de Junta antes de establecer reglamentos; destaca las disposiciones reglamentarias financieras de las tragamonedas fuera de los casinos; y ofrece consideraciones adicionales.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, envió una carta a Campos en la que destaca la importancia de los Reglamentos Requeridos como requisito para medir el impacto fiscal de la legalización de los terminales de video-lotería. Además, advierte que algunos ingresos están potencialmente en riesgo en el Plan Fiscal Certificado como consecuencia de la legalización de estas máquinas.

Subraya la necesidad de incorporarse ciertas disposiciones en los Reglamentos Requeridos para minimizar los riesgos de canibalización de los ingresos, que no se incluyeron en el proyecto de reglamento que se presentó a la Legislatura el 1ro. de febrero de 2019. La Junta entiende que el establecimiento de estas tragamonedas podría perjudicar los ingresos de los casinos, que indirectamente financian iniciativas y programas gubernamentales.

El Plan Fiscal certificado por la Junta estima que los juegos de azar generarán cerca de $2,000 millones en recaudos en los próximos cinco años.

Los recaudos fiscales de las máquinas tragamonedas dentro de los casinos se distribuyen entre la Compañía de Turismo, la Universidad de Puerto Rico y el Fondo General. Estos recaudos se estiman en $137 millones en el actual año fiscal 2019 y $663 millones en los próximos cinco años.

“La situación se torna más patente aún si, eventualmente, se aprueban 45,000 máquinas adicionales, lo que resultaría en la segunda jurisdicción (después de Montana) con el mayor número de máquinas per cápita”, señala la Junta.

Se estima que estas tragamonedas fuera de los casinos generará $48 millones en recaudos fiscales año el 2019 y $263 millones en los próximos cinco años.

La Junta destaca que, a pesar de que las máquinas ya operan ilegalmente, sin reglamentos ni controles apropiados, la experiencia en otras jurisdicciones apunta a que la legalización de los terminales de vídeo-lotería puede afectar negativamente los ingresos de otros juegos existentes.

Según Jaresko, incluso con 25,000 terminales, Puerto Rico tendría una de las mayores concentraciones de máquinas por población en comparación con otras jurisdicciones en Estados Unidos. Esto se torna más patente aún, si eventualmente se aprueban 45,000 máquinas adicionales, lo que resultaría en la segunda jurisdicción (después Montana) con el mayor número de máquinas per cápita.

La Junta espera que la Compañía de Turismo tome en cuenta estas consideraciones a la hora de elaborar los reglamentos Requeridos y espera revisar la versión final de los reglamentos antes de su aprobación.

El 27 de diciembre, la Junta de Control Fiscal dijo estar de acuerdo con las secciones de la Certificación de Cumplimiento con respecto a la mayor parte de la reforma contributiva aprobada por el Gobierno, pero pedía un análisis del impacto fiscal de la video lotería antes de emitir una certificación.

El 19 de diciembre, el Gobierno había enviado una Certificación de Cumplimiento sobre la Nueva Ley de Contribuciones (Ley 257 de 2018), pero no proveyó el estimado formal del impacto fiscal requerido para los Artículos 132 al 163, que se refieren a los terminales de video lotería (“VLTs”, por sus siglas en inglés) que operan fuera de los casinos.

La Junta sí estuvo de acuerdo en que los artículos 1 al 131 y 164-165 de la Ley 257 de 2018 no son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal del Gobierno.