Por redacción de Sin Comillas
Justin Peterson, miembro designado por el presidente Donald Trump a la Junta de Control Fiscal, en declaraciones a The Wall Street Journal, criticó a la Junta de Control Fiscal por la falta de transparencia sobre las finanzas del Gobierno y por haber interferido en las negociaciones para la reestructuración de la deuda y retrasar el proceso.
“Es un honor para mí servir al presidente Trump y al pueblo de los Estados Unidos, en especial a aquellos que residen en Puerto Rico”, dijo Peterson en un tono más conciliador en el comunicado en el que la Junta le da la bienvenida. “Tengo ansias de comenzar a trabajar de inmediato utilizando mi puesto en la Junta para ayudar al presidente Trump a traer empleos, desarrollo e inversiones a la isla”, añadió.
“Estamos deseosos de trabajar junto a Justin Peterson para avanzar en la misión de la Junta, según lo ordenado por PROMESA” dijo Skeel, presidente de la Junta de Supervisión. “Su vasta experiencia ciertamente resultará ser un recurso valioso en los esfuerzos continuos de la Junta de Supervisión para restaurar la responsabilidad fiscal, la transparencia y el crecimiento económico en beneficio del pueblo de Puerto Rico”.
El nombramiento de Peterson, socio gerente de DCI Group, firma de consultoría de comunicaciones y asuntos públicos con sede en Washington, D.C., sorprendió y ha creado controversia. Algunos apuntan a un conflicto de interés. Peterson ha sido asesor de Aurelius Capital Management y otros tenedores de bonos del Gobierno de Puerto Rico en el proceso de reestructuración de la deuda. Peterson se defiende diciendo que no han trabajado en el tema desde 2018.
Según destaca el Wall Street Journal, el Gobierno de Puerto Rico lleva 41 meses en quiebra, lo que le ha costado $650 millones en pagos de honorarios profesionales.
Peterson sustituye a Arthur González, que presentó su renuncia el jueves. Se espera que Trump haga otros nombramiento a la Junta. Los nombramiento de los miembros ya se habían vencido, pero habían seguido en sus puestos en espera de que se renovaran. Tres de los miembros de la Junta ya habían renunciado: José Carrión, Carlos García y José R. González.
La Junta de Control Fiscal, nombrada por el Gobierno de Estados Unidos, busca reestructurar una deuda de más de $35,000 millones. En febrero se llegó a un acuerdo tentativo con Aurelius Capital Management LP, Autonomy Capital Monarch Alternative Capital LP, GoldenTree Asset Management LP y Whitebox Advisors LLC para recortar en $24,000 millones la deuda. Tras conocerse el acuerdo el valor de los bonos en cerca de 75 centavos por cada dólar, el nivel más alto desde 2015.
El acuerdo no se materializó y llegó el coronavirus, afectando aún más a la situación financiera del Gobierno. Entonces la Junta propuso un recorte adicional de la deuda de $3,300 millones. Una propuesta que no aceptaron los acreedores y que redujo el valor de los bonos a 58 centavos. La última propuesta de la Junta se hizo pública a finales de septiembre y recorta la deuda en $5,400 millones.