Sergio Marxuach (izq.) y Teresita Fuentes.
Por Luisa García Pelatti
Cuando entre en vigor el impuesto global mínimo del 15% que han respaldado 136 países. Muchas empresas que operan en Puerto Rico podrían irse, asegura Teresita Fuentes, ex secretaria de Hacienda.
Fuentes fue una de las participantes en la conferencia anual del Centro para una Nueva Economía (CNE): “Growth Policy Summit 2021”, celebrada el viernes.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alcanzó, en octubre, un acuerdo histórico que establece un impuesto a las corporaciones mínimo del 15%. El acuerdo podría entrar en vigor en 2023.
Si Estados Unidos adopta esa tasa mínima, Puerto Rico estaría “técnicamente en violación con ese acuerdo”, explica Fuentes. Puerto Rico tiene un programa de incentivos con tasas contributivas tan bajas como 2% o 0%.
“Esto no va a pasar de la noche a la mañana, requiere que se hagan ajuste y enmiendas a los tratados, que son cosas que llevan mucho tiempo. Pero sabemos que eso va a venir tarde o temprano”, señaló.
El cambio afectaría directamente a los alrededor de $2,000 millones que se reciben por concepto de la Ley 154, el arbitrio que pagan las Corporaciones Foráneas. A eso hay que sumar los ingresos de las “múltiples leyes sobre incentivos que tenemos que incluye a la manufactura, turismo, energía verde que dan tasas preferenciales”.
La manufactura, el sector que más aporta en términos de contribuciones sobre ingresos y arbitrios. Fuentes estima que dos terceras partes de los recaudos en este sector corresponden a decretos otorgan una tasa contributiva del 2%. En el caso de corporaciones con “productos pioneros” la tasa puede ser de 0%.
La adopción de una tasa contributiva mínima del 15% significaría que se tendrían que “reabrir esos decretos y negociar con las compañías”. Por dos razones. Por un lado, esa tasa (la que otorgan los decretos) estaría en directa violación al 15%. Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya ha dicho que no va a acreditar el pago del arbitrio de las corporaciones foráneas (Ley 154). Desde hace cuatro años se sabe que el Tesoro no va a permitir esa acreditación. Cuando eso ocurra, muchas corporaciones foráneas podrían considerar marcharse de Puerto Rico, opina Fuentes. Este arbitrio lo pagan alrededor de 20 empresas.
Fuentes criticó que cada cuatro años se hable de una reforma contributiva, como una promesa política. Pero lo que ha habido en los últimos años no han sido reformas. “Son ajustes aquí y allá. Es particularmente difícil hacer una reforma cuando el mandato (de la Junta de Control Fiscal) es que tiene que ser neutral”.
Esa petición de neutralidad “es una camisa de fuerza que hace muy difícil hacer una reforma. Si verdaderamente se quiere reformar el sistema contributivo hay que hacer un análisis mucho más amplio y en ese juego es mucho más difícil que termine siendo neutral”. Podrían eliminarse algunos de los 424 incentivos que existía en el 2018. Un número “excesivo” a juicio de Fuentes.
“Hay que simplifica las deducciones para poder bajar las tasas”, dice Fuentes. Sugiere un “flat tax” combinado con ciertas deducciones y ajustes para “quitar la regresividad”; hacer cambios en la contribución sobre la propiedad y eliminar el impuesto sobre inventarios. Respecto al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) cree que es el momento de cambiarlo por un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
