Por redacción de Sin Comillas

La gobernadora Wanda Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-075, para suspender temporeramente la aplicabilidad de la orden ejecutiva que aumentó el salario mínimo de los trabajadores de la construcción. La orden, que había sido emitida por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en 2018, establecía el salario mínimo en $15 la hora para los obreros de construcción de obra financiada total o parcialmente con fondos del Gobierno.

“La difícil situación que ha experimentado la industria de la construcción se ha agravado aún más como consecuencia de las medidas de cierre y distanciamiento tomadas como respuesta a la emergencia decretada por el COVID-19.  A pesar de que la apertura cuidadosa y escalonada de distintos sectores económicos ha permitido la reanudación de los proyectos de construcción, la paralización total que fue necesaria implementar por aproximadamente dos meses ha tenido un grave efecto en esta industria. Como consecuencia, resulta imperativo repensar las medidas recientes que se han adoptado concernientes a la industria de la construcción y evaluar sus efectos, ventajas y desventajas, de manera que las decisiones futuras estén sustentadas en la realidad que vive la industria en estos tiempos de COVID-19 y dirigidas a la sostenibilidad de este importante sector”, expresó la gobernadora.

En su momento, la aprobación del salario mínimo enfrentó la oposición del sector privado, que argumentaba que provocaba un aumento en costos, y de la Junta de Control Fiscal, que recomendaba dejar que el mercado dicte los salarios de los proyectos de construcción financiados con fondos federales.

Durante este periodo de suspensión un grupo de trabajo compuesto por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de la Vivienda, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y miembros del sector privado evaluarán la potencial derogación o enmienda de la Orden Ejecutiva.