Por Luisa García Pelatti
Standard & Poor’s colocó en negativo la perspectiva de los $2,900 millones en deuda del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno. La decisión, explica la agencia, se debe a que el Gobierno podría no tener capacidad para hacer las aportaciones que le corresponden al sistema. La agencia mantuvo la clasificación de la deuda en “BBB-“.
“Creemos que los desafíos fiscales y presupuestarias del Gobierno, incluyendo el agotamiento previsto de los activos brutos del fondo de jubilación para el año fiscal 2019, podría limitar la capacidad y voluntad del Gobierno para realizar las aportaciones necesarias para mantener un servicio de la deuda adecuado”, señaló Horacio Aldrete Sánchez, analista de Standard & Poor’s.
La agencia advierte que podría degradar la clasificación de la deuda del Sistema de Retiro de Empleados si el Gobierno no adopta medidas integrales (“comprehensive measures”) en un año.
El Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno tiene un déficit actuarial de $25,000 millones –que es 7 veces el presupuesto–, lo que significa que el gobierno podría quedarse sin dinero para pagar las pensiones en el 2022.
Recordemos que el Gobierno ya aprobó en hace unos meses dos medidas: aumento en la aportación del Gobierno y la inyección de $162 millones; que le han dado agregado algunos años de vida al Sistema. A mediados del 2011, el Gobierno nombró un comité para estudiar posibles soluciones al elevado déficit actuarial del Sistema. Aunque se han aprobado algunas medidas (entre ellas el aumento en la aportación patronal) que han alargado la vida del Sistema, se trata mas bien de parches, que no resuelven el problema. El pasado mes de julio se volvió a crear un grupo de trabajo para estudiar el tema.
Hasta ahora el Gobierno ha evitado aumentar la aportación de los empleados o modificar los beneficios de los pensionados. La cercanía de las elecciones hace que el Gobierno haya aplazado cualquier decisión, necesariamente impopular, hasta después de las elecciones de noviembre.
La Ley 116-2011 ordenó un aumento en la aportación patronal que recibe el Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno, de 9.275% a un 10.275%, a partir del 1ro de julio de 2011, con un aumento anual adicional de un 1% de la retribución que regularmente reciban los participantes del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno, comenzando el 1ro de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2016.
Aldrete Sánchez reconoce en su informe que el aumento de las aportaciones del Gobierno al Sistema puede mejorar el servicio de la deuda, pero opina que la puesta en vigor de estos aumentos es incierta debido los desafíos fiscales y presupuestarios del Gobierno.
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