Por redacción de Sin Comillas
Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) ha mantenido la clasificación de la deuda del Gobierno en “CC” porque tiene la certeza de que tras la aprobación de la ley de moratoria se producirá un incumplimiento de pago el 1 de julio. La ley le da al Gobernador el poder de suspender de forma temporal el pago de la deuda. La agencia señala que no se ha informado cuándo espera el Gobernador ejercer estos poderes y si lo hará de forma amplia o de forma selectiva en ciertas deudas.
“Creemos que la débil liquidez del Gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) probablemente dará lugar a un incumplimiento de pago el 1 de julio, con o sin moratoria”, recoge el informe de S&P publicado el miércoles. Aunque destaca que la AEE mantiene negociaciones con sus acreedores. La moratoria podría permitir al Gobierno evadir los pagos de COFINA a partir del 1 de julio con el objetivo de mejorar su liquidez, pero no permitiría evitar el incumplimiento de pago de los GOs el 1 de julio.
La clasificación “CC” es consistente con la opinión de que se producirá, casi con certeza, un incumplimiento de pago en los bonos de Obligaciones Generales, Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) la Autoridad de Carreteras, la Autoridad del Distrito de Convenciones y el Sistema de Retiro de Empleados. La deuda de la AEE tiene una clasificación de “CC” con alerta de crédito negativa y alerta de crédito negativa. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tiene una nota de “CCC-” y una alerta de crédito negativa.
El impacto de la Ley de Moratoria en la AAA es incierto, señala S&P. La corporación pública tenía intenciones de salir al mercado tan pronto se apruebe una legislación pendiente para pagar a los suplidores, evitar un alza en tarifas y lograr fondos para su plan de mejoras capitales. Pero una moratoria podría complicar el panorama.
S&P advierte que podría degradar la clasificación de los bonos a “D” si se produce un incumplimiento de pago y si creen que una declaración de emergencia por parte del Gobierno tendría ese efecto. El próximo pago se vence el 1 de mayo y corresponde a $422.8 millones de una deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). El 1 de julio el Gobierno deberá hacer frente a los siguientes pagos:
- $777.2 millones de GOs
- $224.6 millones de la Autoridad de Carreteras
- $91.2 millones de la Autoridad de Edificios Públicos
- $13.9 millones del Sistema de Retiro de Empleados
- $9.5 millones de la Autoridad para el Distrito de Convenciones
El 1 de julio también se vence el pago de $353 millones de la AEE. S&P cree que el 1 de julio se podrían hacer los pagos de la Autoridad de Carreteras y la Autoridad para el Distrito de Convenciones, porque el fiduciario tiene reservados esos fondos.
