Por Luisa García Pelatti
Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) siguió la senda de Moody’s y Fitch y degradó la clasificación de las Obligaciones Generales de “BB+” a “BB”. La agencia clasificadora de deuda también degradó las notas de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad de Carreteras, el Sistema de Retiro, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad del Distrito de Convenciones, entre otras. Todas las clasificaciones se han eliminado de la alerta de crédito y tienen una perspectiva negativa.
S&P explica que aunque entiende que la ley que permite a ciertas corporaciones públicas establecer un proceso para renegociar su deuda excluye a la deuda de las Obligaciones Generales y Cofina, podría, sin embargo, limitar la liquidez y el apoyo del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a las corporaciones.
La agencia opina que la aprobación de esa ley es un indicio de los crecientes retos fiscales y económico de Puerto Rico, lo que puede desembocar en presiones adicionales en la liquidez a largo plazo. “La aprobación de esa ley muestra un cambio potencial en la voluntad histórica de Puerto Rico de cumplir con sus obligaciones con los bonistas”.
El Presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico David H. Chafey, Jr. y la Secretaria de Hacienda Melba Acosta Febo, en un comunicado emitido de forma conjunta señalaron que “es totalmente incorrecta la insinuación de parte de S&P, que la recién aprobada Ley para la Recuperación represente un cambio a la voluntad histórica de Puerto Rico de cumplir con sus obligaciones con los bonistas. Dicha Ley explícitamente excluye al Estado Libre Asociado, a todos sus municipios, al BGF y a COFINA y de ninguna manera altera nuestros compromisos de honrar la deuda de obligaciones generales, de COFINA y otras deudas relacionadas. El objetivo explícito de la Ley para la Recuperación es proteger el BGF, el Fondo General y la deuda de obligación general (GOs por sus siglas en inglés) concediendo a las corporaciones públicas la oportunidad de alcanzar su autosuficiencia financiera y al así hacerlo no necesitar más el apoyo del Fondo General ni del BGF”. Estas fueron las declaraciones
“Esta administración ha implantado medidas importantes y decisivas con el objetivo de estabilizar la situación fiscal de Puerto Rico, fomentar el crecimiento económico y salvaguardar y reforzar el crédito de Puerto Rico. Estas medidas incluyen la aprobación del primer presupuesto balanceado en 22 años, una reforma integral al Sistema de Retiro de los Empleados públicos, la aprobación de la Ley de Sostenibilidad Fiscal – para el control de gastos operacionales y otras medidas importantes para fortalecer las corporaciones públicas de Puerto Rico. Nos mantenemos firmes en nuestra determinación de superar con éxito esta etapa. Lo haremos recuperando la salud fiscal y poniendo toda nuestra energía en encaminar a Puerto Rico en la ruta hacia la recuperación”.
S&P considera positiva la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2015. Sin embargo, siguen considerando precaria la situación fiscal del Gobierno.
Sobre la deuda de la Autoridad de Carreteras, que S&P degrada varios niveles hasta “B” (la deuda de Puerto Rico con la clasificación más baja) la agencia explica que toma la decisión porque cree que estará entre las agencias que se acogerán a la ley para reestructurar su deuda.
También degrada varios niveles la deuda de Cofina para poner la clasificación más cerca de la de las Obligaciones Generales. S&P opina que el Gobierno podría hacer cambios a Cofina que aumenten la presión sobre el Fondo General. La deuda de Cofina es la única que mantiene una clasificación de grado de inversión.
La perspectiva de la clasificación de la deuda podría cambiar de negativa a positiva si mejoran significativamente las condiciones económicas y financieras y aumenta la liquidez. Pero, por ahora, no cree que eso vaya a ocurrir.
