Por redacción de Sin Comillas
La derogación de la Ley 80 tendrá un efecto catastrófico sobre la economía y provocará una ola de despidos, denunció la organización SOMOS, al salir en defensa de los miles de trabajadores del sector privado que serán directamente afectados por la propuesta de la Junta de Control Fiscal que se debate en la Legislatura.
SOMOS, una nueva organización cuyo objetivo es proveerle una alternativa a las trabajadoras y trabajadores del sector privado en áreas de difícil organización tradicional, se expresó por escrito ante la Asamblea Legislativa. La organización se unió a los opositores de la medida impulsada por la Junta de Control Fiscal, para despojar a los trabajadores de su derecho a recibir una indemnización por parte de los patronos si los despiden sin justa causa.
“No existe garantía alguna de que la reducción de los derechos de la clase trabajadora se traduzca en un aumento de la inversión productiva. Al contrario, lo que sí puede predecirse es que la reducción de la legislación protectora y los derechos laborales tendrá un efecto depresivo en una economía profundamente deprimida”, señaló en la ponencia el abogado Manuel Rodríguez Banch, asesor de SOMOS. Desde que se presentó la llamada Reforma Laboral, SOMOS inició una campaña educativa denominada “Se nos va la Vida”, sobre las consecuencias que el plan de la Junta de Control Fiscal causará en los asalariados del sector privado y los pensionados.
La organización también rechazó en su ponencia otros cambios laborales que, tarde o temprano, la Junta pretende que se legislen, como el bono de Navidad, considerado como parte del salario de los trabajadores. Criticó, además, que los aumentos al salario mínimo excluyan a los menores de 25 años. “La clase trabajadora en Puerto Rico enfrenta las peores condiciones en nuestra historia reciente. Esta situación es mucho más grave para aquellas personas que trabajan en la industria de servicios, en el comercio al detal, en las artes y el entretenimiento, para quienes la negociación colectiva, aunque disponible formalmente, es una aspiración cada día más difícil de alcanzar”, dijo Rodríguez Banch.
La enmienda propuesta también reduce la compensación por represalias o daños, que tiene como objetivo social proteger a aquellas empleadas y empleados que denuncian a sus patronos cuando estos violan las leyes del País. “Esta enmienda, de aprobarse, será un disuasivo para los empleados, pues estarán desprovistos de protección si deciden cooperar con las investigaciones de las agencias gubernamentales”, indica la ponencia.
Asimismo, citó estudios y referencias como el Centro para la Nueva Economía (CNE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estiman estas medidas como detrimentales para la clase trabajadora y para la economía en general. “En el año 2016, el FMI concluyó que la eliminación de protecciones laborales provoca una ola de despidos que debilita la demanda agregada y retrasa la recuperación económica. Contrario a la contención de la Junta, la derogación de la Ley 80 de1976 estimulará los despidos en Puerto Rico y su efecto sobre la economía será catastrófico”, expresó el asesor de SOMOS.
