Por redacción de Sin Comillas
La Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP) desea denunciar los recortes a ser impuestos por el Gobierno y la Junta de Control Fiscal en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Esta medida se suma a un grupo de proyectos de ley y leyes ya aprobadas que responden a una lógica de “pagar la deuda sin auditoría y sin importar el resultado” que redundará en un gran impacto negativo a escalas generacionales al pueblo puertorriqueño, sus instituciones y su economía, comentó su presidente, David Josué Carrasquillo Medrano.
“Por décadas, el sistema universitario del país ha sido percibido por distintas administraciones como uno económicamente prescindible y sus arcas, disponibles para balancear las finanzas gubernamentales”, señala Carrasquillo Medrano en un comunicado, en el que denuncia que el Sistema UPR, a través de la Ley 66 y la derogación de varias becas legislativas, ha dejado de recibir unos $300 millones. “Proporcionar más recortes, no sólo pone riesgo el cumplimiento de los servicios principales y la misión fundamental de la institución, sino que esto representaría un paso substancial hacia la desarticulación y privatización de la Educación Superior Publica”.
“Ciertamente la Universidad necesita varias reformas, a niveles tanto académicos, administrativos, como institucionales, sin embargo, no debe ser un problema encontrar posibles soluciones a la coyuntura ya que a través de los numerosos procesos que la institución ha enfrentado se han producido densos compendios de propuestas e ideas – en especial por los sectores estudiantiles – que merecen ser evaluadas con más seriedad hoy que nunca”, opina la SPP.
Asegura que los recortes empeorarán directamente áreas que actualmente ya son preocupantes: (1) La Universidad sería menos accesible; (2) Esto tendría un impacto severo negativo en las tasas de empleo nacional; (3) Fomentaría el éxodo del capital humano local; (4) Las condiciones laborales del personal docente y no docente sufrirán mayores dificultades; y (5) Se desvincularía aún más el desarrollo de la economía puertorriqueña del desarrollo de su gente.
La SPP se solidarizó con la comunidad universitaria y exhortó al Gobernador y a la Junta de Control Fiscal a respetar la autonomía universitaria.
