Por redacción de Sin Comillas
El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), la Unión General de Trabajadores (UGT), United Steelworkers y PROSOL- UTIER que representan trabajadores y trabajadoras municipales emplazaron a la jueza federal Laura Taylor Swain y a la Junta de Control Fiscal (JCF) a que busquen los recursos económicos necesarios ante la determinación judicial de dejar sin efecto la Ley para la Reducción de Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 del 2019) el cual le impone el pago al sistema de retiro y el plan médico a los municipios.
Los sindicatos señalan que la sentencia tendría un impacto de alrededor de $400 millones en las arcas de los municipios. Los demandantes consideran que la carga económica que se impondrá a los municipios redundará en la quiebra de 40 de ellos y provocará una reducción significativa de los servicios que prestan directamente a la ciudadanía.
