La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, dijo que confía en que el recorte de fondos federales será menor del propuesto, que la Legislatura de Puerto Rico aumentará el presupuesto de su oficina y que los ciudadanos apoyarán con donativos a las organizaciones que sirven a las sobrevivientes de violencia de género.
Cristina del Mar Quiles y Mariela Fullana Acosta | Todas y Centro de Periodismo Investigativo
Mientras las organizaciones que ofrecen servicios directos a sobrevivientes de violencia de género y que trabajan con el tema en Puerto Rico se mantienen en alerta y delineando estrategias ante la amenaza del Gobierno de Estados Unidos de recortar gran parte de los fondos que sostienen su trabajo, la recién confirmada procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, afirma que es muy prematuro actuar.
El pasado 2 de mayo, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Estados Unidos, Russell T. Vought, envió una carta a la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado federal, Susan Collins, en la que reclama un recorte de 22% en los fondos discrecionales. Tradicionalmente, las organizaciones que trabajan por la justicia de género en Puerto Rico se nutren de estos fondos para sostener sus operaciones y proyectos.
Entre los recortes, Vought solicita eliminar 40 programas de subvenciones del Departamento de Justicia federal. También, hace mención de una subvención que otorgó “$2 millones a una organización sin fines de lucro en Puerto Rico enfocada en abordar ‘el racismo estructural y las masculinidades tóxicas’”. La referencia es a Taller Salud, con sede en Loíza, la organización feminista de mayor trayectoria en Puerto Rico.
La carta utiliza, además, lenguaje de transodio para advertir que se deben “realinear” los fondos de la Ley de Violencia Contra la Mujer (VOWA, en inglés) para excluir a las mujeres trans y personas no binarias.
En total, el Ejecutivo Federal pretende que el Congreso establezca un recorte de $1,019 millones en programas de subvenciones estatales y locales.
El apoyo a las organizaciones locales fue uno de los temas principales que abordó la Unidad Investigativa de Género —una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI)— en una entrevista a Piñeiro Vázquez, en su oficina, en la Milla de Oro, en Hato Rey.
CMQ: ¿Ha encaminado algún estudio que indique cuál sería el impacto de estos recortes en las organizaciones que trabajan con la violencia de género?
Estamos al tanto de esa comunicación que sale desde la Presidencia, pero como anteriormente trabajé en el Gobierno federal, reconozco que también hay que dar un poco de espacio, porque una cosa es lo que se propone desde Presidencia y otra es lo que se determina en el Congreso, y todavía es como bien prematuro. Hay muchos congresistas que están al pendiente y esos números podrían variar muchísimo. No deja de preocuparnos, pero todavía queda espacio para que los números salgan de manera distinta.
He estado escuchando a las diferentes directoras de los centros. Sé sus preocupaciones. También las comparto. Por eso, he estado activa en iniciativas como lo es, por ejemplo, Kilómetros de Cambio —un movimiento social que reúne a corredoras para concienciar sobre la violencia doméstica y recaudar donativos para la Red de Albergues de Violencia de Género—. Sé que no es suficiente, pero sí el que haya gente allá afuera que no necesariamente es el Gobierno, que entienda que esto es una preocupación que debería ser de todo el mundo, y que las comunidades y las personas en general nos podemos unir para poder ayudar a las organizaciones sin fines de lucro.
CMQ: Pero, parte importante del financiamiento de estas organizaciones proviene de fondos federales. ¿Tiene algún plan para apoyarles si o cuando estos fondos federales sean recortados?
Solicitamos al Senado, que fue quien nos citó para presentarles nuestra petición de presupuesto para el año que viene, y solicitamos mayor cantidad, presentándole las necesidades que hay y el trabajo que queremos hacer. Con el dinero que tenemos ahora, la realidad es que es retante.
CMQ: ¿Cuál fue la petición?
Actualmente, tenemos un presupuesto de $4.6 millones y solicitamos $9.6.
CMQ: ¿Sería para asignarle ese dinero a las organizaciones que sufran recortes de fondos federales?
Sí, como siempre hemos hecho, pero tener mayor cantidad para contrarrestar las necesidades que puedan tener y que no estén cubiertas.
CMQ: Pero eso no cubriría un recorte como el que se vislumbra…
Estoy consciente de que no es suficiente y he estado reuniéndome con las directoras [de los albergues]. He visto que hay algunas que están más familiarizadas con la solicitud de fondos propios, el acceder propuestas y he visto que es un área en el que podríamos ayudarles, darles el mismo adiestramiento a todas y que todas pudieran acceder a otros fondos.
CMQ: A la OPM también le impactaría directamente, ¿correcto?
Sí.
CMQ: ¿De qué manera?
Lo que pasa es que no quisiera que nos alarmáramos. Se está proponiendo una baja bastante significativa, pero como conozco el proceso, no quisiera que nos alarmáramos, porque sé que esos números van a cambiar. El Ejecutivo demuestra esto, pero en el Congreso se va a pelear y estamos en un congreso federal que está bastante even [parejo entre demócratas y republicanos] en los números. He estado viendo bien de cerca y tengo muy buenos amigos en el Congreso también y sé que se va a estar peleando. PRFAA (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, por sus siglas en inglés) también está haciendo su parte.
MFA: La Gobernadora ha dicho que tiene relación con este Gobierno de Donald Trump, al que ella también respaldó. ¿Ha habido alguna comunicación de su parte con ella sobre este tema?
Hay una preocupación general, aunque obviamente a mí me ocupa OPM. Sí, se ha hablado mucho del tema porque es una preocupación que impacta a las agencias que se nutren de fondos federales, así que sé que estamos de manera activa. PRFAA está bien al pendiente del proceso. Ya estamos haciendo acercamientos con distintos congresistas y yo estoy muy segura de que el impacto no va a ser el que nos ocupa ahora mismo.
CMQ: ¿Hay alguna comunicación con el comisionado residente [Pablo José Hernández] sobre este asunto?
De mi parte, no.
Organizaciones reclaman un plan
Tres líderes de organizaciones que se verán directamente afectadas por estos recortes coincidieron en que el contexto actual requiere un plan urgente, que tome en cuenta las necesidades de las poblaciones a las que sirven.
La presidenta de la Junta de Directoras de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género de Puerto Rico, Coraly León Morales, advirtió que el presupuesto de las organizaciones que administran estos albergues depende entre un 75 y un 90% de fondos federales.
“Es necesaria una respuesta local”, indicó León Morales, quien, por tres años dirigió la Casa Protegida Julia de Burgos.
“Al momento, no hemos escuchado de un plan específico que venga a atender esta situación. Sí, estamos ávidas de escuchar cuáles son las estrategias, pues, en la medida en que pasan las semanas y llegamos al 30 de junio y a finales de septiembre, —fechas en que cierra la mayoría de las subvenciones federales que actualmente sostienen el trabajo— se hace más urgente”.
León Morales dijo que los albergues mantienen una estrategia de diversificación de fondos y realizan esfuerzos de recaudación.
Sin embargo, enfatizó en que estas organizaciones proveen un servicio esencial que el Gobierno no provee, pero que le toca garantizar, pues se trata de la vida de cientos de mujeres y sus hijos cada año.
“Muchos albergues tienen una reserva [de dinero], pero tener la expectativa de que cualquier organización sin fines de lucro va a tener la capacidad de sostener su operación por cuatro años así no es real. Creo en la diversificación de fondos de las organizaciones y, al mismo tiempo, reconozco que hay una responsabilidad del Estado para con muchos de los servicios que ofrecen las organizaciones sin fines de lucro, y la manera de cubrir esa responsabilidad es asignando fondos”, sostuvo.
León Morales reconoció y agradeció el esfuerzo de iniciativas como la que mencionó la procuradora, Kilómetros de Cambio, que además de ofrecer un apoyo económico hace una labor de concienciación para la prevención de la violencia de género.
El año pasado Kilómetros de Cambio otorgó $20,000 a cada uno de los nueve albergues que integran la Red. Este año, la iniciativa tuvo la meta de recaudar $500,000, para distribuirlos entre los albergues, la Red como organización y otra entidad que apoya a niñas sobrevivientes de violencia sexual.
La cantidad que reciben los albergues de fondos federales asciende a cientos de miles de dólares, estableció León Morales.
Recortes a gran escala
Aunque la procuradora no pudo afirmar si ha encaminado algún estudio para evaluar el impacto de las órdenes ejecutivas de Donald Trump en Puerto Rico, la Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM) encuestó a 27 de las 32 organizaciones que integran la Coalición Puertorriqueña Contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual.
El 93% de las organizaciones encuestadas indicó que estas políticas impactarán sus servicios. La mayoría de estas atiende de forma directa a 100 o más sobrevivientes de violencia. Los recortes también impactarán a las personas empleadas y sus dependientes, de las cuales muchas son mujeres, jefas de familia o son la fuente económica principal en su hogar.
Para estas organizaciones, los servicios que principalmente se verán afectados son los de apoyo psicológico individual o familiar, adiestramientos y manejo de casos, y los relacionados a la prevención primaria como educación a la comunidad y campañas educativas.
La directora ejecutiva de CPM, Vilma González Castro, indicó que su organización ha implementado múltiples estrategias: escribió, en enero, al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, aunque no recibió respuesta; solicitó reunión con la OPM, que será a finales de mayo, y se ha reunido con organizaciones de Estados Unidos que trabajan proyectos de atención y prevención a la violencia de género.
La Unidad Investigativa de Género cuestionó al Comisionado Residente sobre la carta enviada por CPM y no contestada por su oficina. En declaraciones escritas dijo que “se cometió un error al no contestar esa comunicación y he tomado medidas para que ese error no se repita”, y proveyó un correo electrónico para que la organización pueda coordinar una reunión con su equipo.
Hernández dijo que se ha unido a expresiones de congresistas en oposición a la congelación de fondos federales, y que es copatrocinador del Equality Act, legislación que busca combatir la discriminación y atender la violencia de género. Señaló que, durante el proceso de asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2026, ha dado prioridad a respaldar iniciativas que financien programas para combatir la violencia de género.
La directora ejecutiva de CPM también llamó la atención sobre los recortes, las prohibiciones y las instrucciones que traen las órdenes ejecutivas en cuanto al uso de lenguaje inclusivo, el reconocimiento del racismo y el machismo, entre otras, y que son motivo de preocupación en términos de la accesibilidad que pueden tener las víctimas sobrevivientes a servicios, al apoyo y a la protección que necesitan.
“El impacto va a ser masivo”, subrayó González Castro. Precisó que el 80% del presupuesto de CPM corresponde a fondos federales. Para otras organizaciones, dijo, los recortes pueden significar su desaparición.
“Me parece que es importante que podamos tener pronto una estrategia y podamos articular cuáles serán las respuestas para afrontar un asunto que podría caernos encima en cualquier momento. Aunque nos estamos moviendo a tener mayor independencia, no es algo que tú logras de un día para otro”, apuntó.
Impacto inmediato
Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud coincidió en la necesidad de un plan del Gobierno y señaló que la Procuradora de las Mujeres, como parte de sus funciones, puede interceder, fiscalizar, proponer y hacer solicitudes, como la asignación de un fondo especial.
Anteriormente, la OPM contaba con un fondo de asignaciones especiales, que era dinero del Gobierno de Puerto Rico. Rosario Méndez propuso que la Procuradora reclame su restablecimiento y que presente un caso ante la Comisión Especial Conjunta de donativos legislativos para que aumente las aportaciones a las organizaciones que dan un servicio a las sobrevivientes.
“Hay que hacer un plan porque las organizaciones nos vamos a ver afectadas. Y el recorte es millonario. No es un recorte pequeño”, expuso.
“El Gobierno de Puerto Rico no puede mitigar el 100% de eso. A las organizaciones, nos va a tocar hacer nuestra asignación, pero la Procuradora puede hacer mucho. Le toca”, indicó.
Rosario Méndez estuvo de acuerdo con la Procuradora en su apreciación de que los números de los recortes finales seguramente cambiarán. Sin embargo, dijo, no puede ser razón para no prepararse con sentido de urgencia. Añadió que el conocimiento sobre los procesos legislativos sirve de muy poco en el contexto actual.
“Nadie conoce el proceso porque el Gobierno de la administración de Trump está operando al margen de la ley, desobedeciendo sentencias de jueces, aprobando órdenes ejecutivas que entran en conflicto con la ley”, enfatizó la líder de la organización feminista.
“Esta es una administración [la administración Trump] que está reinventando los procesos. Es un tremendo liability (debilidad) que pensemos que no debemos prepararnos porque eso sería alarmarnos. Alarmadas estamos y debemos estarlo. Yo creo que es lo responsable”, añadió.
Como ejemplo, mencionó que Taller Salud ya enfrenta la cancelación repentina de los fondos del programa Community Based Violence Intervention and Prevention Initiative (CVIPI) en Puerto Rico, que subvencionaba la iniciativa Acuerdo de Paz, reconocida internacionalmente por logra reducir las muertes violentas en sectores de Loíza. Se trató de los $2 millones a los que hace referencia el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Estados Unidos en su carta del 2 de mayo al Senado federal al hablar de la organización “enfocada en abordar ‘el racismo estructural y las masculinidades tóxicas’”.
Taller Salud tenía la subvención por tres años. Ya utilizó un millón, pero perdió el acceso al otro millón.
“Nos cerraron el acceso a nuestros fondos. Nada de lo que yo sé del proceso federal me sirve en este momento. Me han quitado dinero sin seguir el debido proceso, sin darme una vista. Esa cancelación es ilegal y la hicieron”, sostuvo Rosario Méndez para ilustrar la necesidad de actuar con premura.
