Culebra es una de dos islas municipio localizada a 22 millas náuticas al este de Puerto Rico. Tiene una superficie de 11.64 millas cuadradas y una población de unos 1,792 habitantes, según el censo del 2020. (Foto por José Encarnación Martínez | Centro de Periodismo Investigativo)

Apenas hay vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, hay escasez de boyas de anclaje, se destruyen corales, proliferan los proyectos ilegales y no hay control de impacto ambiental.

Por José M. Encarnación Martínez | Centro de Periodismo Investigativo

CULEBRA — Es un viernes de septiembre y el edificio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) está cerrado. Dos vehículos oficiales están estacionados en la marquesina de la estructura que desde la carretera luce abandonada. Uno de los vehículos está cubierto de polvo y arañas. Un pequeño vehículo todoterreno también está abandonado en la parte trasera del edificio, donde hay boyas rotas, anclajes oxidados y una planta eléctrica deteriorada. En el patio hay una motora acuática y otro vehículo oficial que no sirven.

Las playas de Culebra son de las mejor valoradas por el turismo mundial. Figuran en los rankings internacionales, así como en las guías y campañas de mercadeo que Turismo utiliza para alardear de la riqueza paradisiaca de Borinquen. Más allá del mercadeo y la propaganda que hace el Gobierno para atraer turistas, en Culebra no hay embarcación del DRNA para supervisar las costas, sus reservas naturales o cayos. No hay nadie que fiscalice o atienda los señalamientos de violaciones ambientales, tanto en el mar como en tierra.

Cerca de un centenar de muelles ilegales, la remoción de terrenos sin permisos, la instalación de plataformas permanentes en el mar, anclajes constantes de embarcaciones en zonas prohibidas como los corales, pesca ilegal en las reservas y descargas de aguas usadas son parte de las violaciones que están impactando impunemente una de las zonas más prístinas y valiosas de Puerto Rico ante la negligencia del DRNA, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El Gobierno ni siquiera cumple con su responsabilidad en ley de cobrar el impuesto a los turistas designado hace casi dos décadas con el fin de tener un fondo para la protección ambiental de la isla municipio.

“Lo que pasa en los cayos, la gente que viene en bote y todo lo que pasa en el mar, está prácticamente al garete”, dice Neil Romero, director ejecutivo de la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC). “No hay ningún tipo de vigilancia, con la excepción de las veces que viene la policía marítima y da la vuelta. Y [el U.S.] Fish and Wildlife [Service] también de vez en cuando da su vuelta. Pero no [hay] algo que esté fijamente aquí, que se pueda decir que una lancha sale de aquí todos los días a dar patrullaje”.

Neil Romero, director ejecutivo de la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC). (Foto por José Encarnación Martínez | Centro de Periodismo Investigativo)

Culebra es el único municipio de Puerto Rico que cuenta con una corporación pública de las características de ACDEC, un mecanismo proteccionista creado por medio de la Ley 66 de 1975, luego de la salida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de territorio culebrense, donde, durante cuatro décadas, realizaron prácticas militares. La medida reconoce “las características únicas de esta Isla Municipio” y perseguía el establecimiento de “políticas públicas dentro de las cuales se enmarque la conservación y el desarrollo de Culebra”.

Pero hoy las funciones de esta corporación pública adscrita al Municipio de Culebra están más que limitadas, principalmente por inacción del DRNA, que no atiende las querellas de violaciones ambientales allí. ACDEC tiene la obligación de velar por el desarrollo sustentable de Culebra, y aunque tiene la autoridad para hacer cumplir la ley, cuenta con ocho empleados que no son distribuidos para asumir tareas de vigilancia, sino que están ubicados en funciones administrativas o en el manejo del balneario, afirmó su director.

Aunque la Ley 66 establece que “ninguna agencia aprobará obra o proyecto privado alguno en relación con la Isla de Culebra que conflija con los planes y políticas formuladas y adoptadas” y que se “deberá obtener un endoso favorable” de ACDEC antes de cada desarrollo, hay construcciones sin permisos y otras obras que reciben el visto bueno de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) sin antes ser aprobadas por ACDEC, como establece esa medida.

Y es que en el marco de la consolidación de agencias al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) durante la administración de Ricardo Rosselló, la Ley 141 de 2018 estableció que “se transfieren al Departamento (DDEC) las funciones relacionadas con permisos que antes ejercía la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC), […] de manera que se puedan uniformar las políticas y procedimientos para la conservación, desarrollo y uso de terrenos en dicha Isla Municipio para que sean consistentes con la política pública del Gobierno y las iniciativas impulsadas a nivel estatal”.

El problema de los permisos viene arrastrándose desde mucho antes.

“Mi gente no puede meterse en ningún terreno a cuestionar”, explica Romero. “La gente nos llama y nosotros [ACDEC] vamos, tomamos fotos de lo que hay, pero ahí se queda. Si se presenta una querella formal, pues esa querella se envía a la oficina del DRNA y a ellos les corresponde manejar la situación. Después de hacer esa gestión, nosotros [en ACDEC] no podemos hacer nada. Uno quisiera pararlos, pero se imposibilita”. Aunque la ACDEC tiene la facultad para emitir órdenes de hacer y deshacer, como también de cese y desista, no tiene la potestad para arrestar o procesar a los violadores de leyes ambientales. Romero no precisó cuántas querellas ACDEC ha formalizado en el DRNA.

Un ejemplo de las consecuencias del limbo que Romero señala está justo al frente de la Playa Melones, a solo unas calles del terminal de lanchas y del centro urbano. A pesar de no contar con un endoso de ACDEC, metieron máquinas a un terreno y deforestaron una cuenca, a pesar de ser una zona vulnerable por su cercanía al mar. No se instalaron barreras de control de sedimentación. Esto provocó que con las lluvias, el sedimento terminara en el agua, convirtiéndose en una amenaza para el ecosistema marino. Un letrero clavado en el área identifica como dueño del terreno a Ricardo Vázquez González y al agrimensor José Trinidad. “Permiso de Corteza Terrestre”, lee el anuncio en la parte superior. También se incluye que la solicitud era para “limpieza de capa vegetal”. Esta escena se repite en diferentes puntos de Culebra.

Años de inacción

Hace años no hay control de lo que se hace en los terrenos de la Isla Municipio, concluye un informe donde se analizó la otorgación de permisos en Culebra entre 2014 y 2021 hecho por el biólogo Alfredo Montañez Acuña, facilitador de la Junta Asesora Comunitaria para el Manejo Colaborativo de la Reserva Natural Canal Luis Peña.

El análisis sostiene que más del 25% de los permisos otorgados en este periodo pueden ser ilegales. Esos permisos fueron otorgados, específicamente, a proyectos que, según el Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental, no tendrían un impacto ambiental significativo. A esos proyectos se les conoce como DEC o “exclusiones categóricas”, y no requieren un análisis profundo de impacto ambiental. La OGPe recibió, al menos, 262 solicitudes de esta naturaleza entre 2014 y 2021 para 168 números de catastros en Culebra, según el informe, que se presentó a la administración municipal. La aprobación de cada una de las DEC potencialmente ilegales se dio en promedio, en 2.5 días, de acuerdo con el análisis.

Asimismo, se señala que las 183 exclusiones categóricas aprobadas potencialmente ilegales fueron gestionadas en, al menos, 43 números de catastros distintos.

Hace dos años la administración municipal de Culebra junto a entidades locales, federales y sin fines de lucro, se reunieron con el objetivo de frenar el desarrollo irregular por medio de las exclusiones categóricas. El reclamo era que OGPe no otorgue permisos por vía de exclusión categórica o DEC y que el DRNA delegue en ACDEC y el Municipio, la administración de la zona marítimo terrestre, así como los terrenos ganados al mar. Ese reclamo, a pesar de haber sido presentado en aquel encuentro interagencial con representantes de OGPe, así como de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), el Cuerpo de Ingenieros y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), no ha resultado en nada.

“Los resultados demuestran que aún la OGPe está aprobando, o sigue permitiendo, que se aprueben exclusiones categóricas (DEC) sin cumplir con los criterios establecidos por la orden administrativa del DRNA. Estas DEC fueron aprobadas principalmente para construcciones, seguido por permisos de uso, reconstrucción o remodelación y segregación de solares”, leen los comentarios de Montañez Acuña, que dos años más tarde resuenan con el ejemplo de Playa Melones, en la proliferación de muelles ilegales y el resto de las problemáticas ambientales que no se atienden. Al presente, Montañez Acuña se reafirma en su lectura de hace dos años. “Se ha debilitado una estructura [ACDEC] cuyo principio fue evitar que ocurran estas cosas en Culebra […] y la siguen debilitando, en la medida que se toman decisiones sin considerar el verdadero impacto que las iniciativas pueden tener”, señaló.

La mayoría de las construcciones señaladas en el informe de 2021 eran residencias, trailers o campers. También se aprobaron DEC para la construcción y reparación de muelles que no cumplen con la ley. El documento, además, señala que por lo menos el 44% de las exclusiones categóricas potencialmente ilegales aprobadas entre 2014 y 2021 en Culebra estaban a 50 metros del deslinde aprobado en 2018 y el 60% a la misma distancia de la línea de costa.

Vigilancia que no previene

Una inspección técnica que realizó el DRNA en noviembre de 2022, en respuesta a una querella de impacto ambiental en Playa Dátiles, ejemplifica el nivel del desorden culebrense en cuanto a la prevención de los recursos naturales.

“El lugar impactado no tiene permiso de OGPe, letrero, o cualquier indicio de ser un proyecto aprobado o endosado por ACDEC”, lee el informe. Se especifica que es una parcela con recursos naturales únicos y que “parte del impacto ocurrió en la Zona Marítimo Terrestre”. De hecho, la práctica de usar maquinaria pesada y completar los trabajos de remoción de vegetación se dio en esta ocasión sin ningún impedimento gubernamental, como ocurrió recientemente en Playa Melones.

El informe del DRNA reconoció, además, que especies importantes en peligro de extinción y protegidas a nivel estatal y federal pudieron haber sido afectadas sin dejar mayor evidencia en la zona.

“La sedimentación causada por el movimiento de terreno puede afectar directamente a ecosistemas de hábitat crítico para la tortuga verde o peje blanco (tortuga marina) al afectar las especies Thalassia Testudinum (hierba de tortuga) y Syringodium Filiforme (hierba de manatí)”, lee el documento. Desde 1998 las aguas que rodean Culebra fueron designadas hábitat crítico para la tortuga verde.

Asimismo, “en el lugar se extrajo material terrestre de un cerro aledaño para rellenar un humedal que da acceso a la zona” y el oficial que redactó el reporte señaló que apreció daños al ecosistema “que ocurrieron en semanas o meses pasados al impacto descrito en este informe”. El daño quedó documentado, pero no se evitó.

“Necesitamos que las cosas se hagan como el plan de ordenamiento [territorial] dictamina”, insiste Romero, quien asegura que la situación actual “es bien frustrante”, porque las violaciones ocurren sin consecuencias. “Tan pronto hay una persona con terreno para vender, enseguida aparece un comprador y muchos impactan el terreno como si nada, como si esto fuera tierra de nadie”.

Nave al garete

Al momento de la visita del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) no había un solo vigilante del DRNA en Culebra. Posterior a la visita, tres cadetes se graduaron de la academia de vigilantes para dar servicios en la Isla Municipio. Es la primera vez en el año que hay vigilantes del DRNA destacados en Culebra desde que Romero llegó a ocupar la silla de director ejecutivo de ACDEC, en febrero. Su mayor preocupación ahora mismo “es poder contener todo lo que se está haciendo clandestinamente”. “Es mucho”, de acuerdo con el funcionario. Reconoce que no existe un inventario de ilegalidades o desarrollos que incumplen con la ley. ACDEC se limita a dar o negar endosos. Tampoco cuentan con una lista de las querellas sometidas al DRNA. La falta de personal los limita en ese aspecto, según dice, aún cuando esta corporación pública tiene más empleados que el DRNA en la isla municipio.

ACDEC opera con un presupuesto anual de medio millón de dólares, de los cuales casi $200 mil corresponden al pago de nómina y fondos relacionados.

Más allá de las construcciones ilegales, las embarcaciones están anclando en arrecifes, en zonas protegidas y se ha normalizado el descargue de aguas usadas en la bahía. La construcción de muelles ilegales también está sin control.

Ante la inacción de las agencias gubernamentales, un grupo de líderes comunitarios trabajó un inventario de boyas de anclaje. De 93 boyas de anclaje que a través de los años se instalaron en las aguas de Culebra, hasta septiembre se habían perdido 58. Las que quedan, en su mayoría, están en mal estado, según el inventario que levantó la comunidad. Esto provoca anclajes ilegales en arrecifes cuando llegan cientos de botes a Culebra, así como la entrada de embarcaciones a zonas prohibidas y encallamientos.

Contrario a los protocolos existentes en las Islas Vírgenes estadounidenses , donde se cobran tarifas anuales entre $10 y $20 por cada pie que mida la embarcación, en Culebra no existen reglamentaciones de este tipo. No se paga por anclar en las aguas de Culebra y no se realizan informes de estadía en las aguas. Llegan las embarcaciones, anclan y pueden permanecer años sin que pase nada.

De acuerdo con el inventario de boyas de anclaje que realizó la comunidad hasta septiembre, en la Playa Carlos Rosario de Culebra habían diez boyas de anclaje, y quedaban dos. En Tamarindo Grande, habían nueve boyas de anclaje y quedaban tres. En Playa Tamarindo, había 11 y quedaban tres. En Playa Melones se instalaron seis y solo quedaba una. En Punta Soldado también había una boya de anclaje de las dos que hubo. En la reserva Luis Peña se supone que habían seis y quedaban dos. En Dákiti se contaron 22 y se habían perdido nueve. Entre la bahía Almodóvar y Punta Vaca se perdieron cuatro de 13 boyas de anclaje que habían. Y en Culebrita, de 14 boyas de anclaje solo quedaba una.

Las boyas de anclaje se pierden por causas naturales, como huracanes y marejadas, así como por el exceso de uso, la falta de mantenimiento o la presión de embarcaciones de gran tamaño que no están supuestas a anclarse en ellas y que en ocasiones permanecen meses, y hasta años sin que el DRNA tome acción.

“El Municipio de Culebra no tiene ningún tipo de jurisdicción para bregar con ese asunto [de las boyas de anclaje]”, aseguró el alcalde Edilberto “Junito” Romero Llovet cuando se le preguntó por el estatus del mantenimiento de las boyas de anclaje. Esa responsabilidad le corresponde al DRNA, quienes en agosto, a un mes de que se cumplieran seis años de los huracanes Irma y María, comunicaron a la comunidad que realizarían una visita a Culebra a finales de septiembre “para saber exactamente qué anclajes necesitan ser reemplazados”. Detallaron, sin embargo, que la sustitución de cada sistema de anclaje y amarre previamente instalado requiere permiso de agencias federales. Eso último también se dijo hace dos años en la reunión interagencial, pero nada pasó.

“Recibimos la aprobación de un permiso del USACE (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos) para la reinstalación de gran parte de los sistemas de boyas de amarre instalados en Fajardo y Culebra. Además, se presentó un reclamo a FEMA por las boyas de amarre y sistemas de fondeo que fueron afectados por los huracanes Irma y María. El reclamo a FEMA está muy avanzado y esperamos la aprobación pronto”, lee la comunicación de Edwin Rodríguez, biólogo de la División de Recursos Marinos del DRNA.

“Además, con la información recopilada durante la semana que visitemos Culebra, se emitirá otro permiso [para realizar trabajos de mantenimiento en el mar]. Se está trabajando en el Cuerpo de Ingenieros para reemplazar las boyas de amarre que no son cubiertas bajo el permiso aprobado recientemente. Los anclajes de Culebra han estado instalados durante muchos años y han sido usados ​​en exceso por embarcaciones de recreo. Las boyas son de uso diurno y algunas embarcaciones pernoctan y otras suelen hacer rafting, acciones que provocan la fatiga del metal y la eventual rotura del ancla y amarre sistema”, manifestó Rodríguez.

El Alcalde, por su parte, señaló que el problema de los anclajes y descargas de aguas usadas en la bahía es de décadas. “Vienen, se quedan ahí a vivir y descargan ahí mismo. No tenemos mano de obra y el dinero hay que buscarlo. Hay ideas, pero no hay recursos para ejecutar”.

El mandatario municipal es quien preside la Junta de ARDEC, cuerpo al que responde Neil Romero como director ejecutivo. “El problema es que los procesos son muy lentos, por la burocracia”, añadió el Alcalde, al reconocer que hace “mucha falta” instalar boyas de anclaje en la Reserva Marina Luis Peña. Recuerda que sostuvo reuniones con el exsecretario del DRNA, Rafael Machargo. “Tuvimos reuniones con Machargo para que la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra y el Municipio tuvieran la jurisdicción de trabajar con los muelles ilegales y con las boyas. Quedó en nada, porque no recibimos contestación”, destacó el alcalde.

El Alcalde, quien fue vigilante del DRNA por alrededor de 25 años, reclamó la puesta en vigor de un cargo de dos dólares a la tarifa del ferry, que actualmente es de $2.25, “para toda persona que visite Culebra y no sea residente”. Dijo que eso “ya es un hecho”. Espera que “antes de que finalice octubre” la empresa operadora del transporte marítimo, HMS Ferries, se encargue de cobrar el cargo a los visitantes y, luego, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) reciba el dinero “para trimestralmente transferirlo al fondo especial del Municipio”. El Alcalde aseguró que el cargo se aplicará únicamente a los que viajen con fines turísticos. “A las personas que viajan para trabajar no les aplicará el cargo”, sostuvo.

El dinero de ese fondo especial iría a proyectos para la conservación y protección ambiental de Culebra. No es nada nuevo, es hacer valer una ley que data de hace 19 años y quedó en nada. La Ley 293 del 2004, fue firmada por la gobernadora Sila Calderón “a los fines de financiar los trabajos de preservación y mantenimiento ambiental de la Isla de Culebra, establecer una política pública de preservación ecológica, estructurar un programa de educación ciudadana sobre el valor ambiental de Culebra, y habilitar un programa de normas de comportamiento de los visitantes de Culebra”.

Cada año, más de medio millón de turistas visitan Culebra. Por lo menos $20 millones se hubieran podido recaudar por este concepto desde 2004.

“Yo estoy loco que esa ley la pongamos en vigor a finales de octubre”, exclamó el mandatario municipal. “Porque puedo crear unos policías municipales ambientales que hagan valer las leyes regulares y ejecuten las construcciones ilegales, los muelles ilegales y las remociones ilegales”, aseguró.

De acuerdo con el alcalde, el nuevo Código de Orden Público de Culebra, aprobado en mayo de este año, faculta a la policía estatal para dar multas si se está haciendo algo sin permiso de ACDEC. Sin embargo, esto no se ha puesto en vigor en los pasados cuatro meses. “Con eso esperamos tener un control. Primero, se dará un boleto de cortesía [a la persona que esté actuando sin visto bueno de ACDEC]”. Culebra era un municipio sin Código de Orden Público. “Ahora con el código, puedo llamar a la policía y dar multas”, dijo el funcionario, al subrayar que esta es una alternativa para comenzar a contener las diferentes problemas ambientales.

Proliferan los muelles ilegales

El Alcalde participó de los conteos de muelles en Culebra cuando era vigilante del DRNA. Recuerda que se contabilizaron poco más de 100 muelles antes del huracán María. Luego de la pandemia, la cantidad de muelles ha incrementado en más de un 46%. El CPI realizó un conteo a través de una toma satelital e identificó, que para el 2015 había, por lo menos, 114 muelles. Hasta febrero de 2023 esa cifra aumentó a 167. 

“El problema ahí es ambiental, porque la gran mayoría de esos muelles no cumplen con las leyes ambientales”, sentenció el mandatario. “[Muchos de esos muelles que se construyeron sin el visto bueno de las autoridades] no permiten que entre la claridad, se construyen donde hay manglares, las luces no son aptas y dañan las praderas marinas”.

Romero Llovet espera que ahora con los tres cadetes recién graduados de la academia de vigilantes del DRNA se pueda comenzar a intervenir. Pero necesita, a su juicio, dos vigilantes más para cubrir las necesidades. La crisis eterna, de acuerdo con el Mandatario municipal, es la división legal del DRNA. Los vigilantes pueden someter todas las querellas, pero el proceso burocrático “es muy lento”.

“Siempre he pensado que la división legal del DRNA la deben eliminar. Se interviene, pasan años y los casos no se ven”, aseguró. “Trabajé en DRNA y me tocaba trabajar turnos solo [como vigilante]. Ahora tienen que haber dos o tres [vigilantes] en una embarcación. Yo me montaba solo e intervenía solo. Me metía al canal, movía embarcaciones solo y daba boletos solo. Y la división legal del DRNA casi siempre era un obstáculo”, puntualizó.

El CPI solicitó una reacción al DRNA y no obtuvo respuesta.

Pesca en la reserva Luis Peña

Lourdes Feliciano Morales es la presidenta de la Junta del Canal Luis Peña, la primera área marina protegida de “no-pesca” designada en las aguas de Puerto Rico, en 1999. Asegura que “el problema en Culebra es enorme”, haciendo referencia al cúmulo de situaciones que condicionan la calidad de vida en este lugar.

“Están pescando en la reserva especies que están en veda”, asegura la líder comunitaria. “Algunas de esas personas no son ni pescadores nativos”. Hace referencia a los tentáculos del turismo y a la demanda de los comercios, un fenómeno que no va a la par con las realidades de la Isla Municipio, donde apenas hay mercados que satisfagan la oferta de los restaurantes. Pescan indiscriminadamente el carrucho, las langostas y los meros, entre otras especies. La falta de supervisión en las aguas de Culebra complica la misión de referir ilegalidades. “El pescador nativo está viendo cómo destruyen lo que tanto costó defender”, dice.

Para Feliciano Morales el asunto de las boyas se extiende, además, a la demarcación de reducción de velocidad en el canal de Ensenada Honda. En sus 65 años, la líder comunitaria nunca había visto tantos manatíes como los que ve en estos días. “Ayer perdimos uno. Necesitamos las boyas para que por lo menos respeten un poco esa área. Se navega con una velocidad desmedida en la bahía. Si no tenemos vigilantes suficientes, que por lo menos tengamos a la policía en las aguas de Culebra. Algo hay que hacer, porque, ¿de qué vale que nos hayamos dedicado por tantas décadas a defender y proteger nuestros recursos?”.