Por redacción de Sin Comillas
“Continuaré luchando sin descanso por la inclusión de disposiciones justas y apropiadas para Puerto Rico dentro del proyecto de Omnibus hasta el momento en que la legislación se convierta en ley. Le recuerdo a los líderes de Cámara y Senado federal que el territorio americano de Puerto Rico enfrenta una crisis económica y fiscal sin precedente. El gobierno federal le ha puesto su atención a esta crisis; pero ahora le toca actuar”, comentó el Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, sobre las negociaciones que se llevan a cabo en el Congreso de Estados Unidos. Y añadió que “si el Congreso no toma acción, las consecuencias de su inacción serán tan severas como predecibles”.
“Irrespectivo de quien tenga la culpa de la crisis actual—y todo observador objetivo admite que la responsabilidad es compartida entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal—es un hecho el que Puerto Rico está encaminado a dejar de cumplir algunas obligaciones con sus acreedores en los próximos meses o a fallar en proveer los servicios esenciales a sus 3.5 millones de ciudadanos americanos, poniendo en riesgo la calidad de vida en Puerto Rico y causando que aún más residentes de la isla se muden a los estados. Cualquiera de esos dos resultados sería catastrófico”.
Pierluisi señaló que “por meses, he estado proponiendo medidas serias, realistas y justificadas que el Congreso puede adoptar para ayudar a Puerto Rico a evitar caer en esa situación. Entre mis propuestas hay proyectos de ley que no le costarían un centavo a los contribuyentes de Estados Unidos. Como mínimo, el Congreso debe proveerle a Puerto Rico la autoridad que tiene todo estado—es decir, el poder de ajustar parte de sus deudas en un proceso justo, ordenado y supervisado federalmente—o el Congreso debe autorizar al Departamento del Tesoro que tome acción para asegurar que Puerto Rico tenga la capacidad de honrar sus obligaciones financieras con los acreedores. El Congreso también debe aprobar la legislación que he radicado para revertir el trato discriminatorio que recibe Puerto Rico bajo los programas federales de salud, de créditos contributivos y otros. Estas disparidades son inmorales, y a la vez, son la principal causa de sus problemas económicos, fiscales y de deuda excesiva. Como he dicho anteriormente, sólo si el Congreso actúa sobre estos asuntos, entonces no me opondría a la creación de una junta o consejo federal temporero que supervise las gestiones fiscales del gobierno de Puerto Rico”.
