Por redacción de Sin Comillas
El Senado aprobó, con 14 votos a favor y 11 en contra, el segundo informe de Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1003. La medida autoriza una emisión de bonos de Obligación General que es parte del Séptimo Plan de Ajuste de la Deuda y era una de las exigencias de la Junta de Control Fiscal para llevar el Plan al Tribunal para su confirmación.
El proyecto también incluye un asignación anual de $500 millones para la Universidad de Puerto Rico durante un periodo de cinco años y una enmienda al Plan que evite los recortes de las pensiones de los empleados públicos.
La Junta de Control Fiscal dijo en declaraciones escritas en la noche del martes que “evaluará cuidadosamente la legislación aprobada a fin de determinar si facilita la confirmación del Plan de Ajuste”.
Sobre los municipios, el documento aprobado manifiesta el apoyo a la asignación de fondos adicionales para los municipios y la continuidad de los servicios esenciales que ofrecen.
En términos de salud, la medida establece apoyo a planes médicos razonables para los empleados del gobierno central que beneficiaría a más de 60,000 trabajadores y familias puertorriqueñas. Establece la meta de aumentar la población que tiene cubierta médica. El propósito de esta iniciativa es extender y/o facilitar el acceso a cubiertas médicas a unos 225,000 ciudadanos que hoy carecen de planes médicos.
Busca establecer un mecanismo que le permita al Gobierno de Puerto Rico adelantar los términos de pagos y cancelación de deuda después que termine la Junta bajo PROMESA. “Este mecanismo tiene el único propósito de autorizar al Gobierno de Puerto Rico a refinanciar los acuerdos de pagos de la deuda después que termine la Junta bajo PROMESA, con el único objetivo de acelerar o saldar los pagos acordados, de conformidad a Ia situación fiscal futura y sin afectar los servicios esenciales y prioritarios del Gobierno de Puerto Rico”.
Además, establece un grupo de trabajo conjunto entre la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva. Esta iniciativa tiene el objetivo de diseñar la legislación que sea necesaria para asegurarnos que, una vez concluya el proceso de reestructuración de la deuda pública, el Gobierno de Puerto Rico no vuelva a endeudarse sin tener los recursos económicos para cumplir sus obligaciones del pago; ni vuelvan a repetirse las prácticas indebidas de aprobar presupuestos desbalanceados, con estimados de ingresos irreales o gastos excesivos.
