Ejecutivos de Mapfre durante la vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros. (Foto suministrada)

La OCS dice que los asegurados se quejaron de que las ofertas de las aseguradoras eran muy bajas

Mapfre señala que la cantidad reclamada era muy alta y habla de reclamaciones sobreestimadas o fraudulentas

Por Luisa García Pelatti

Unas 1,800 reclamaciones por daños ocasionados por el huracán María (septiembre, 2017) todavía no se han pagado. De éstas, unas 1,400 son reclamaciones que están en litigio en los tribunales, según datos de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). Estas reclamaciones pendientes de resolver representa sólo el 0.06% del total de reclamaciones que se presentaron.

Los datos salieron a relucir durante la vista pública de la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros sobre el Proyecto de la Cámara 1533. La medida busca enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico (Ley 77-1957) para permitir que la OCS intervenga en los desacuerdos con la valoración de los daños a la propiedad y la oferta de la aseguradora.

Mientras los asegurados dicen que las compañías ofrecieron pagos muy por debajo de las pérdidas reclamadas, las aseguradoras hablan de fraude y de que se inflaron las pérdidas sufridas.

La Legislatura busca darle poder a la OCS, el regulador de las aseguradoras, para que pueda proteger a los asegurados. “En busca de remedios y acelerar los procesos en beneficio de los asegurados, lo que exploramos con este proyecto de ley es añadir poder y facultad al Comisionado de Seguros de Puerto Rico para que determine la valorización de los daños en las reclamaciones de seguros, permitiendo que intervengan con el procedimiento de reclamaciones de seguros. Esto, con el propósito de evaluar si la oferta del asegurador es razonable y cumple con los valores reales”, sostuvo la presidenta de la Comisión, Estrella Martínez Soto.

La Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) y la compañía de seguros Mapfre se oponen a la medida. Consideran que no es necesaria para resolver “una minúscula parte de un problema” y que no existe un problema sistémico que requiera la intervención de la Legislatura. Alertan, además sobre el potencial conflicto de intereses de la OCS.

“A pesar de todos los obstáculos, y si bien es cierto que varias reclamaciones de seguros han llegado a los tribunales, de todas las reclamaciones presentadas ante los aseguradores sólo resta resolver el 0.06%. Esto demuestra que la industria de seguros sí ha respondido a sus asegurados”, señaló Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE).

Mapfre, que era la aseguradora con mayor participación en los seguros de propiedad para ese entonces, procesó 70,820 reclamaciones con motivo del huracán María y pagó más de $1,379 millones. Asegura que en el 2018 se habían cerrado el 98% de las reclamaciones. Sólo el 2% de las reclamaciones llegaron a los tribunales.

“Habiendo asegurado tantos riesgos era posible que hubiera casos excepcionales que generaran controversias sobre cubierta y valores de pérdidas. Sin embargo, legislación como la que es objeto de análisis no puede ser aprobada para resolver una minúscula parte de un problema, causándole mayores daños a toda una industria”, manifestó Hilda Surillo, vicepresidenta ejecutiva de Mapfre.

“Es nuestra experiencia, que los problemas con ajustes y los litigios que han generado litigios son atribuibles a la actuación de determinados ajustadores públicos con reclamaciones sobreestimadas o fraudulentas”, aseguró.

Según Mapfre, en los casos cerrados de reclamaciones del huracán María durante el año 2022, lo aceptado por el asegurado o reclamante, representado por abogado, y pagado resulta ser solo un 10% del total reclamado. En 2021, ese porcentaje fue de 12%. En los 289 casos de huracán cerrados durante el 2022, lo pagado en virtud de sentencia por transacción o adjudicación por el Tribunal, representan al final un 15% de la cuantía total reclamada en demanda. “Estos datos reflejan que donde hay una distorsión es en la cantidad reclamada y no en alegadas ofertas bajas”, explicó Surillo.

Mapfre dice haber denunciado ante la OCS sobre posibles actuaciones fraudulentas por parte de asegurados y ciertos ajustadores públicos para que sean investigados.

Quien sí avaló el proyecto fue el presidente de la Federación de Condominios y Control de Acceso (FEDCCA), Ignacio Veloz, que reveló que hay más de 100 condominios a los que las aseguradoras todavía no han pagado las reclamaciones por los daños causados por el huracán María. “Por la falta del pago, muchos condominios tuvieron que acudir a los ajustadores públicos y luego a los abogados para poder obtener una compensación justa para poner como estaba el condominio antes del Huracán María”, dijo Veloz.

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams, que respalda la medida, explicó que su oficina no pudo ayudar a los asegurados que acudieron a su oficina reclamando haber recibido ofertas “sumamente bajas” de las aseguradoras porque la ley no le permite intervenir. No ofreció cifras del número de reclamaciones presentadas en su oficina.

El proyecto, asegura, permitiría a la OCS evaluar si la oferta del asegurador es razonable. Pidió que la medida se limite a controversias sobre el ajuste de la reclamación, específicamente de seguros de propiedad. Propone que el proyecto especifique que “la intervención de la OCS será en controversias de valoración de reclamaciones de seguros de propiedad surgidas luego del ajuste de la reclamación realizado por el asegurador” y donde el valor de la reclamación de la propiedad no supere los $300,000.

“Son esas reclamaciones de propiedad las que hemos identificado que cubren a mayor cantidad de asegurados y reclamantes, y que los costos de un litigio prolongado en los tribunales para vindicar una discrepancia con la oferta y valoración de su reclamación frustra su derecho a que se revise la propuesta de pago del asegurador”, asegura.

El Comisionado niega que exista un conflicto de interés en su rol de regulador de las aseguradoras y la intervención en las disputas entre éstas y los asegurados.