Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Productos de Puerto Rico (APPR) propone el establecimiento de un Grupo de Diálogo Contributivo, integrado por el sector privado con expertos en economía, finanzas y aspectos contributivos, que junto a representantes del Gobierno desarrolle un proyecto sustitutivo a los cambios propuestos a Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y presenten un informe con recomendaciones en o antes del 17 de junio, para que puedan ser evaluadas y aprobadas antes del 30 de junio.
“Si deseamos resultados rápidos y con sustancia, necesitamos una estructura para ese grupo de trabajo que también sea ágil y balanceada. Por eso recomendamos que no exceda de 10 miembros: 5 del sector privado y 5 del gobierno”, comentó Manuel Cidre, presidente de la APPR, que sugirió que el Comité esté compuesto por: el presidente del Colegio de CPAs, el presidente de la Asociación de Economistas, y tres miembros del sector privado a ser designados en cónclave de dicho sector. Para representar el sector gubernamental se recomendó la participación de los presidentes de ambos cuerpos legislativos, la Secretaria de Hacienda, el Director de OGP y un representante del Gobernador.
“Sabemos de la buena intención del Gobernador de estabilizar las finanzas del País, pero la alternativa planteada no es opción. Hacemos un llamado urgente al Gobernador y su equipo económico para que consideren esta opción antes de que se provoque un estancamiento adicional de la economía y, por ende, un ambiente en el que no se podrán generar empleos. El sector que tiene a su cargo generarlos tendrá las manos atadas. O lo pagamos en IVU o movemos la economía con más empleos donde más gente pueda contribuir a los recaudos que necesita Hacienda y el País”, señaló el presidente de la organización que representa la industria nativa.
El presidente de APPR destacó que cada semana surgen propuestas diferentes que arrojan más dudas ante la ausencia de información confiable. “El gobierno anuncia nuevas concesiones a determinados grupos propiciando luchas de clases y reafirmando la falta de un análisis cuidadoso y serio de las realidades actuales de los distintos sectores que se supone contribuyan a recaudar lo que necesita el Gobierno para cuadrar sus finanzas”, recalcó.
Según Cidre, esa misma incertidumbre ha dado lugar a una lucha entre clases profesionales para ver quién puede lograr una exención, lejos de abonar a un análisis justo y objetivo de alternativas que no impacten severamente el desarrollo de una economía ya maltrecha.
