Por redacción de Sin Comillas
Las pérdidas económicas por el hurto de cables telefónicos se han reducido de $10 millones a $2 millones en el 2011, según datos de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT). La reducción se ha prodicido gracias a los esfuerzos del Comité Interagencial y Multisectorial para el Hurto de Cobre y Metales.
“La misión del Comité Interagencial y Multisectorial para el Hurto de Cobre y Metales es aunar esfuerzos entre las agencias gubernamentales, municipales y la empresa privada para atacar el hurto de cobre u otros metales, los cuales causan pérdidas millonarias y atentan contra la vida y seguridad de los ciudadanos; además de atentar contra la Seguridad Nacional de la Infraestructura de Puerto Rico”, explicó Sandra Torres, presidente de la JRT.
Este Comité, organizado en el 2010 para combatir las pérdidas calculadas en $100 millones anuales por el hurto de cobre y metales, está compuesto por la JRT, la Policía, el Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General de Permisos, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Comisión de Servicio Público, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Asuntos del Consumidor, la Junta de Calidad Ambiental y CLARO, entre otros.
“Entre el 2010 y 2011 hemos cerrado 108 centros de acopio por falta de permisos de las agencias que tienen inherencia en las leyes que regulan estos centros”, explicó Torres. La última intervención realizada por este Comité se llevo a cabo en las Parcelas Hill Brothers Norte en Río Piedras, donde se arrestaron dos dueños de centros de acopio en esa área por violaciones a la Ley 41 del 3 de junio de 1982, según enmendada por la Ley 53 del 8 de marzo de 2012, por operar sin permisos y tener balanzas sin ser inspeccionadas.
“Además, se han arrestado 66 personas, 138 han sido denunciados y se han sometido 104 casos bajo la Ley 53. Estamos siendo bien efectivos en combatir esta actividad delictiva que, al final del día, nos afecta a todos”, detalló la presidenta de la JRT.
La Ley 53 establece medidas restrictivas mucho más severas al mercado de compraventa de cobre y otros metales en Puerto Rico. Impone penas más altas a los centros de acopio por la compra de metales hurtados y a estos se les reguló el horario de operaciones; permitiendo así que la Policía pueda inspeccionarlos en horarios diurnos y así detectar posibles actos ilegales.
“Entre otras cosas, la Ley dispone que cada centro debe llevar un registro detallado de las personas que venden los materiales y el pago por el producto deberá realizarse mediante cheque. En el caso de los transportistas, estos deberán registrarse con la Policía de Puerto Rico como trabajadores bona fide y los vehículos o piezas de vehículos que sean llevados a estos centros deberán tener una certificación del Departamento de Transportación y Obras Publicas de que el vehículo fue dado de baja”, puntualizó Torres.
