Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal le pidió al Gobierno que elabore un plan para que las ayudas lleguen a los sectores más vulnerables de la población: unas 200,000 personas que por lo regular no son elegibles para recibir desempleo, a los que los reembolsos de fondos federales no llegan con facilidad y a los que necesitan mucho más apoyo. La Junta sugirió que la manera más eficaz de alcanzar esta población es mediante las organizaciones comunitarias u organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan incansablemente dentro de estas comunidades.
El solicitud surge tras una reunión entre el presidente de la Junta, José Carrión, y la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, con la Gobernadora Wanda Vázquez Garced. La reunión estuvo enfocada en la propuesta del Gobierno para emitir cheques de incentivos de hasta $500 a empleados y retirados del sector privado, y asignar $50 millones para subvencionar los proyectos de reconstrucción y revitalización de los municipios en la región suroeste de la isla.
La Junta opina que en vez de brindar ese apoyo incremental al segmento de la población que recibe salarios o ya recibió alguna ayuda económica sustancial mediante paquetes federales o locales de emergencia, la Junta sugiere que el gobierno enfoque ahora su atención en quienes más necesitan la ayuda, incluyendo a las personas sin hogar; las familias de bajos ingresos, quienes carecen de suficiente alimento; los adultos y niños con discapacidades, al igual que los que carecen de servicio de internet, transporte y otros factores personales que impide el acceso a los programas existentes.
La Junta supo de la existencia de una propuesta de parte de la comunidad de ONG que podría servir de marco para la distribución de los fondos necesarios a esta población necesitada y pidió al Gobierno elaborar una propuesta específica y urgente a fin de distribuir la ayuda del Gobierno a través de estas entidades. La Junta dijo que está preparada para revisar dicha propuesta de inmediato.
Además, Carrión y Jaresko hablaron con la Gobernadora sobre la necesidad de “un plan de redesarrollo integrado y abarcador para la reconstrucción económica a largo plazo de la región suroeste, centrado en una reconstrucción cuyo resultado sería mayor resiliencia. Esto tomaría en cuenta la economía post COVID-19, la emigración, los posibles riesgos permanentes a las poblaciones que han sido víctimas de los terremotos y la erosión, tras el huracán María, entre muchas otras desavenencias.
La Junta aprobó $9 millones para la demolición urgente y el recogido de escombros en la región suroeste tras los terremotos recientes, lo que representa un prerrequisito para la reconstrucción. Asimismo, exhortó al Gobierno a expandir la propuesta de recogido de escombros y demoliciones con el fin de que incluya otros municipios afectados, como Ponce y Yauco.
La Junta dijo estar preparada para reunirse con los alcaldes; la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3); y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para delinear el camino a seguir.
