Manuel Cidre, secretario de Desarrollo Económico y Comercio.
Por redacción de Sin Comillas
Se han revocado 311 decretos de la Ley 22 (Individuo Residente Inversionista) por no haber radiado los informes anuales y enviado 264 notificaciones de multas administrativas de $10,000 a beneficiarios de la Ley 20 (Exportación de Servicios), por incumplimiento con la radicación de Informes Anuales, informó Manuel Cidre, secretario de Desarrollo Socioeconómico y Comercio (DDEC).
“Desde hace un año y medio establecimos como prioridad la fiscalización de los incentivos contributivos y hemos logrado aumentar significativamente los esfuerzos de fiscalización de decretos añadiendo personal adicional e implementado el uso de nuevas tecnologías, y los resultados se están viendo. Del 2021, hasta el día de hoy, se han revocado 311 decretos de la Ley 22, cuando del 2012 al 2020, solo se revocaron 29. Asimismo, se han enviado 264 notificaciones de multas administrativas de $10,000 a beneficiarios de la Ley 20. Seguiremos ampliando la lupa, porque el cumplimiento con estos incentivos nos garantiza el mejor uso de fondos públicos”, comentó Cidre.
El DDEC continúa trabajando con el Reporte Anual que exige Ley 60, para medir el retorno de inversión de todos los incentivos, basándose en lo que sus recipientes tributan y aportan al fisco. El último reporte se publicó en diciembre y actualmente el equipo de inteligencia de negocio trabaja para publicar el de este año para el mes de septiembre.
Por su parte, el director de la Oficina de Incentivo del DDEC, Carlos Fontán, expresó que para la agencia “la fiscalización de los concesionarios bajo las distintas leyes de incentivos es fundamental. Estamos tomando el tema de la fiscalización muy en serio. Reiteramos que el cumplimiento con los términos y condiciones de los decretos es indispensable para mantener la efectividad de estos. Acorde con ello, aquellas entidades o individuos que incumplan con sus responsabilidades bajo las leyes de incentivos aplicables, se expondrán a las penalidades en ellas establecidas, incluyendo la revocación retroactiva o nulidad del decreto, con todas las consecuencias contributivas y legales que ello conlleva”.
