El Tribunal Supremo de los Estados Unidos notificó ayer lunes que denegó la solicitud del Gobierno de Puerto Rico para dejar de pagar los costos reclamados por las plantas elaboradoras de leche, que no se han tomado en cuenta en la imposición de precios desde 2003.
De esta forma, el Tribunal acepta la recomendación del Procurador General de los Estados Unidos, que en abril pasado abogó por denegar de la solicitud, reconociendo que las pérdidas ocasionadas por la reglamentación de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), deben recuperarse para que las plantas puedan contar con capital operacional adecuado.
La decisión es cónsona con la posición de las plantas elaboradoras ante el Tribunal Supremo y con la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito que confirmó el interdicto emitido por el juez federal Dominguez.
Esta determinación debe allanar el camino para que se implante finalmente la decisión de la corte de distrito que significa un aumento de 7 centavos en el precio de la leche, y que el Gobierno se ha negado a poner en vigor. El pleito lleva varios años en los tribunales.
